Juristas y senadores buscan mejorar ley que combate corrupción empresaria

Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

El fiscal general de la Cámara del Crimen. Ricardo Sáenz, dio su opinión este miércoles ante la Comisión de Justicia del Senado de la Nación sobre el proyecto de responsabilidad penal empresaria, y puntualizó “que “parece una norma administrativa que tiene alguna incidencia en una causa penal”, respecto del artículo 37 que fue desestimado por la Cámara baja.

El contenido del controvertido artículo proponía la posibilidad de alcanzar un acuerdo administrativo por hechos anteriores a la sanción de la ley, con la intervención de la Procuración del Tesoro y luego la Sigen.

Fiscal general de la Cámara del Crimen Ricardo Sáenz

En relación al tema, el funcionario dijo que “parece una norma administrativa que tiene alguna incidencia en una causa penal”, y advirtió que “es muy discutible el acuerdo administrativo, pero pienso que de alguna manera tenemos que ver la posibilidad de que esas empresas puedan aportar esa información”.

Seguidamente, estableció algunas comparaciones con Brasil y expuso que la Justicia brasileña cuenta con algunos elementos como la delación premiada, y precisó que “nuestro régimen es más rígido”.

También consideró que “de alguna manera habría que zanjar esta cuestión, pero no sé si el artículo 37 era el más apropiado”.

Tras la reunión de comisión en el Senado el jurista planteó que “el artículo 37 es un intento de del poder Ejecutivo y de la fuerza parlamentaria que representa esta voluntad, de tratar de alguna forma poder utilizar una prueba que pueda aportar hechos anteriores a la ley”.

“Pero la parte que propone un acuerdo administrativo es materia de debate, aunque el proyecto tiene una media sanción con el artículo 37 suprimido”.

Preguntado por este medio si advertía una falta de sintonía entre el deseo del legislador y la normativa vigente, Sáenz contestó que “se constatan una serie de problemas con la redacción porque se agregó la imprescriptibilidad de los delitos llamados de corrupción y la elevación de la pena de esos delitos, a cuatro años para que no se pueda aplicar la excarcelación, hecho que generó una técnica legislativa que es complicada”.

Creo que la imprescriptibilidad de los delitos no es lo más indicado porque en realidad estamos equiparando a los delitos contra la administración pública a los delitos de lesa humanidad”.

Es decir, valorativamente es un tema en el que el Senado tomara cuenta, porque emergió de la conversación y corremos el riesgo de que si los proceso duran mucho tiempo, al no prescribir duren mucho más, con lo cual es un riesgo.

Preguntado sobre qué sucederá con la inclusión de la pymes, el jefe de los fiscales sostuvo que “se instaló el tema, ya que una senadora hizo referencia también que hay pymes que poseen una facturación importante, y han quedado excluidas globalmente a la ley 25.300 que es la de fomento de la pequeña y mediana empresa, las excluya y que merece seguir siendo debatido el tema”.

Consultado acerca de porqué Argentina está en mora desde el año 2000, el doctor Sáenz contestó que “la adhesión al convenio internacional data de 1997, se aprobó por ley interna en el año 2000, pero todo este sistema requiere tener un régimen de responsabilidad penal empresarial, porque somos el único país de los cuarenta y tantos que adhirieron y no lo tiene, con lo cual es claro de alguna manera será obligado debatir”.

“Según pude observar se está tratando con el artículo 37 de rescatar información de alguna forma, pero la mayoría que votó la ley contempló excluirlo, y está claro que es un elemento muy discutible, pero sí reconozco la voluntad que tiene el gobierno y sus representantes en el Congreso de tratar de rescatar la información”, precisó el fiscal general de la Cámara del Crimen.

En relación al trabajo que se llevó adelante para modificar el Código Penal en más de 900 reformas y que existe el deseo de llevar adelante una modificación integral, sobre qué relación guarda con esta ley, Sáenz señaló que “se puede decir que son cuestiones distintas, el ordenamiento del Código Penal es imprescindible por tantos parches que ha tenido.

Por último, Ricardo Sáenz dijo que entendía “que el apuro por sancionar esta ley, tiene que ver con los hechos que vimos en los últimos tiempos, que claramente son hechos de corrupción vinculados con empresas extranjeras”, concluyó.

Federico Pinedo

Senador Federico Pinedo

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, consideró la ley de responsabilidad penal empresaria, se trata de una ley “anticorrupción y lo que se busca es que del mismo modo que hay personas que han cometido delitos, también existen empresas involucradas en ilícitos”.

Y añadió: “También es necesario que estas empresas tengan las penas correspondientes por el daño que le han infligido a la sociedad”.

Pinedo refirió que “por este motivo, se ha empezado a tratar en el Senado, y se trabajará en la búsqueda de acuerdos que serán importantes y que llevarán adelante todos los bloques para reenviarla a Diputados”.

Según el congresista, será necesario reenviar el proyecto a la Cámara baja “con revisiones porque se han constatado algunos errores en la versión que se recibió desde la Cámara baja”, finalizó.