«La propuesta opositora asegura la impunidad de los que lavan dinero»
El jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, señaló con precisión cual es el alcance del proyecto que defiende la oposición y de que manera esa propuesta perjudica no solo al erario público sino también favorece a modalidades comerciales que van en desmedro del interés de la población.
- Conclusión en Buenos Aires
- Abr 19, 2023
Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires
El presidente del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, ya había anticipado en su red social de Twiter que «sectores de la oposición (no toda) propusieron otro dictamen que provoca un verdadero retroceso respecto al dictamen de mayoría» al referirse a la reforma de la actual ley de Lavado de Activos.
El tema no está concluido, falta la aprobación del proyecto en el recinto con la polémica que se avecina porque esta aun sobre las bancas. Martínez dialogó con la prensa en una rueda que surgió a la luz de las diferencias notorias que existen en torno a esta asignatura pendiente a la que debe dar respuesta la democracia.
«La propuesta opositora asegura la impunidad de los que lavan dinero en operaciones menores a los 12 millones de pesos», aseguró el líder del oficialismo, para luego afirmar que «si prospera el texto opositor, para estos lavadores no habrá investigación penal ni sanciones administrativas».
«El planteo de algunos diputados opositores es que debe haber un concurso, donde se constituye una comisión ad hoc que evalué ese concurso, que se integra por 9 integrantes, dos lo pone las Corte Suprema de Justicia es decir Carlos Rosatti, otros dos el Consejo de la Magistratura, nuevamente Carlos Rosatti, dos más el Ministerio Público, el procurador Eduardo Casal, uno el ministerio de Economía, otro el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el noveno un especialista de la Superintendencia de Entidades Financieras», y agregó «pasar a ser absolutamente sumiso a los designios del actual presidente de la Corte Suprema.
Para luego proponer que «el dictamen de mayoría plantea que las asociaciones civiles sin fines de lucro sean sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera. El texto opositor elimina estos controles facilitando que estas asociaciones sean utilizadas para delinquir».