MARTES, 26 DE NOV

¿En qué consiste el pedido de juicio político?

Qué dice la Constitución Nacional, quién lo impulsa, a quiénes alcanza la medida y qué alcance tiene la resolución.

 

La Coalición Cívica de la diputada Elisa Carrió formalizó el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, por mal desempeño y eventuales delitos en sus funciones, tal como había anticipado la líder de la Coalición Cívica en los últimos días. Pero, ¿en qué consiste un juicio político?

En la acusación que la diputada Elisa Carrió presentó este martes en la Cámara de Diputados contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, lo acusa de «mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones». Además lo acusa de «proteger» a la ex presidenta Cristina Kirchner.

El pedido de juicio político contra el funcionario se se basa en los dichos del ministro sobre si Cristina Kirchner debería ir presa.

Garavano sostuvo que «hay un uso errático y excesivo de la prisión preventiva» y que «nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un expresidente» y además debiera aplicarse en los casos establecidos para tal fin, a saber: cuando existe peligro de fuga o cuando por sus funciones el imputado o procesado cuente con la posibilidad concreta de entorpecer la investigación.

La tensión en Cambiemos aumenta. Días atrás Carrió aseguró que «perdió la confianza en el Presidente en la lucha contra la corrupción».

En este marco de tensión dentro del espacio Cambiemos y de este carnaval de causas judiciales que se está montando en el país, ahora le tocó el turno al ministro de Justicia de la Nación.

El juicio político (también llamado acusación constitucional o acusación en juicio político) es un proceso de orden constitucional, cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades, tales como jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, magistrados de los tribunales superiores de justicia, generales o almirantes de las Fuerzas Armadas, que se realiza ante el Congreso.

La condena o declaración de culpabilidad del acusado puede ocasionar su destitución e incluso su inhabilitación para funciones similares, autorizar que sea juzgado por los tribunales ordinarios de justicia, o tener efectos meramente políticos. En cualquier caso, la sanción o sus efectos depende de la constitución del país.

La Constitución Argentina establece en su artículo 53 la potestad a la cámara de diputados de acusar ante el senado «…al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes…». En el caso de que el senado decida por la mayoría de dos tercios de votos sobre todos los cargos, o sobre alguno de ellos, se declarará al acusado incurso en la destitución de su empleo, conforme al artículo 60 de la Constitución.

La Constitución Nacional establece:

Artículo 53

Sólo ella (la Cámara de Diputados) ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.

Artículo 59

Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.

Artículo 60

Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.

Los detalles del pedido de juicio político al Ministro Germán Garavano:

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