Impulsan una ley contra la violencia en el fútbol que alcanza a dirigentes, barras y trapitos

El Gobierno envió al Senado un proyecto de ley que propone un nuevo régimen penal para la «prevención y represión de delitos» en los partidos de fútbol, que impone penas de prisión para quienes integren una barrabrava, ofrezcan «servicios de cuidacoche» o ingresen armas y pirotecnia a los estadios.

El próximo martes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará ante un plenario de comisiones del Senado el proyecto que establece nuevas penas para delitos «vinculados a la realización de un espectáculo futbolístico» y cometidos «antes, durante o después».

La iniciativa, dispone en primer lugar que se incrementen «en un tercio las penas mínimas y máximas» para algunos de algunos delitos ya contemplados en el Código Penal como el homicidio, las lesiones y amenazas, cuando estén vinculados al fútbol.

El proyecto refiere a las barras bravas cuando establece una pena de prisión «de dos a ocho años» para quien integre «una asociación o grupo de tres o más personas que esté destinado a cometer con habitualidad cualquiera de los delitos previstos» en la nueva ley.

Y es que además de los que figuran en el Código Penal, el proyecto crea nuevas figuras delictivas como, por ejemplo, ofrecer «servicio de cuidacoches» en las inmediaciones de un estadio cuando se juega un partido, lo que tendrá una pena de prisión «de uno a seis meses».

También fija una pena de «seis meses a dos años de prisión» para quien tenga en su poder, introduzca, guarde o porte «objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables, asfixiantes o tóxicos».

La pena será «de dos a seis años de prisión» cuando se trate de «armas de guerra o artefactos explosivos» y la misma condena pesará sobre «los protagonistas (jugadores, miembros del cuerpo técnico) u organizadores (miembros de comisiones directivas, empleados, personal policial) que consintieren guardar en el estadio» esos elementos.

La reventa de entradas «sin autorización, por cualquier medio y en cualquier sitio» será penada «un mes a un año de prisión» y se elevará al doble cuando se realice en las inmediaciones del estadio.

En este sentido, el proyecto señala que también habrá penas de «uno a tres años» a quien provea de entradas sin pagar el precio correspondiente a personas que integren una barrabrava.

También se penará con «dos a seis años de prisión» la venta de entradas falsas y «de dos a ocho años» si se trata de alguien que integra una barrabrava.

El Gobierno intentará también avanzar sobre los posibles vínculos entre dirigentes de clubes de fútbol y barrabravas, al establecer multas para las entidades futbolísticas cuyo «director, administrador, dirigente, miembro de comisiones directivas o subcomisiones» cometa alguno de los delitos previstos.

El derecho de admisión y la creación de registros de personas sobre las que pesen sanciones similares, ya sean aplicadas por los clubes o por la Justicia, tiene también un artículo propio en la iniciativa que se encuentra en el Senado.`