La comisión de Juicio Político investiga supuestas irregularidades en la obra social de judiciales

Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzó, en la tarde de este martes, una nueva reunión para continuar con el proceso de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, con una audiencia que contó nuevamente con el testimonio del exadministrador de ese tribunal, Héctor Marchi, quien fue citado por segunda vez para ampliar su declaración en torno a las supuestas irregularidades en el manejo de la obra social de judiciales.

Al comenzar la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó que la legisladora de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña había pedido citar al titular de la Unión Personal Civil de la Nación, Julio Piumato, moción que fue aprobada, y dijo que será convocado junto a las autoridades del sindicato de trabajadores judiciales.

La comisión también votó pedir una ampliación solicitada por la diputada Vanesa Siley sobre la Obra Social del Poder Judicial.

La nueva audiencia comenzó con el testimonio de la jueza federal de San Martín (Buenos Aires) Martina Forns, quien relató la difícil situación que pasó en la pandemia en la obra social.

“He conversado con todos los jueces federales sobre que en el periodo de pandemia hubo más demanda y fue el peor momento de la obra social. Hubo casos de abandono, es decir, gente que estaba esperando prótesis, por ejemplo. Ví el abandono, la no contestación en un transcurso de tiempo en que se agravaba la situación del enfermo”, expresó la jueza.

Forns dijo en primer lugar que había decidido concurrir a testificar porque cuando necesitó a la obra social, en “las peores circunstancias” de su vida, “me dejó abandonada”. Esta situación ocurrió durnate la pandemia, cuando ella, su esposo y sus hijos contrajeron Covid. Fue en abril de 2021.

“No estoy enojada, pero pienso que hay mal desempeño (por parte de los jueces de la Corte Suprema de Justicia), no solo por este caso. Me puse a llorar cuando me enteré la cantidad de plata que había en la Obra Social”, agregó.

La funcionaria, recordó haber escuchado al doctor Héctor Marchi decir que había fondos anticíclicos, recursos que como eran excesivos los tenía el Poder Judicial. “¿Pero dónde? -se preguntó-. En los prestadores, se ve que no estaban”.

Por otro lado, la jueza se refirió al ataque que sufrió luego de que un ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri declarara en su contra: “En la esquina de mi casa pusieron una bomba el día que vino acá a declarar el secretario de Energía (Juan José) Aranguren, que me mencionó como responsable de que no se puedan cobrar las tarifas de energía. Eso mereció una denuncia judicial y una causa. Al día siguiente en la habitación de mi hijo algo rompió el vidrio, no sabemos qué fue”.

Además, dijo que su marido –que se desempeñaba en la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ)– fue despedido en el año 2016 por ser “socialista y sindicalista”.

Finalmente, Forns relató el periplo que tuvo que pasar para que su marido sea atendido por la obra social durante la pandemia.

La magistrada relató que en la obra social no la atendían; los administrativos del CEMIC le indicaron que tenía que sacarlo y ella hacía consultas para conseguir una ambulancia. Finalmente logró el traslado al Sanatorio Güemes, que no tenia convenio con la obra social. “No había comunicación entre el CEMIC y la obra social, y cuando conseguimos el contacto, lo trasladamos. En el Güemes, entró en terapia intensiva y los directivos no sabían si me iban a cobrar o qué, porque -reiteró- no tenían contacto con la obra social”.

La ambulancia que trasladó a su esposo no fue cubierta por la obra social. “Todos los días intenté comunicarme con la obra social”, reiteró Forns, pero finalmente “me ayudaron para que le llegaran al ministro Juan Carlos Maqueda los mails que hoy traje en este pendrive haciéndole saber toda la situación grave que estaba pasando… y nunca tuvieron la deferencia de llamarme a ver si necesitaba algo”.

“Nunca me dijeron si iban a cubrir (la internación), no sabía si iba a tener que vender mi casa para pagar esa terapia intensiva… Yo insistí todos los días y las autoridades del Güemes me decían lo mismo”, detalló.

Martina Forns explicó a los legisladores que no reurrió al juez Maqueda en forma directa, sino a través de una de las secretarias del ministro. ¿Por qué lo hizo? “Porque todos sabíamos que era el encargado de la obra social, el único que podía hablar con (el director de la obra social) Aldo Tonón para mover algún mecanismo. Y de hecho lo hizo, porque finalmente la obra social cubrió (la internación). Cuando falleció mi marido, el Güemes me dijo que la obra social cubría todo, pero fueron dos meses y medio sin tener ninguna comunicación” en ese sentido.

En un clima caldeado, con enfrentamientos entre diputados oficialistas y opositores, también brindó testimonio Héctor Marchi, quien fue el principal expositor de la reunión que se realizó en la sala 227 del Anexo A de la Cámara baja.

Entre los motivos por el cual se avino de buen grado a asistir a la Comisión de Juicio Político, el ex administrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, comenzó a leer un documento en el que expresó como había procedido la Corte Suprema de Justicia, y que estaba en calidad de testigo porque había sido convocado para declarar y no por la bronca de un traslado. Dijo que los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia, dos ministros y dos funcionarios, que todavía no fueron citados, expresó que tenia respeto por los testigos que lo precedieron en Diputados.

Marchi expresó a los presentes que sabia cual era su destino, porque se había negado a cubrir al doctor Mariano Altabe y al Dr. Silvio Robles. Marchi, manifestó a los presentes que había recibido de parte del doctor Horacio Rosatti la advertencia que si corría peligro el cargo de Althabe «yo me iba primero», además, «me pidió destruir parte del legajo donde el doctor Rosatti lo proponía».

En su declaración, Marchi manifestó: “Quedó claro, bajo el email que Juan Carlos Maqueda envió a sus ministros, que la responsabilidad total sobre la supervisión (de la obra social) desde el 2008 hasta agosto de 2021 corrió por su cuenta”.

Y agregó: “La obra social perdió más de 2.700 millones de pesos, lo informé al presidente de la Corte dos veces. El dinero se perdió por dejar el dinero en cuenta corriente y no constituir plazos fijos, es grave y demuestra mal desempeño de funcionario público”.

Si bien Marchi, recientemente desplazado como administrador del máximo tribunal, expuso hace dos semanas ante los diputados que integran la comisión, la extensión de su presentación impidió que legisladores de la oposición formularan preguntas y sólo pudieron llevarse adelante las consultas del bloque del Frente de Todos.

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Marchi había sido citado nuevamente para continuar su exposición el pasado miércoles, pero como ese mismo día fue convocado a prestar declaración ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por el manejo de los fondos de la obra social del Poder Judicial, su presencia ante la comisión fue reprogramada.

Marchi, quien en su anterior exposición ante la comisión, el martes 25 de abril, y tras el polémico desplazamiento de su cargo, denunció ante los legisladores una “sanción encubierta” y “amenazas” contra funcionarios de los tribunales.

En sus declaraciones, Marchi fue muy crítico del juez Juan Carlos Maqueda, de quien dependía la obra social, y planteó que “no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles”.

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En este sentido, declaró que “cualquier movimiento en la obra social debía ser autorizadas por Maqueda” y que el ex director de este organismo, Aldo Tonón, fue designado a propuesta de ese magistrado.

Tras la investigación por las irregularidades en la obra social de los judiciales, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.

En cuanto a las causales que ya se abordaron se cuenta el fallo que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el que determinó la aplicación del cómputo de “2×1” a un represor de la última dictadura militar.