La Cidh reclamó al Estado argentino que haga cumplir la cautelar solicitada por Sala
Así lo declaró Francisco Eguiguren, presidente del organismo, quien sostuvo que "tienen que darle cumplimiento" a la medida solicitada sobre la libertad de la líder de la Tupac Amaru, que fue fundamentada con "argumentos jurídicos".
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, reclamó hoy al Estado argentino que haga cumplir la medida cautelar solicitada por el organismo sobre la libertad de la titular de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida en Jujuy en enero del año pasado.
«Tienen que darle cumplimiento a nuestra cautelar», sostuvo hoy el comisionado internacional, quien fundamentó que la medida reclamada por la Comisión “fue sustentada con argumentos jurídicos”.
En diálogo con Radio 10, el ex ministro de Justicia peruano insistió en que la medida cautelar de la CIDH «fue sustentada con argumentos jurídicos», al tiempo que indicó que este organismo no está conformado por «burócratas» que viven «en «Washington».
«No somos burócratas, ni vivo en Washington”, sentenció Eguiguren en alusión a declaraciones del gobernador jujeño, Gerardo Morales.
Agregó que «el tiempo transcurre» y el organismo sigue esperando que, a partir de la medida cautelar solicitada, se les envíe «información oficial más concreta» respecto a la situación de Milagro Sala.
Para Eguiguren, el Estado argentino puso «en riesgo» la «estabilidad emocional y la vida» de la dirigente de Tupac Amaru.
“Nos alarma mucho el retorno de Sala al penal y vemos muy mal la revocación de la prisión domiciliaria», manifestó, y advirtió que actualmente estaban «ante una situación de emergencia grave» que era necesario «esclarecer».
El 27 de julio, la CIDH otorgó una medida cautelar para la liberación de Milagro Sala con base en la solicitud presentada respecto de la situación de la dirigente de la Tupac Amaru.
La líder de la Tupac Amaru está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, y de otros delitos como extorsión y fraude a la administración pública.