Impugnan la consulta de Lifschitz y hay dudas en torno a la reforma constitucional
Se trata de la consulta popular en relación a la reforma constitucional, convocada por decreto por el gobernador en conjunto con las elecciones generales de junio. El apoderado de un partido hizo una presentación ante el Tribunal Electoral, que deberá expedirse “a la brevedad”.
Una nueva novela política parece tramarse de cara a los comicios de este año en Santa Fe e implica a la cumbre del poder provincial.
Se trata de la consulta popular en relación a la reforma constitucional, convocada por el gobernador Miguel Lifschitz en conjunto con las elecciones generales, que se llevarán a cabo en junio y recibieron una impugnación ante el Tribunal Electoral Provincial (TEP), que ahora deberá expedirse al respecto.
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Patrocinado por Domingo Rondina, reconocido constitucionalista santafesino, Néstor Deschi, apoderado del partido País, impugnó la consulta popular convocada por el Poder Ejecutivo provincial a través del decreto 4208/2018, para que el electorado expresase su voluntad a favor o en contra de la reforma de la Constitución de Santa Fe, según informó el diario capitalino El Litoral.
Esta presentación se da después de que María Angélica Gastaldi, presidenta de la Corte Suprema de Justicia santafesina y por ende titular del TEP, deslizara dudas en un encuentro con los apoderados de todos los partidos respecto a la legalidad de la consulta, que fue firmada por el gobernador y todos su ministros y, de realizarse, no será vinculante.
Esto se suma a otros cuestionamientos, como el que había manifestado públicamente el también abogado constitucionalista y ex concejal Diego Giuliano, quien había expresado que se trataba de una consulta “vacía” por no explicitar sobre qué proyecto de reforma se consultaba al electorado.
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Según publicó la periodista Ivana Fux, la presentación de Deschi advierte que “si una ley hubiera organizado el mecanismo de consultas, autorizado al gobernador a convocarla por sí solo (situación excepcional en la normativa comparada), y habilitado al TEP para su organización, otra sería la situación. Pero actualmente es totalmente írrito e inconstitucional que se siga adelante con un proceso que significa como mínimo 600 millones de pesos”.
En otro tramo, el escrito alerta que “si se admite que el gobernador puede movilizar cuerpos electorales cada vez que quiera (por decreto), podríamos tener elecciones todos los meses; podríamos tener gobernadores que presionen a la Legislatura desconociendo la facultad que tiene los legisladores como tales para actuar. Eso es contrario al espíritu de la Constitución. No se puede convocar a elecciones sin acuerdo legislativo”.
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Por último, la impugnación pone la lupa sobre la distribución de la pauta publicitaria en caso de que se realizase la consulta.
“Deberá preverse pauta publicitaria al margen de la prevista para las elecciones de candidatos. Caso contrario, aquellos partidos que definan su oposición a la reforma no tendrán pauta para expresar su posición, mientras que el gobierno tendrá toda su maquinaria publicitaria para imponer su postura”, advirtieron.
El Tribunal Electoral Provincial deberá expedirse en un lapso no muy prolongado, teniendo en cuenta lo apretado del calendario electoral. El 22 de febrero cierran listas, el 28 de abril son las Primarias Abiertas, y las generales, junto a las que se debería votar la consulta por la reforma constitucional, tendrán lugar el 16 de junio de este año.