La comisión de Juicio Político analizó el fallo de la Corte que modificó el Consejo de la Magistratura

Conclusión Buenos Aires

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó poco antes de las 11.30 de este jueves su actividad con el análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia que modificó la conformación del Consejo de la Magistratura, una de las causales por las cuales el oficialismo promovió la investigación contra los cuatro miembros del máximo tribunal, a quienes se acusa de mal desempeño.

La comisión –que preside la oficialista Carolina Gaillard– inició con la discusión sobre el fallo que repuso la ley derogada en 2006 y posibilitó el retorno a la antigua composición del Consejo de la Magistratura.

El análisis de esta cuestión por parte de la Comisión comenzó luego de haber concluido la discusión acerca de la sentencia sobre coparticipación que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires al otorgar una cautelar a ese distrito.

Para este encuentro fueron citados la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort; el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo; y el secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Roberto Saggese.

El cuerpo legislativo analizó catorce expedientes de juicio político contra los ministros de la Corte –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti– a quienes acusa de mal desempeño de sus funciones por los fallos del 2×1 que benefician a represores de la dictadura, el de modificación del Consejo de la Magistratura, el de coparticipación a favor del Gobierno porteño y el de funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial.

A abrir la reunión, Gaillard observó que iba a circular entre los ministros el informe sobre el tema de obra social donde se acusa a Maqueda y que se comenzará a elaborar un documento sobre el fallo de la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, en el cual se señalará “la responsabilidad compartida” de los jueces de la Corte en esa decisión.

La diputada consignó que esos informes formarán parte de los dictámenes que se analizarán en los próximos meses ya que se emitirá uno por cada juez de la Corte con la respectiva acusación.

Gaillard señaló que el fallo sobre el Consejo de la Magistratura se iba a tratar en esta reunión, mientras que en la próxima se analizará el expediente impulsado por la Coalición Cívica contra Lorenzetti. “En el próximo encuentro comenzaremos con la investigación de la última causa contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por abuso de poder”, indicó la diputada.

En este sentido, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, indicó a Conclusión: “Vamos a pedir que se tramite la causal contra el ministro Lorenzetti, que vendría a ser la última. Respecto de las causales hasta ahora tramitadas, en su momento hicimos un planteo de inadmisibilidad, no vemos que ameriten para acusar a toda la Corte para ser destituidos”.

Por su parte, la Comisión votó oficiar a la Corte Suprema de la Nación para saber cuáles fueron las circunstancias y el motivo de las ausencias de Ricardo Lorenzetti y Helena Hoghton de Nolasco, ex vicepresidenta del máximo tribunal en la designación del actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti. También votaron la resolución que designa a los miembros de la subcomisión que investiga irregularidad en la obra social del Poder Judicial de Nación (OSPJN).

¿Qué pasó con el Consejo de la Magistratura?

La Corte declaró en diciembre del 2021 inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura aprobada en 2006 –durante el Gobierno de Néstor Kirchner– por la cual se redujo de 20 a 13 el número de integrantes del organismo encargado de seleccionar jueces, analizar su conducta y administrar el Poder Judicial.

En ese marco, repuso la ley anulada, con lo cual se volvió a la composición de 20 miembros, que dejó en manos de Rosatti la titularidad del Consejo.

En el proyecto presentado por el oficialismo se señala que en el fallo sobre el Consejo se contó “con el voto favorable de los doctores Rosenkrantz y Maqueda, como así también del doctor Rosatti, quien de tal modo se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas le imponían, dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, abstenerse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa”.

En el proyecto se afirma además que Rosatti “manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación”.

También se señala que se “avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional”.

¿Qué dijeron los testigos?

La presidenta de la comisión recordó que una de las hipótesis es que hubo “cooptación del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de mantener el statu quo en el fuero federal”.

En contraposición, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, indicó que “las supuestas irregularidades descriptas no dan fundamento a un pedido de Juicio Político”.

Por su parte, el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, pidió la ampliación de pruebas con la “incorporación de documentación sobre la causa Consejo de la Magistratura”. La votación resultó favorable, pero sin el aval de Juntos por el Cambio.

En primer lugar, expuso Graciana Peñafort, quien se refirió a su rol institucional: “Hay una vacante de la Cámara alta que no puede ser cubierta. El Senado aprobó la designación del senador nacional Martín Doñate (Frente de Todos) como representante de la última minoría que quedaba designar. Hoy el Consejo de la Magistratura funciona con 19 miembros y no con 20 como estaba ordenado”.

Peñafort, quien recordó que “cuando llegó la notificación que declaraba la inconstitucionalidad de distintos artículos” de la Ley 26.080 tomaron contacto con la Cámara de Diputados y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y decidieron “avanzar con el cumplimiento de la sentencia”. Pero luego “se introdujo una medida cautelar que trabó un poco el proceso y vinieron los reclamos que hicieron (Luis) Juez y (Humberto) Schavoni”, los senadores del Pro que reclamaron por las designaciones de quienes debían ingresar como consejeros a partir de la restitución de la antigua ley.

La abogada habló del caso “Juez 1” para referirse al reclamo sobre quienes “debían designarse como nuevos representantes hasta completar el proceso que estaba pendiente”, que terminaba en 2022; y de “Juez 2” de reclamo contra “el decreto presidencial que designó a Doñate para el período 2022-2026”.

“La posición del Senado fue ratificada por las distintas instancias (inferiores) y estamos en recurso extraordinario, que no ha sido resuelto”, señaló y explicó que eso todavía no ha pasado porque la Cámara alta también reclamó que los jueces “deberían haberse excusado de intervenir”. “A la fecha los expedientes juntan polvo, tanto administrativa como judicialmente, y en las oficinas de la Corte no hemos tenido respuesta”, añadió.

“Deberíamos ponerle nosotros un plazo a la Corte, ellos nos pusieron 120 días y ellos hacen más de un año y medio que no resuelven un tema sumamente sensible”, se quejó el diputado Rodolfo Tailhade (FdT), que fue el único en hacerle las preguntas a Peñafort.

Sobre la designación de Doñate para el período 2022-2026, decreto de la presidenta Cristina Kirchner que se refrendó en el recinto incluso, la directora de Asuntos Jurídicos detalló que “el bloque Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, el bloque UCR tiene 18 miembros, el bloque Unidad Ciudadana tiene 14 miembros y el bloque (Pro) que está obturando y querellando esto tiene 8 miembros”. “La pretensión de Schiavoni es que se designe a la cuarta minoría del bloque que él integra con Juez, lo cual es incluso contrario al texto de la ley que resucitó la Corte”, resaltó.

La candidata a diputada de Unión por la Patria consideró que la Corte ha interferido “en competencias exclusivas y excluyentes del Senado de la Nación respecto de la articulación de sus bloques”, de acuerdo establece el artículo 55 del reglamento del Senado.

Respecto a la recusación contra el juez Horacio Rosatti, la testigo apuntó: “No se puede ser miembro del Consejo y, también, el juez que decide sobre la situación del Consejo. Las dos cosas al mismo tiempo no son viables jurídicamente”.

Luego, Jorge Rizzo, quien concurrió en su condición de expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y cuatro veces consejero nacional, entre 2006 y 2022, expuso sobre la causa que ese Colegio planteó sobre el Consejo de la Magistratura, que derivó finalmente en la inconstitucionalidad de la ley vigente y retrotrajo todo a la ley original.

Rizzo contó que cuando al frente de la agrupación Gente de Derecho asumieron al frente del Colegio Público de Abogados, en 2006, tuvieron un debate en torno a una demanda que estaba preparando el abogado Daniel Sabsay, pero también tenían otra de Ricardo Monner Sanz, a la que terminaron adhiriendo. “Nos presentamos avalando”, dijo, en un juicio en cuyo final en 2014 tuvo sentencia de la Corte rechazando la legitimación de la presentación de Monner Sanz, pero aceptando la del Colegio.

“En el medio, nosotros como lista Gente de Derecho sacamos el fallo que tiene mi apellido por el cual se declaró la inconstitucionalidad de la ley que se llamó Democratización de la Justicia”, recordó.

El rechazo a Monner Sanz fue porque en la demanda había planteado que debía haber “representación igualitaria” y la respuesta fue que tenía que ser “equilibrada”. Por ese tecnicismo que consideró exagerado fue que lo rechazaron. “La Corte podría haber soslayado ese tecnicismo” para una causa que transcurrió 15 años en todo el sistema judicial y 4 en la Corte Suprema.

Rizzo recordó que cuando en tiempos del kirchnerismo se dio el debate de la Ley de Democratización de la Justicia “vinimos al Congreso y yo le dije al equipo: tenemos que ir, pero con un proyecto”.

La ley se aprobó, en el ínterin cambió el color político del país, entraron nuevos ministros a la Corte y a mitad del gobierno de Mauricio Macri, Rizzo contó que lo llamaron desde la Corte para expresarle su preocupación y contarle que iban a tener que resolver sobre el tema del Consejo de la Magistratura, pero en ese marco le preguntaron si había alguna posibilidad de “que la política dictara un fallo”. “Lo llamé a el ministro Germán) Garavano y le pregunté si tenían interés –recordó Rizzo-. Me dijo que sí, y le dije que tenía un proyecto. ‘Traelo que lo vemos’, me dijo”.

En esa reunión participaron también, según recordó, Garavano, Pablo Tonelli, Juan Mahiques, Guillermo Lipera y algún representante de los jueces, con quienes se pusieron a trabajar. En ese marco le dijeron que habría que arreglar también “con los kirchneristas”, ante lo cual él se comprometió a interceder, pues mantiene buena relación con muchos. “Hablé con los que yo conocía y dijimos ‘el proyecto va a salir’”.

Sin embargo, el abogado advirtió que en el plenario veía que no había homogeneidad en el tratamiento del tema.

En otro aspecto, Rizzo hizo hincapié a la actual composición de la Corte: “Con cuatro miembros no se puede seguir, no es justo el fallo, como no fue justa la elección del presidente”.

Cabe mencionar que el secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Roberto Saggese, estaba citado, pero no hubo respuesta de la notificación.