La Asociación de Fiscales de Santa Fe repudia el «avasallamiento de la autonomía del MPA»

 

La serie de irregularidades institucionales que viene protagonizando el Poder Legislativo santafesino con permanentes intentos de injerencia en el Ministerio Público de la Acusación, y que tiene su caso más evidente en la apertura de un proceso disciplinario contra Director del Organimo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, por parte de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura Provincial, una atribución que no le corresponde, ha generado una fuerte reacción de la Asociación de Fiscales y Funcionaries del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, que emitió un duro comunicado cuestionando estos intentos de «avasallamiento». En el mismo aseguran «que las acciones que están teniendo lugar son ilegítimas, incorrectas y dañinas para el MPA y para la sanidad de esta institución«, independientemente de las polémicas en torno a la figura de Sain.

En el documento, que abre su exposición dejando en claro que el mismo no tiene relación con ningún tipo de apoyo o simpatía hacia el ex Ministro de Seguridad, hacen una recorrida por el espíritu de la ley Nº 13.013, que creó al Ministerio Público de la Acusación, que se centraba en la autonomía del organismo «respecto del Poder Ejecutivo, en virtud de que puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos de forma objetiva”; respecto del Poder Legislativo, evitando que “…las Fiscalías se encuentren subordinadas a los órganos parlamentarios; y del Poder Judicial, bajo la consigna que “la separación de las funciones de jueces respecto de las de fiscales se logra de la forma más efectiva a través de la separación institucional de las Fiscalías respecto del Poder judicial”.

En ese sentido, el texto señala que el espíritu de la ley, y el enorme trabajo mancomunado de distintos poderes para que pudiera concretarse, «contrasta de forma grotesca con la política asumida por la Legislatura de la Provincia a partir del año 2017. La nueva política, de la que el proceso que motiva la elaboración de este documento es un capítulo, asumió una lógica signada por el cinismo, moldeada en la más voraz realpolitik, y orientada hacia el aseguramiento de la impunidad de ciertos sectores de la sociedad de la Provincia».

«El inicio de esta gangrena institucional tuvo lugar cuando 18 senadores y el vice-gobernador firmaron una petición para que la Comisión de Acuerdos de la Legislatura abriese un proceso disciplinario contra los Fiscales del MPA que tenían a su cargo las investigaciones de denuncias contra Senadores y un ex Senador. Luego de darse cuenta que, conforme la Ley 13.013, la Comisión no tenía competencias para disciplinar a los Fiscales del MPA, se inició un proceso que, entre gallos y medianoche, culminó con la sanción exprés de una modificación a la ley orgánica del MPA, por medio de la cual la Legislatura se arrogó la potestad de investigar y juzgar disciplinariamente a las y los Fiscales del MPA», acusa duramente el comunicado.

Y agrega: «Desde entonces, para la mayoría de las y los Fiscales, cada caso, cotidianamente, esconde el peligro que se toque el interés de alguien con protección o vínculos con algún legislador o alguna legisladora».

El texto también da cuenta sobre la «voracidad» de ciertas iniciativas legislativas «orientadas a disciplinar al MPA» que «llegaron a su grado máximo de desparpajo e ilegalidad con la iniciativa de la cámara de Senadores de un proyecto de ley que otorgaba a la legislatura facultades para requerir los legajos de las investigaciones en curso del MPA. Por fortuna, a la Cámara de Diputados, en este caso, le pareció demasiado». 

Dando cuenta de los movimientos de la legislatura, el comunicado se refiere a la denominada «Ley Saín», y considera que conforma «el último capítulo de la estrategia sistemática de avasallamiento de la autonomía del Ministerio Público de la Acusación». «En este caso, al igual que con la Ley 13.695, esta legislatura, establece una modificación al régimen disciplinario de la Ley 13.013, para ser aplicable retroactivamente. Este es el mecanismo que en el curso de esta semana ha sido utilizado para requerir la apertura de un proceso disciplinario contra el Director del Organismo de Investigaciones y para solicitar su suspensión preventiva».

Este esquema de leyes tuvo la aquiescencia del ex gobernador Miguel Lifschitz, y de las autoridades del propio MPA, en el sentido que las mismas no han litigado contra estas leyes orgánicas. La Auditoría de Gestión ha optado por interpretaciones que han derivado en la remisión de múltiples casos a la Legislatura, que bien podrían haber sido ventilados ante el Tribunal Disciplinario.

Por su parte, en el caso del Director del O.I., la Fiscalía General ha intervenido, revocando la decisión de la Auditora General de Gestión de archivar el caso de las presentaciones que se habían efectuado respecto de este funcionario. Esta intervención, per se, es incorrecta. La Ley establece un modelo de Auditoría Autónoma y la intervención de la Fiscalía General como revisora de decisiones de mérito hechas por la Auditoría vulnera dicha autonomía.

Esta decisión sienta un precedente que expone a cualquier Fiscal cuyo caso, luego de evaluado por la Auditoría de Gestión, sea desestimado. Por otra parte, en dicho contexto, se designó un Auditor ad-hoc (Dr. Martínez), lo que también resulta incorrecto.

En nuestra opinión, todo ello, contribuye a avalar el comportamiento que la Legislatura provincial viene desplegando desde 2017, direccionado a mellar el poder y la autonomía del Ministerio Público, provocando el disciplinamiento de sus órganos.

Cuando afirmamos que de lo que se trata es de disciplinar a Fiscales nos fundamos en el dato empírico que, pese los enormes esfuerzos por hacerse del poder disciplinario contra los Fiscales, la Comisión de Acuerdos no ha hecho una sola investigación que merezca ser llamada de este modo. Cada uno de los procesos disciplinarios que han terminado con decisiones de la Legislatura han sido el fruto de la investigación del propio MPA. En los hechos, es el MPA la institución que ha demostrado que, con sus falencias, es capaz de investigar y acusar a sus propios miembros, cuando la Ley lo requiere.

En ese sentido, el comunicado remarca que contra esa forma de trabajo contrasta la de la Legislatura, haciendo notar que, la única vez que se pidió una medida cautelar con fundamentos y la producción de una investigación profunda, contra Patricio Serjal, por parte de la diputada Alicia Gutiérrez y el diputado Carlos Del Frade, las resoluciones de la Legislatura sólo impidieron y demoraron la apertura del caso y protegieron a Serjal.

Nuevamente, en ese caso, fueron los fiscales del MPA los que profundizaron la investigación e impulsaron su renuncia.
En la vereda de enfrente, ante la evidencia de participación de un integrante del Senado en una asociación ilícita, indicada por dos criminales confesos y sostenida por un sinnúmero de evidencia objetiva, la legislatura protege corporativamente al sospechoso.

Una vez más, nos vemos en la necesidad de rechazar la política legislativa orientada a poner bajo la Legislatura el control disciplinario de los integrantes del MPA. Una vez más, a manifestar que nos repugnan los métodos y los móviles con los que se llevan adelante dichas iniciativas. Y una vez más aspiramos a contar con una legislación que promueva el desarrollo de un Ministerio Público fuerte, autónomo, bien financiado, equipado, capacitado, transparente, inteligente y comprometido con la lucha contra la impunidad y con los derechos de los más débiles.

 

Sobre La Situación Institucional Del Ministerio Público de La Acusación de La Provincia de Santa Fe by Conclusión Diario Digital on Scribd