VIERNES, 22 DE NOV

Laboralistas advierten: «Si Santa Fe adhiere a la ley de ART viola el federalismo”

Luego de que el gobernador Miguel Lifschitz incluyera dentro del paquete de leyes por las cuales pidió a la Legislatura la adhesión a la norma pedida por empresas y el gobierno nacional, este martes abogados laboralistas darán una rueda de prensa para fijar su postura. Será a las 11 en Empleados de Comercio.  

La adhesión a la ley de ART es un reclamo estridente desde sectores empresarios, de la misma Aseguradora de Riesgos de Trabajo, e incluso del gobierno nacional, que promovió su sanción a nivel nacional y bregó por la sumatoria de las distintas provincias.

El pasado 7 de julio, incluso, en un paso fugaz por Rosario, el presidente Mauricio Macri lamentó que Santa Fe sea hasta ahora “la única provincia grande que no ha adherido”.

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Luego de pasar gran parte del año paralizada tanto en la comisión de Asuntos Laborales como en la de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe, el gobernador Miguel Lifschitz la incluyó dentro del paquete de temas que pretende sean tratados en sesiones extraordinarias, pero “con condiciones”.

“Sería una adhesión al estilo cordobés, mejora en cierta manera la resolución Nº 298 que establece el procedimiento de las comisiones médicas ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Pero, primer lugar, no hay garantías que vayan a crear más comisiones médicas y hay una sola para toda la provincia (en Rosario). Es imposible”, dijo a Conclusión Jorge Elizondo, el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario.

Y agregó: “Lo que dice el proyecto es que se van a crear otras comisiones médicas, pero eso lo determina la Nación (vía Superintendencia) no lo puede determinar la provincia. Por otra parte dice que los médicos deben ser imparciales, tener garantías suficientes para el cargo, pero la realidad es que a las comisiones las integran médicos que no son funcionarios públicos, es decir no tienen estabilidad, y por otra parte la ART les paga el sueldo. ¿Que clase de tribunal administrativo va a ser ese donde a integrantes del tribunal los paga una de las partes?”.

“Lo que pretenden es reformular algunas cosas para hacer un proyecto más favorable al trabajador que el original, pero es imposible de reformar, las ART se van a presentar y plantear la inconstitucionalidad del proyecto y mas de un juez les va a dar la razón”, detalló el letrado.

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“La provincia no puede en realidad mejorar lo que ya esta establecido, no tiene facultades para manejar las comisiones internas que son federales, dependen del (ex) ministerio de Trabajo de la Nación, hoy Secretaría; la superintendencia es un organismo nacional, la provincia no puede modificar lo que haga”, se explayó.

Por eso para los laboralistas locales directamente la provincia no debe adherir, ya que en primer lugar es esa la violación al federalismo.

“Decimos que precisamente por esa separación entre lo que es federal y provincial, Santa Fe no debiera adherir en forma condicional, es imposible jurídicamente. Decimos también que no lo puede hacer porque violaría el federalismo, y entregaría a Nación facultades provinciales, todo el tema del procedimiento que acá hay que modificarlo. No va a intervenir un tribunal sino la comisión medica, que a su vez han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la composición que tienen y las facultades que se le dan”, precisó Elizondo.

Conferencia

En este marco, este martes se realizará una conferencia de prensa “En defensa de la Justicia del Trabajo”, convocada por la Asociación de Abogados Laboralistas local. La cita es en el Sindicato de Empleados de Comercio (Corrientes 450) a las 11. Además de la preocupación por el proyecto de adhesión a la ley 27348 (de ART) así como por el reciente concurso en trámite para seleccionar 2 camaristas laborales.

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“También es un escándalo el concurso reciente del Consejo de la Magistratura provincial, para cubrir cargos judiciales, un tema menos conocido pero que no deja de ser grave. Los jurados, el sistema de selección de los jueces, es absolutamente inconstitucional, las audiencias no son publicas, el procedimiento es absolutamente secreto, se hace una prueba a los postulantes que tienen que hacer sentencia ante un caso, casualmente los únicos que quedaron fueron quienes hicieron favores a empresas, salvo 1 de los 8 seleccionados, se han pronunciado a favor de las empresas”, concluyó Elizondo.

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