La Cancillería argentina pidió la detención internacional de Maduro

La orden de aprehensión contra el mandatario venezolano es por la presunta comisión de delitos de conspiración, usurpación de funciones y sabotaje a daños de sistemas. Cancillería planteó ante la Corte Penal Internacional que "los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes".

 

La cancillería argentina exhortó al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros «cabecillas» del régimen de ese país. La orden de aprehensión contra ex presidencialista venezolano es por la presunta comisión de delitos de conspiración, usurpación de funciones y sabotaje a daños de sistemas.

La Cancillería consideró que «la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención».

Contrariamente al resultado, las actas de fiscales de la oposición daban parciales de 70 a 30 a favor de González Urrutia, por lo que apenas se conoció el resultado del CNE se inició una movilización y una campaña de denuncia masiva en Venezuela y en amplios sectores de la comunidad internacional.

El ministerio de Relaciones Exteriores argentino, que conduce Diana Mondino, también repudió la orden de detención que dictó el chavismo contra González Urrutia, en clara sintonía con la oposición de ese país que lidera la dirigente María Corina Machado.

«La República Argentina rechaza la solicitud de aprehensión emitida por el Ministerio Público Fiscal de la dictadura de Maduro contra el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, y alerta a la comunidad internacional sobre una ola de radicalización del régimen que pretende criminalizar a las fuerzas democráticas venezolanas», remarca el texto.

 

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