La organización Abuelas de Plaza de Mayo denunció que el Gobierno busca entorpecer la búsqueda de desaparecidos
La aprobación de la Ley Bases pone en peligro un organismo autárquico indispensable para la búsqueda efectiva de personas desaparecidas y la restitución de sus identidades ante la justicia.
Las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron este miércoles que el Gobierno nacional pretende eliminar un organismo destinado a la búsqueda de hijos de desaparecidos, creada en 2004 por medio de un decreto para su conformación dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).
La redacción de un proyecto ideado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, trascendió más allá de las paredes de su cartera. El pliego está fechado el 12 de junio y habría estado a cargo de María Florencia Zicavo, jefa de asesores de Cúneo Libarona. Así lo describe el diario Página/12 en una nota firmada por la politóloga y periodista especializada en juicios de lesa humanidad, Luciana Bertoia.
El proyecto busca la derogación del decreto 715 del presidente Néstor Kirchner, que en 2004 originó la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI), la cual tiene como objetivo la investigación y búsqueda de los hijos de personas que fueron registradas como desaparecidas durante la última dictadura cívico – militar, y lo hace en instancia prejudicial a través de la asistencia a los jueces y fiscales involucrados para evitar caer en causas improcedentes ante los tribunales federales.
❌ La búsqueda de los nietos y nietas no se puede frenar por decreto. Desde #Abuelas manifestamos nuestra preocupación por la decisión del Gobierno de eliminar una unidad de investigación fundamental para garantizar la identidad y la verdad.
Comunicado⤵️https://t.co/bkT4SgndBz pic.twitter.com/Q2YMgyZSQz
— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) June 27, 2024
«La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado», expresaron desde Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado oficial y agregaron que el organismo “realiza una investigación preliminar que agiliza la tarea de la Justicia, no la duplica. Se trata de una herramienta ideada durante estos 40 años de democracia para hacer eficaz la búsqueda de nuestros nietos».
De ser aprobada la iniciativa oficialista, la Conadi no podría conducir investigaciones, cuyos avances deben ser informados al Ministerio Público o al Poder Judicial. Además, el decreto 715 permite a la Conadi acceder a los archivos del Estado, por lo que las causas de este tenor se verán sensiblemente perjudicadas y demoradas en su avance.
La organización encabezada por Estela de Carlotto cuenta con cerca de 7 mil denuncias de posible hijos de personas detenidas – desaparecidas: “Sin la existencia de la UEI, mañana deberíamos presentarnos ante los Tribunales Federales o a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (Uficante) con las 7000 denuncias, algo absolutamente ineficaz e inviable”, sostuvieron en el comunicado.
El argumento principal del gobierno para llevar adelante para desarticular el organismo más importante en la restitución de la identidad de los más de 400 bebés extraídos es que supuestamente ni el Poder Ejecutivo ni sus entes autárquicos están habilitados para llevar a cabo investigaciones, y señalan que eso es exclusiva competencia de los fiscales y jueces.
No obstante, desde Abuelas contraargumentaron que “existen muchos organismos del Estado que auxilian a la Justicia, con el objetivo de hacerla más eficaz, como la Oficina Anticorrupción y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación, que no la reemplazan ni ejercen funciones judiciales, sino que la auxilian en su tarea”.
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“Este proyecto de decreto pretende eliminar un área clave del Estado y es un anticipo de lo que venimos advirtiendo respecto de las implicancias negativas de la Ley Bases, que otorgaría amplias facultades al Poder Ejecutivo para disolver unilateralmente organismos que fueron creados por ley”, continúa el comunicado de Abuelas y califican a esta medida como “un ejemplo cabal de las medidas regresivas que se impulsan desde el Gobierno, que merecen especial atención y la adopción de medidas urgentes”.
El mensaje del emblemático organismo de derechos humanos finaliza con una enfática reiteración: “La disolución de la UEI conllevará a una demora, un gasto innecesario de recursos para la Justicia y una obstaculización aún mayor en la restitución de identidad de los casi 300 nietas y nietos que estamos buscando, hace ya 47 años. Pedimos al Gobierno que revea la decisión y a la sociedad que nos acompañe en el reclamo”.