La Justicia suspendió el otorgamiento de planes sociales con fines proselitistas
La jueza detalló en su fallo que quienes recibirían estos planes "se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social".
La jueza electoral María Servini dictó una medida cautelar por la cual ordenó al Gobierno Nacional abstenerse de hacer entrega de 114.000 planes sociales para desocupados, tal cual habían solicitado desde el Frente de Todos.
El Frente que lleva de candidato a presidente a Alberto Fernández había denunciado que con el otorgamiento de los planes se pretende «condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio».
Por ello el apoderado del PJ, Jorge Landau, había realizado denuncia penal contra el Ministro de Trabajo y la Producción, Dante Sica, así como al secretario de empleo Fernando Prémoli.
Paralelamente se pidió una cautelar a partir de la cual Servini ordenó restricción en forma preventiva «al señor ministro Sica a sólo efecto de que se abstenga a disponer de los fondos de dicho Ministerio para dar cumplimiento con la resolución 117 hasta pasadas las elecciones generales previstas para el 27 de octubre».
Primero fue conocido a partir de noticias periodísticas que daban cuenta de planes sociales por 5.000 pesos en una única vez, y que el mismo iba a ser distribuido por intendentes afines a Macri y la fórmula oficialista.
Luego, eso fue plasmado en la Resolución 1117 de la secretaría de Empleo, la cual no fue publicada en el Boletín Oficial, y con un presupuesto de 570 millones de pesos.
Los planes iban a beneficiarios de Lomas de Zamora, San Martín, Chaco, Formosa, Rosario, Santa Fé, Mar del Plata, Corrientes, La Plata, San Juan, Viedma, Neuquén, Entre Ríos, La Matanza, Catamarca y hasta Capital Federal.
La jueza en su fallo dijo que el otorgamiento de plantes «podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años, es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social».
En definitiva podría ser «un condicionante» ante la proximidad de las elecciones del 27 de octubre.