La Cámara de Diputados retomó el debate del juicio político a la Corte Suprema

Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires

 

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó en el mediodía de este martes el debate del pedido de destitución de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fiscal federal Carlos Stornelli estaba convocado previamente para declarar ante la comisión, pero finalmente avisó que no iba a asistir personalmente y solamente hizo una presentación por escrito. No obstante, este martes los diputados anunciaron que volverán a citar al funcionario judicial. 

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Stornelli había sido citado para que explique las razones por las que solicitó el cierre de la causa que se inició para investigar los chats filtrados entre el secretario del presidente del máximo tribunal, Silvio Robles, y el titular del Ministerio de Seguridad porteño -actualmente de licencia- Marcelo D’alessandro.

????⚖️ Comparto la explicación que le di al diputado López acerca de la obligación del fiscal Stornelli de comparecer como testigo ante la comisión de #JuicioPolítico de @DiputadosAR. pic.twitter.com/YriEZBg7Dx

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) March 7, 2023

Ante este faltazo, la comisión presidida Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), continuó este martes el análisis de las pruebas y testimonios contra el accionar de la Corte, como parte de las audiencias que lleva adelante ese cuerpo desde fines de enero, luego de que el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores impulsaran el juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Al dar inicio a la reunión, Gaillard avisó que la comisión de Juicio Político volverá a citar al fiscal y advirtió que “si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública”.

“Consideramos que Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial. Vamos a volver a citarlo nuevamente”, anunció la presidenta de la comisión de Juicio Político, al rechazar el planteo del fiscal para declarar por escrito.

Además de Stornelli, la comisión había convocado para esta audiencia a la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata, María Roteta, quien se excusó de asistir por cuestiones personales, pero pidió reprogramar su presencia.

En tanto, expusieron el ex senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) y ex titular de la Unidad Fiscal AMIA, Mario Cimadevilla; y los secretarios judiciales de la Corte, Sergio Nápoli y Gustavo Naveira.

Cimadevilla: “Los jueces no defienden el buen funcionamiento de la justicia”

El ex integrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, fue citado como testigo a la comisión por las acusaciones de la Coalición Cívica contra el magistrado de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. En ese ámbito, sostuvo que “los jueces han tenido y tienen una actitud gremial y no defienden el buen funcionamiento de la justicia sino sus privilegios”.

Además, el ex legislador radical denunció que “entre 2008 y 2009 había una preeminencia de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios” del Consejo de la Magistratura.

Cimadevilla afirmó que en ese período “se eliminaron todo tipo de control efectivos en el manejo presupuestario del Consejo”, el cual integró entre 2010 y 2014 cuando el titular de la corte seguía siendo Lorenzetti.

“En el Poder Judicial conviven dos administraciones, la de la Corte a través de la secretaría General de Administración limitaba los recursos, estructura y personal de ese tribunal; y la del Consejo de la Magistratura que era, no sé cómo será ahora, a través de la oficina de Administración y Financiera del Consejo que se encarga de los recursos materiales y humanos de tribunales inferiores, es decir, la Justicia Nacional de la capital federal y la Justicia Federal de todo el territorio del país”, explicó.

Según detalló Cimadevilla, en el reparto presupuestario “le correspondía el 0,57% a la Corte y el 2,93% al Consejo” aunque por decreto “se dispuso que las partidas no ejecutadas se asignaran directamente a la Corte de la Nación”, lo cual señaló que “habría sido el origen del fondo anticíclico”.

“En el año 2008-2009 se inicia un proceso de debilitamiento, a mi juicio, del control de la utilización de los recursos. Primero, a través de la centralización de las decisiones de tipo presupuestario en la Corte y, por otro lado, la anulación y la debilitación de los mecanismos de control interno y externo del Consejo”, subrayó.

En este marco, relató que durante su mandato como consejero de la magistratura hizo presentaciones judiciales para denunciar esta situación, las cuales “fueron receptadas por sectores políticos”, y destacó en particular a Elisa Carrió.

El testigo recordó que en esa etapa se habían transferido del Consejo a la Corte tres oficinas: la de mandamientos y notificaciones; la de subastas judiciales y la de archivo general”.

“Esto dicho así pareciera ser sólo una cuestión burocrática, pero lo que se estaba haciendo era eliminar controles porque termina la Comisión de Administración Financiera del Consejo, a través de las distintas reglamentaciones del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que los controles de las compras, adquisición y manejo presupuestario del Consejo pasa a estar en la cabeza de una sola persona que es el presidente de la Comisión de Administración Financiera del Consejo”, explicó.

“Las compras que no fueran licitación pública se le eliminan todo tipo de control” y las compras que se realizaban a través de licitación pública quedan a cargo “casi siempre de un representante del estamento judicial, el que decide la validez o no de las contrataciones con los dictámenes”, agregó.

“Más allá de las reformas burocráticas que se hicieron, lo que consiguieron es la eliminación de todo tipo de control efectivo en el manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura”, resumió.

Por otra parte, Cimadevilla señaló que durante su permanencia observó “una actitud corporativa que no termino de entender”.

“Los jueces han tenido y tienen una actitud gremial que no entiendo porque siempre pareciera que están frente a un poder peleando algo y no entienden que ellos no son empleados del Estado, y no defienden el buen funcionamiento de la justicia sino sus privilegios a través de estas corporaciones, asestó.

“No había un manejo transparente, un manejo de los recursos bien controlados y cada vez había una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios”, denunció.

Además sumó que “la Corte manejaba un fondo anticíclico frente a todas las carencias que tenía el Poder Judicial en materia de infraestructura, en materia edilicia, de personas” que consistía en un “un plazo fijo ultra millonario que no se sabía cuál era el destino que se le daba”.

“Nunca pudimos saber en detalle el control presupuestario del Poder Judicial. Lo que no se ejecutaba iba para la Corte”, advirtió, eindicó que “la aprobación de las cosas más importantes del Consejo dependían siempre de mayorías especiales que las daban los jueces”.

“He hecho denuncias a magistrados como Bonadío o a Oyarbide y nunca logré que los jueces acompañaran esos dictámenes para que pasen al tribunal de enjuiciamiento, y su voto era decisivo. Hoy no hay un equilibrio como el que pretendía la Constitución”, cuestionó

Cruces entre oficialismo y oposición

En su exposición, el diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires, Álvaro González, opinó: “Debemos reflexionar sobre las garantías del debido proceso. Interpretar que el reglamento de comisión está por sobre las leyes y no respetar las reglas del debido proceso para probar mal desempeño, haciendo nosotros uso del mal desempeño de las normas y del reglamento, me parece a mí que es, por lo menos, discutible”.

Y agregó: “El fiscal (Stornelli) está diciendo que le mandemos las preguntas y las contesta, si lo que quieren es tenerlo acá para tirarle piedras, díganlo, sino por qué no le mandamos las preguntas y que conteste”.

El clima de la reunión se puso más espeso durante la alocución del diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, quien sostuvo: “No sé si el fiscal Stornelli tiene algo que ocultar, pero debería venir aquí con la tranquilidad de saber que no va a ser hostigado y que va a estar delante de señores diputados de la Nación”.

Seguidamente, apuntó contra el legislador oficialista Rodolfo Tailhade: “Escuché al diputado, refiriéndose a los representantes de nuestro interbloque en el Consejo de la Magistratura, decir que ‘los tiene identificados’. Me sonó a una película clase B de alguna agencia de inteligencia de alguna dictadura. Me parece horrible porque están denotando una cultura del autoritarismo, que es la que está permeando en esta comisión y que finalmente es la que tienen ustedes, el kichnerismo, quienes gobiernan”.

“El diputado Tailhade volvió a referirse al gobierno del presidente Macri como un gobierno donde se hacía inteligencia ilegal, eso no es verdad, eso es falso”, sentenció Finocchiaro, despertando murmullos entre los presentes.

A continuación, Tailhade respondió: “¡Hay un video, Alejandro! ¡Hay un video en el Banco Provincia de la Gestapo! ¿De qué me estás hablando?”. Ante esta acusación, Finocchiaro pidió no ser interrumpido, a lo que el diputado oficialista retrucó: “No te quiero contestar, pero decí cosas sensatas”.

Para calmar las aguas, intervino la presidenta de la comisión, quien apuntó: “La única diputada que denunció hostigamiento en esta comisión fue (Paula) Oliveto, y no fue por ninguno de los colegas diputados, sino por un juez de la Corte que ella denunció”.

Tras esta pausa, Finocchiaro prosiguió con su discurso: “Yo no interrumpo a nadie, no silbo, no insulto. Justamente me indigna que eso venga de quienes, bajo uno de sus gobiernos, intentaron montar una oficina de inteligencia ilegal comandado por alguien acusado de crímenes de lesa humanidad en la dictadura militar, el general Milani, que además fue jefe del Ejército, ahí sí se olvidaron de los Derechos Humanos”.

Y añadió: “Además, me parece una falta de respeto absoluta que estemos discutiendo esto cuando en este mismo momento, en algunos sectores del país, el Estado Argentino se está desintegrando. En este momento, en Rosario, el Gobierno Nacional no puede hacer cumplir la ley y eso es que no haya soberanía. Están muriendo personas, y justamente este gobierno ha admitido la derrota frente al narcotráfico. Jamás he visto una cosa así”.

“Sería muy saludable que en vez de que el Poder Ejecutivo admita la derrota frente al narcotráfico, el kirchnerismo en el Congreso admita su derrota en vulnerar la Constitución Nacional, en cargarse a la Corte y que se dedique a gobernar y a garantizar a todos los argentinos de bien la libertad y la vida, porque en este momento no lo están pudiendo hacer”, concluyó Finocchiaro, despertando nuevamente insultos y murmullos entre sus pares.

Una previa cargada de denuncias

Antes de que comience la reunión, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, Germán Martínez, brindó una conferencia de prensa –en la que estuvo presente Conclusión– donde anunció: “Reiteramos la convocatoria al fiscal general Carlos Stonelli, en función de que hoy no asistió a la comisión. Es importante que esté presente, creemos que no hay ningún elemento en la normativa específica de los fiscales que lo exceptúa de lo que dice el artículo 12 del reglamento interno de la comisión de Juicio Político, por lo tanto tiene que venir personalmente a prestar su testimonio. No queremos ni más ni menos que preguntar, indagar e interrogar acerca de los elementos que dejamos en claro en la reunión anterior, que tienen que ver con el dictamen que hizo el fiscal Stornelli, que son la base para que el juez federal Sebastián Ramos declare el archivo de las actuaciones en todo lo vinculado a los chats del mes de diciembre”.

Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias de Stornelli, una denuncia vinculada a unos chats que involucran al secretario se Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (actualmente en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro, y al secretario del presidente de la Corte (Horacio Rosatti), Silvio Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

“En segundo lugar, tomamos otra decisión importante que es enviar a la justicia penal de turno las desgrabaciones, la taquigráfica y los elementos de la última reunión, donde en un momento le preguntamos al juez federal Sebastián Ramos si tenía una relación sistemática con Robles y D’Alessandro. Después saben que ha tomado estado público una serie de chats que claramente manifiestan que había un vínculo intenso, fuerte, de confianza entre ambos. A nuestro criterio puede incurrir la figura de falso testimonio, pero no seremos nosotros los que lo vamos a investigar, sino la justicia penal”, agregó el diputado.

Por su parte, el diputado Rodolfo Tailhade compartió un audio con la intervención de la legisladora Graciela Camaño en una sesión de mediados de 2017, donde acusa a le diputada del PRO por la provincia de Buenos Aires, Silvia Lospennato, de “filibustera y espía”.

“Silvia Lospennato leyó ante todos nosotros, en aquella sesión, un mail enviado internamente al grupo del Frente Renovador, en donde se planteaba una estrategia para la sesión de ese día, en donde se buscaba desaforar a Julio De Vido. Esta intervención de Graciela Camaño diciendo que había sido víctima de espionaje por parte del PRO es la prueba cabal de que el único episodio de espionaje e inteligencia ilegal que conozco en la Cámara de Diputados lo protagonizaron el macrismo y la diputada que nos acusa de hacer inteligencia desde esta comisión”.

El legislador del Frente de Todos también refutó la idea de que el oficialismo está realizando una “excursión de pesca” con los testigos “sin saber qué estamos buscando”.

“Excursión de pesca hirieron los fiscales que llamaron ustedes y que vinieron a tirar excremento contra la entonces procuradora (Alejandra Gils Carbó) para ver si encontraban alguna cosita para iniciarle el juicio político”, lanzó Tailhade.

“Ni excursión de pesca, ni inteligencia ilegal ni nada de lo que están diciendo es cierto sobre la forma en que estamos llevando adelante el juicio político”, aseguró.