Exhuman una fosa del franquismo por pedido de la justicia Argentina

Un grupo de arqueólogos empezó este martes, por pedido de la justicia argentina, los trabajos de exhumación de una fosa común en el centro de España, en la que habría una veintena de personas fusiladas por la dictadura franquista tras la Guerra Civil (1936-1939).

«Empezamos a las 9, estamos haciendo los trabajos previos, quitando tierra y ver si damos con la fosa», explicó Marco González, coordinador del equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que lleva a cabo los trabajos en el cementerio de Guadalajara (Castilla-La Mancha, centro).

«Tiene el aliciente de que es la justicia argentina que la ha pedido», añadió González, en referencia a la investigación que la jueza federal argentina María Servini de Cubría lleva a cabo en su país desde 2010 sobre crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista (1939-1975).

La magistrada solicitó la apertura de esta fosa hace dos años, tras tomar declaración en Buenos Aires a Ascensión Mendieta, de 90 años, cuyo padre, Timoteo Mendieta, es supuestamente una de las 22 personas enterradas en la fosa.

La jueza Servini pidió esta exhumación con el fin de poder conseguir una muestra de ADN y compararla con su hija.

Timoteo Mendieta, carnicero de profesión, fue fusilado a finales de 1939 tras un juicio sumarísimo en el que se aseguró que había combatido en el bando republicano y que fue presidente del sindicato socialista UGT desde 1937 en el pueblo de Sacedón, según la documentación de la ARMH.

Junto a él fueron fusiladas otras diez personas y posteriormente, se ejecutó a once más, que también estarían en esta supuesta fosa, sobre la que la familia Mendieta erigió en los años 1980 un panteón.

Los trabajos han tardado dos años en empezar por diversos trámites en el ayuntamiento y en los juzgados de Guadalajara y durarán entre «diez y quince días si todo sale bien», dice González, cuya asociación ha exhumado más de 150 fosas desde el año 2000 habiendo identificados restos de más de 1.400 víctimas de la dictadura franquista.

Las asociaciones de víctimas, que denunciaron la desaparición forzada de 114.000 personas y el robo de decenas de miles de bebés, acudieron a los tribunales argentinos por las dificultades para llevar el caso ante la justicia española en razón de una ley de amnistía de 1977.

Esta ley, en un esfuerzo por allanar el camino hacia la democracia, amnistió «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado» anteriores a ese año.