Grecia no saldrá de la crisis aunque haya acuerdo en la Eurozona

Por Angel Jozami

La aprobación que el Parlamento griego dio anoche al plan de ajuste exigido por los acreedores no garantiza que éstos den su bendición a esta propuesta y, aunque así ocurriese, su puesta en marcha podría profundizar la recesión y no dar una solución inmediata al acuciante problema del “corralito”.

A estas horas, los ministros de Finanzas de la Eurozona debaten la propuesta remitida por Grecia esta mañana y que no es otra que la última presentada por los acreedores pocos días antes del referéndum del 5 de julio.

A pesar del rotundo “no” con el que los griegos respaldaron a Tsipras y su gobierno, el primer ministro admitió anoche en el Parlamento que el programa que éste votó esta madrugada a su petición es un ajuste, que se aleja de su compromiso con el electorado.

Tsipras se ha valido de esa masiva votación en su favor para pergeñar un acuerdo con todos los partidos griegos que han votado este plan anoche, aislando así al ala izquierda de su partido Syriza que se opuso a aceptar un nuevo plan de rescate europeo a cambio de mayor austeridad.

De esta manera, el primer ministro ha logrado alejar momentáneamente la posibilidad de una crisis de gobierno que llevara a una caída del Ejecutivo y a la convocatoria de nuevas legislativas en medio de la negociación con Bruselas.

Pero, bien mirado, esto dista de asegurarle alguna estabilidad: la reunión del Eurogrupo (ministros de Finanzas de la Eurozona) que se desarrolla hoy en Bruselas se muestra profundamente dividida sobre el nuevo pedido de rescate griego por 53.500 millones de euros.

Un paquete que se elevaría a más de 80.000 millones en el caso de que se atiendan las perentorias necesidades de recapitalización de los bancos griegos, cerrados desde hace dos semanas por falta de liquidez después de las continuadas fugas de capitales de los últimos meses.

El inflexible ortodoxo germano Wolfgan Schauble, superministro de la canciller Angela Merkel, dijo a su arribo a la capital europea que “vamos a tener negociaciones extraordinariamente difíciles”, mientras su homólogo francés, Michel Sapin, consideraba la propuesta griega como una “buena base” para alcanzar un rápido acuerdo.

Grecia ha introducido, con toda claridad, una seria división en el eje franco-alemán alrededor del cual gira no sólo la Eurozona sino la Unión Europea (UE), esto es, el proceso de unidad continental desde sus inicios hace 60 años.

Tanto Alemania como Austria, secundadas por Holanda, Bélgica, Luxemburgo y los países nórdicos integrantes o no de la moneda única, consideran que Grecia no está en condicionales de cumplir con los objetivos planteados en el rescate solicitado.

En ese sentido, se inclinan por instaurar una suerte de “protectorado económico” sobre el país balcánico, supervisando día a día sus cuentas fiscales, exigiendo la aprobación rápida e inmediata de leyes, en una palabra, multiplicando aún más la odiosa tarea de la desaparecida “troika” del FMI, UE y Banco Central Europeo (BCE) sobre la apaleada Grecia.

Para Tsipras, quien espera recibir un guiño de sus socios-acreedores sobre una reestructuración de los plazos de pago de su deuda de 320.000 millones de euros, un planteamiento de este tipo sería imposible de sostener frente a los millones de griegos que rechazarían, incluso de manera violenta, un curso de mayor recorte de sus derechos y de su soberanía nacional.

Incluso en el caso de que Grecia aceptara más condicionamientos de parte del Eurogrupo y de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se reunirá mañana para decidir si hay o no acuerdo, los bancos griegos seguirán sin abrir sus puertas una semana más.

Ahora bien. Los principales puntos del rescate aprobado anoche por el Parlamento griego chocan de frente con el pronunciamiento del referéndum del pasado domingo.

Según ese texto, Atenas acepta la exigencia de subir la alícuota general del IVA al 23% y otra reducida del 13% para alimentos, energía, hoteles y agua y una menor, del 6% para medicamentos, libros y teatros, además de dar luz verde para incrementar también ese impuesto en las islas, las cuales tienen una ventaja por la distancia a la que se encuentran de la península.

Esta medida fiscal de gran calado, que entrará en vigor a partir de octubre, podría ser complementada por el aumento de otros impuestos en el caso de que el Gobierno no logre los objetivos presupuestarios que se propone para hacer frente a los pagos de la deuda externa.

De esa manera, Tsipras contempla elevar el impuesto a las rentas de los alquileres, así como el impuesto de sociedades, elevando la alícuota del primero de 11% a 15% y el segundo del 26% al 28% ó 29%, según el plan cuyos detalles técnicos y de aplicación se discuten con los acreedores.

Esta nueva vuelta de rosca de la austeridad afectará también a los jubilados y pensionados, tal como lo pedían los socios-acreedores y fue rechazado en el referéndum a solicitud del propio Tsipras, quien ahora da un giro de 180 grados y se alínea con los países de la Eurozona en sus exigencias.

De tal forma, Grecia «reconoce que el sistema de pensiones es insostenible y necesita reformas fundamentales», elevando así la edad de jubilación a los 67 años, aunque quienes tengan 40 años de aporte podrán jubilarse a los 62 años, en un esquema que terminará de implementarse en el año 2022.

Pero las modificaciones en este sensible sector no quedan aquí ya que el Gobierno también ha aceptado congelar las pensiones contributivas hasta 2021 y, además, incrementar los aportes de los jubilados al sector sanitario del 4% actual a un 6%.

Atenas ha dicho que sí también a la liquidación, aunque de manera progresiva a partir de marzo de 2016, de la subvención estatal que cobran los pensionados con remuneraciones muy bajas.

Otra cuestión ríspida y que supone un complejo problema político para el gobierno es el recorte del gasto militar, el cual viene bajando desde el comienzo de la crisis en 2010 y preocupa a las fuerzas armadas, siempre listas para una hipótesis de conflicto con Turquía.

Ahora, el primer ministro ha aceptado imponer un recorte de 100 millones de euros en 2016 y otros 200 millones en 2017, sin precisar que hará al año siguiente, frente al pedido de Europa de reducir en 400 millones el abultado 2,4% de su PIB que Grecia destina a su aparato militar de defensa.

Un aspecto novedoso del acuerdo es la subordinación de la evolución de los salarios del sector público a la marcha del PIB de aquí a 2019, es decir, un plan de austeridad a rajatabla sobre los sueldos de los empleados estatales a la vista de las grandes dificultades a esto se agrega, un esquema de movilidad laboral de los agentes públicos, junto con un proyecto de reforma del mercado de trabajo cuyo contenido aún no ha sido definido.

Finalmente, el gobierno ha terminado aceptando aplicar todos los planes de privatización de puertos y aeropuertos exigidos por los acreedores, con la única excepción de la compañía de electricidad que sería dividida en una parte que continuaría siendo estatal y otra parte que sería privatizada.