Fuerte rechazo al intento de desalojo de barrio La Cariñosa

Representantes de la Concejalía Popular y diputados provinciales rechazaron este jueves el intento de desalojo de 150 familias que viven en el barrio La Cariñosa, ubicado en la zona de Avellaneda y Circunvalación.

La medida judicial es impulsada para desalojar a vecinos que se encuentran viviendo hace más de cuarenta años en el lugar, un hecho que encendió las alarmas de distintos sectores que buscan impedir que se expulse a unas 150 familias de La Cariñosa.

La Concejalía Popular defiende judicialmente a los vecinos desde el año 2005. Nire Roldán, presidente de la organización, contó este jueves que el desalojo fue tramitado en silencio por la jueza, con la que habían tenido la última audiencia a mediados de 2019.

«Ahora el día 2 de noviembre tendremos una audiencia en la que se convoca a las partes con la idea concreta de establecer el mecanismo de desalojo. Realmente es sumamente preocupante», señaló Roldán ante Conclusión. 

En total, en La Cariñosa viven unas 500 familias, que se enteraron sorpresivamente ayer de la situación jurídica. «Es sumamente preocupante lo que está pasando. Esto no es una toma ni una ocupación.», afirmó el presidente de la Concejalía Popular.

Historia y contexto

Al momento de repasar los antecedentes de la situación y el proceso, Roldán destacó: «En los procesos judiciales siempre tratamos de demostrar que el Organismo Nacional de Bienes del Estado, cuando vende este inmueble o lo transforma en un inmueble privado en el año 2002, lo primero que debería haber hecho es convocar a todos los vecinos, que eran los primeros compradores según la misma ley de la década del 90. Esto no sucedió así y terminó apropiándose un particular; un privado».

«Lo primero que intentaron los abogados es intentar el desalojo de los vecinos que a todas luces ya vivían allí hace muchísimos años. Hay fotos en el expediente que muestran que no existía la doble traza de Av. Avellaneda ni la bajada de Circunvalación y ya estaban en el lugar cientos y cientos de vecinos viviendo en el lugar. Hoy viven ahí más de 500 familias», agregó.

Ante este escenario, desde la Concejalía Popular hicieron el llamado a legisladores locales, provinciales y nacionales para que expresen su rechazo al intento de desalojo. Al mismo tiempo, pidieron que representantes de los distintos Ejecutivos intercedan para preservar el derecho a la vivienda digna.

El diputado provincial del bloque del FSP-Ciudad Futura, Carlos del Frade, anticipó que desde su bancada harán un proyecto de comunicación «que vamos a estar presentando el día lunes pidiéndole al Gobierno de la provincia que interceda a través de todas las herramientas que tenga disponibles para que efectivamente se frene el desalojo, porque acá está en colisión un derecho humano básico como es el acceso a una vivienda digna».

Según expresó ante Conclusión, no se pueden narrar los hechos solo nombrando a las personas perjudicadas por el desalojo, que son los vecinos, sino que también es necesario exponer a quienes ganan al ejecutar estas acciones. 

«Del otro lado están los que explotan el negocio particular de la cuestión de tierras, hoy incentivados por un clima social en donde el derecho a la vivienda digna termina siendo vulnerado, por sobre todas las cosas, por el pedido de mano dura de aquellos que tenían la mano muy blanda para darle millones de dólares para que laven dinero algunos emprendimientos inmobiliarios», aseveró.

La actividad también contó con la presencia de representantes de diferentes sectores, entre los que se destacó la diputada provincial socialista, Lionella Cattalini.