Funcionarios y especialistas cuestionaron el proyecto de baja de la edad de imputabilidad en Diputados

Con la participación de distintos especialistas, la Cámara de Diputados continuó este miércoles con el abordaje de los proyectos de ley en torno a la creación de un nuevo régimen penal juvenil que como eje central plantea la baja de la edad de imputabilidad.

En el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, cuestionaron duramente la iniciativa del Poder Ejecutivo que recorta el piso de responsabilidad penal a los 13 años, y que establece una pena máxima de 20 años para adolescentes menores de 18 años.

La presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), le cedió en primer lugar la palabra a Martínez, quien empezó citando una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos instando al país a modificar la ley la ley 22.278 de 1980, aunque con una serie de recomendaciones que contradicen los principios de la propuesta del Gobierno.

La sentencia mencionada señalaba que “la privación de la libertad solo se utilice como último recurso o por el periodo de tiempo más breve y que no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal”

También exhorta a no bajar la edad de imputabilidad. “La sentencia de la Corte le dice que el Estado está incumpliendo y que reforme la ley pero conforme a los parámetros de instrumentos de Derechos Humanos”, subrayó.

Stella Maris Martínez

Martínez también criticó que la iniciativa del Gobierno “contemple cualquier delito, incluso el hurto de una manzana”.  “Con un poco de mala suerte lo podemos ver en una cárcel de adultos, a metros de asesinos seriales”, advirtió la defensora general.

«Lo más grave es que entrega a los niños de 13, 14 y 15 años a una sistema penal ineficaz y colapsado”, en condiciones de “deterioro y hacinamiento”, dijo y agregó: “Así está funcionando hoy el servicio penitenciario federal, que tiene 11.933 presos más 800 que están en dispositivos de gendarmería, además de los 2.000 de comisarías. Los policías cuidando presos no es su función. Esa misma policía no está en la calle patrullando para evitar que se cometan delitos”, cuestionó.

Para Martínez, las cárceles son una “escuela de delincuencia” porque lejos de cumplir “los objetivos originales”, impulsan a los internos “a delinquir”. “Vamos a entregar a los niños a un sistema que está impulsando a delinquir a los adultos, con lo cual con los niños vamos a lograr un resultado mucho más contundente porque son mas maleables y mas débiles. Es decir los vamos a mandar a la escuela de la delincuencia”, evaluó.

Según afirmó, el del oficialismo es un “proyecto confuso”, que “contiene una serie de elementos que van a llevar a la larga a la criminalización de la pobreza” y van a “generar nuevos delincuentes” y agregó: “Si se aprueba esto, lejos de asegurarle una mayor garantía de armonía social a las víctimas ponemos en serio peligro la paz social. Estamos alimentando la escuelita de delincuentes”, concluyó.

Por su parte, Graham sostuvo que “ni el proyecto del Poder Ejecutivo ni otros proyectos que también bajan la edad de punibilidad, que también son meramente punitivistas, no reconocen el derecho de protección especial de niños por el hecho de ser vulnerables”, y lo consideró  “poco inteligente” dado que “la violencia no se combate con mas violencia”.

Marisa Graham

“Los índices de criminalidad no bajan reduciendo la edad de imputabilidad y aumentando las penas a los más chiquitos cortando la cadena por el eslabón más débil sino que bajan evitando la reincidencia y la reiterancia”, explicó, en sintonía con la posición de Martínez al señalar que “en ámbitos donde están aprisionando adultos nadie puede salir mejor”.

“Se hace una sociedad más justa y pacífica combatiendo al narcotráfico que a la que capta a nuestros niños, investigando quien como donde se lava el dinero del delito organizado, del narcotráfico y la trata de personas”, aseveró, para luego agregar que los menores de edad “son más víctimas que victimarios” y le puso cifras a su afirmación: “un 70% viviendo bajo la línea de pobreza, un 30% bajo la línea de indigencia”.

Para respaldar su idea de que no es necesaria endurecer las penas hacia menores ni bajar la edad de punibilidad, la defensora del Niño remarcó que “el delito en el total país viene bajando sistemáticamente desde el 2015”, ya que «la edad de punibilidad es inversamente proporcional al índice de homicidios por cada 100 mil habitantes en nuestra región”, sostuvo al mostrar un gráfico comparativo de los distintos países de Latinoamérica.

Al respecto, Graham reveló que «los países con menor tasa de homicidios son Bolivia, Cuba y Argentina». “No hay que acercar a los niños al sistema penal porque no repara, no responsabiliza ni resuelve la violencia social”, remató.

También expusieron sobre la temática la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amalia López, el diputado nacional de la UCR y neurocientífico Facundo Manes, el psiquiatra forense Ezequiel Mercurio, la socióloga y docente en la cátedra de Derechos Humanos de la UBA Ana Laura López, el activista por los derechos de la Niñez Kurt Ottosen, la jueza de Garantías María José Lescano, y la directora de la Fundación Sur, Laura Musa.