MARTES, 26 DE NOV

Industriales llevaron a Diputados proyectos que afectan a los trabajadores

Los empresarios presentaron doce iniciativas que "apuntan a mejorar la competitividad" y fueron expresadas a los legisladores este martes en la reunión de la Comisión de Industria.

Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

La comisión de Industria funcionó este martes con una nutrida presencia de pymes industriales de todo el país que presentaron en la cámara de Diputados doce proyectos de ley que tienen como objeto «mejorar la competitividad» del sector.

Los empresarios pymes promovieron crear un “Sistema de Seguro de Desempleo y Retiro”, derogar sanciones para los empleadores por demoras en la entrega de los certificados de trabajo, y modificar la Ley 20.744, que estipula el aumento del 50% del valor indemnizatorio para el empleador toda vez que el trabajador realice acciones legales.

Entre las iniciativas se impulsa la puesta vigencia de la Ley de ART –sancionada en el Congreso el año pasado-, un campaña para promover la compra de productos nacionales, dar nacimiento a un Régimen de Estimulo y Protección de la Industria Editorial Argentina y el fortalecimiento de los dispositivos de protección comercial y de promoción de exportaciones.

En el mismo sentido, solicitaron que se limite el pago de adelanto del impuesto a las Ganancias, la suspensión por un año los embargos y ejecuciones por deudas fiscales y tributarias, instrumentar una moratoria extendida para empresas industriales hasta 80 trabajadores y recuperar el calendario anual de días laborables.

Desde el sector pyme aclararon a los diputados que estos puntos no constituyen una “propuesta política”, sostuvieron “no vamos contra nadie sino a favor de todos los industriales del país”.

Desde las más de 500 pymes que participaron de la confección del documento, expresaron que la idea era “impulsar propuestas para que todos los sectores sean responsables de la solución de los problemas de las fábricas, no sólo el Gobierno”.

Conclusión dialogó con el parlamentario bonaerense Felipe Sola, quien refirió que los empresarios llegaron a Diputados con «muchísimos reclamos e incluso dicen que no son escuchados», a la vez que señaló que fue la intención de los legisladores que constituyen la comisión «convocar a los industriales en forma personal para hablar con ellos y resultó bastante positivo oir las inquietudes de la situación de sectores productivos como la madera, textil, acero, metalúrgica y otras».

Según Solá, está muy presente entre los empresarios «la industria del juicio y los costos fijos, que se focaliza en impuestos y costos laborales, pero  como tema preocupante el valor de la energía».

En el mismo sentido, el diputado bonaerense precisó que «para los industriales la denominada industria del juicio resulta una limitante muy fuerte para ellos».

Otro dato relevante y que generó en la exposición de los empresarios un clima de irritabilidad refiere a que «desde julio no se tiene desde el parlamento y tampoco por parte de los sectores productivos información sobre las importaciones que llegan al país, desde el área que administra el comercio exterior no se informa cual fue la evolución de esta actividad», dijo Felipe Sola.

Por su lado, el Ingeniero Fernando Andretta, que representó a la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética dijo a este medio que «hay preocupación por el nuevo decreto que firmó Mauricio Macri que permite la importación de bienes de capital importados usados y de cualquier procedencia -en una industria de riesgo como lo es la petrolera- y por otra parte se desconoce que hay un entramado de empresas pymes del sector, con más de cien años de historia, se ve amenazada con las políticas aperturistas desmedida».

Andretta manifestó a Conclusión que no «existe ningún control, porque se habilita la importación de estos productos usados a cualquier actor de la producción petrolera, sea el usuario o intermediario».

El representante de Capipe puntualizó que estas medidas «afectan a 50 empresas y otras tantas que están instaladas en Neuquén y Comodoro Rivadavia con un total de 450 firmas, cuyo promedio emplea a 60 trabajadores cada una, con una facturación anual que llega a los 900 millones de dólares».

El ingeniero Fernando Andretta afirmó que se sienten «amenazados porque todo el potencial de nuestras empresas que también exportan ya están afectadas no solo en esa actividad sino que complica la subsistencia en el país», concluyó.

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