Larreta recibió un préstamo del BID en 2018 para urbanizar el Barrio 31 pero solo ejecutó el 20% de la obra
La Garganta Poderosa denuncia 15 muertes por COVID-19 y que la villa de Retiro sigue sin agua, pero la ciudad cuenta con más de 3 leyes para la urbanización de villas de la Ciudad
Por Manuel Parola
Ramona Medina perdió la vida el pasado domingo 17 de mayo, luego de ser diagnosticada con un cuadro de neumonía severo, producto de la infección de COVID-19, estando tres días intubada y habiendo superado 15 jornadas de denunciar públicamente la falta de agua en el barrio “Carlos Mugica”, comúnmente conocido como Villa 31. Al morir, el barrio de nuevo no tenía agua. Al momento de ser escritas estas líneas, las organizaciones presentes en el barrio denuncian (1) que nuevamente la presión se ha desvanecido y están haciendo colas para llenar bidones y botellas. Todo en el marco de la primera pandemia de la era de la globalización. El Trending Topic marca el #QuedateEnCasa.
Medina formaba parte de la Asamblea del Barrio 31 de la organización La Poderosa. Tras su muerte por coronavirus, la consigna nacida de la indignación y angustia que el medio de comunicación de la organización, La Garganta Poderosa lanzó fue el grito de “NOS MATARON A RAMONA”, y “BASTA DE SILENCIAR A RAMONA”.
"NOS MATARON A RAMONA"
Apretando los dientes, golpeando el teclado, mordiendo la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda, para gritar todo eso que Ramona ya gritó.
No vamos a parar,
¡hasta que paguen los responsables!NO PODEMOS MÁS.#JusticiaPorRamona pic.twitter.com/2GZDShZFuk
— La Garganta Poderosa (@gargantapodero) May 17, 2020
Las denuncias de Ramona Medina durante años fueron las mismas. La muerte de ésta vecina y de otras 11 personas en los barrios populares por haber contraído coronavirus no arrancó el día que el hisopado les dio positivo, sino muchos años antes.
Legisla, legisla que… ¿algo quedará?
El 20 de enero de 1999, la legislatura porteña promulgó la Ley 148 (2), titulada Ley de Atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT), donde se establece la creación de una Comisión Coordinadora Participativa, integrada por vecinos y vecinas de los barrios, junto con representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad, con el objetivo de urbanizar y regularizar los establecimientos de emergencia en toda la CABA. El cuarto apartado del artículo 3 de la ley reza que el Estado porteño debe “garantizar a través de la representación vecinal el adecuado ajuste entre las necesidades de los pobladores y las respuestas conducentes para la satisfacción de las mismas y un adecuado mecanismo de gestión y promoción social”. Dicho artículo le daba un coto de 5 años al período en el que debía realizarse el programa de urbanización delineado por la Comisión. Al 2020, tras 21 años de su promulgación, la ley no se ha cumplido.
La 148 no fue la primera pero tampoco la última ley promulgada en razón de urbanizar las villas de emergencia de Buenos Aires. El 14 de julio del 2000, dos años después de la sanción de la Ley 148, entró en vigencia la Ley 403, que creaba el Programa de Planeamiento y Gestión Participativo de la Villa 1-11-14, destinado a elaborar, ejecutar y verificar el Plan Integral de Urbanización de la misma en forma consensuada con una Mesa de Planeamiento Participativo creada a tal fin. El Plan Integral nunca se elaboró y la Mesa no se conformó.
Villa 31 – Barrio «Padre Carlos Mugica». Lo que se ve por encima de las viviendas es un tramo de la Autopista Arturo Illia.
Ambas leyes estaban pensadas de forma complementaria, para actuar en conjunto. El devenir de los hechos, a lo largo de los años, hizo que sean múltiples los proyectos no sólo de ley sino megaemprendimientos constructivos en el terreno del barrio Carlos Mugica. El interés inmobiliario en esos terrenos se explica a partir de que el metro cuadrado en esa zona pendula entre los 3500 y los 6000 dólares.
En 1994, el éxito de la edificación de Puerto Madero y lo ambicioso del ya iniciado proyecto de la Autopista Arturo Illia, las autoridades nacionales comenzaron a auspiciar el Proyecto Retiro, un emprendimiento inmobiliario de urbanización de la Villa 31 en donde contemplaba la urbanización y parquización de 75 hectáreas (terrenos ferroviarios y portuarios) y la construcción de una nueva estación multimodal de pasajeros que unificaría los servicios ferroviarios, subterráneos y de colectivos. Se proyectaba construir varios hoteles de lujo, un centro cultural en la ex estación del Ferrocarril Mitre (que quedaría desafectada del servicio ferroviario), complejos comerciales y torres de viviendas. El proyecto también preveía completar el proyectado enlace entre las autopistas Illia y Ricardo Balbín (hoy conocido como «Autopista Ribereña») e incluía una obra pública de gran envergadura como el corrimiento de todas las vías del ferrocarril hacia el río, para ganar mayor espacio urbanizable sobre la Avenida del Libertador.
El megaemprendimiento fue presentado el 12 de febrero de 1998, y en paralelo, se lanza un plan de urbanización de los barrios populares de la ciudad, donde se volvió a excluir a la Villa 31. Nunca nada de esto se llevó a cabo, salvo obras pequeñas en cuanto al impacto urbano dentro de los barrios, fundamentalmente del Barrio 31. Durante la gestión de Aníbal Ibarra, la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) se justificaría diciendo que se trataba de terrenos nacionales.
Las villas como herramienta publicitaria: la gestión PRO en CABA
Ya desde la campaña electoral, los barrios populares fueron materia de enunciación para el partido Propuesta Republicana (PRO). La promesa era siempre la misma: la erradicación definitiva de la Villa 31. Al asumir como alcalde de la principal y más acaudalada ciudad del país en 2006, Mauricio Macri bajó el tono de sus anuncios, y pasó de la erradicación a la contención del crecimiento a como diera lugar. Una de las medidas fue intervenir unilateralmente en el barrio, clausurando un corralón que incumplía con las condiciones de higiene y seguridad para su autorización, generando tensiones entre la Ciudad, el Estado Nacional y los propios vecinos. En ése escenario, veinte días antes de la asunción de Macri, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, representado por el ése entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, firmó un proyecto de urbanización de la Villa 31 a través de un convenio firmado por el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) con los vecinos de la 31 y 31 bis.
Mauricio Macri, lanzando su campaña para la jefatura de gobierno porteño, en un basural adyacente a la Villa Lugano
Otro suceso que marcó la relación del gobierno de Mauricio Macri con las poblaciones de los barrios marginales fue una denuncia realizada por los vecinos y vecinas de los barrios de emergencia, al ver el traslado de fondos (3) originariamente presupuestados para los planes de urbanización y construcción de hospitales y farmacias, al área de Publicidad del Gobierno. El más polémico fue la asignación de tres millones de pesos al evento “Buenos Aires Ciudad de Moda” y al Festival Internacional de Diseño de Servicios Especializados, Comerciales y Financieros.
Muy pocas obras de edificación y loteo, y algunas de cableado y construcción de sistema eléctrico se realizaron en el barrio Mugica fueron iniciadas y terminadas, variando su orquestado y financiación entre el gobierno nacional y la gestión porteña.
Los vecinos realizaron múltiples movilizaciones entre el año 2013 y 2015 reclamando con insistencia (4) la aplicación de la ya mencionada Ley 148, sancionada 16 años antes. El resultado de dichas denuncias fue la construcción de un pasaje que conecta, por debajo de la Autopista Illia, a la Villa 31 con la 31 bis. El gobierno de la Ciudad lo anunció con bombos y platillos el año 2015.
La Era Rodriguez Larreta
En el año 2016, el flamante Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó un nuevo proyecto (5) de urbanización con la vista puesta en la Villa, que retomaba la frase tan popular del menemismo que prometía a los vecinos convertirlos en propietarios de sus viviendas. El texto del proyecto, respecto a los objetivos perseguidos, expresa que se busca “Contribuir a: (i) la integración del B31 proveyendo infraestructura urbana, equipamientos sociales de calidad, y mejorando las condiciones de habitabilidad de las viviendas y comercios; y (ii) la mejora de la calidad y equidad educativa de la CABA ampliando el acceso a nuevas herramientas educativas y fortaleciendo sistemas de gestión y evaluación”.
Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño desde 2015 a la fecha. Fuente: La Tinta – Periodismo hasta Mancharse
Los fondos para ése proyecto, según declaraciones oficiales, saldrían de la venta de una parcela del terreno de Tiro Federal en la localidad de Núñez, y el resto se financiaría con la toma de créditos internacionales para que la ciudad adquiera las ocho hectáreas pertenecientes a YPF (es decir, son propiedad del Estado Nacional) y desarrolle el loteo, la proyección de “entre ocho y doce unidades” para las viviendas y la nueva sede del Ministerio de Educación de la Ciudad. Según las declaraciones de Larreta, realizadas en la presentación del proyecto el 10 de agosto del 2016, los vecinos no tendrían que pagar nada.
La Legislatura porteña aprobó la toma (6) de un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 350 millones de dólares en septiembre 2017, con un préstamo individual inicial de 100 millones. El aporte local para ése proyecto sería de 87,5 millones de dólares. La firma del empréstito tiene fecha el 31 de agosto del 2018, con una fecha de finalización cuatro años más tarde. Al día de hoy, el proyecto ha sido ejecutado en menos de una cuarta parte.
El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta volvió a fijarse en las casi 42 mil personas que viven en la Villa 31 cuando en diciembre del 2018 sancionó (7) otra ley, la nº 6129, en esencia muy parecida a la 148, cuyo objetivo era la “re-urbanización del Barrio ‘Padre Carlos Mugica’, su integración con el resto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la radicación definitiva de sus habitantes en un hábitat adecuado”. La ley asegura que se dotará al barrio de “los servicios públicos, infraestructura y equipamiento comunitario necesarios”, que se “readecuarán las viviendas existentes para alcanzar estándares de habitabilidad apropiados” y que se le dispondrá de oferta educativa, sanitaria y de movilidad y se impulsarán políticas para la adecuada inserción socioeconómica de las/os habitantes del barrio.
Esta ley, promulgada el 10 de enero del 2019, asigna como autoridad de aplicación a la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISyU) dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “o al organismo que en un futuro la reemplace”. Ésta norma es la más reciente de una numerosa lista de leyes sancionadas entre el año 1998 y el corriente, en donde las gestiones se proponían urbanizar, brindar de condiciones elementales para la habitabilidad de los barrios, y que en 22 años, las gestiones que llevaron adelante estos proyectos de ley, por omisión o falta de acompañamiento financiero, político y humano, no han logrado cumplir con lo legislado.
Crónica de una muerte anunciada. El pase de pelota y la bronca barrial.
La muerte de Ramona Medina y de Víctor Giracoy, referente de más de 25 años en el comedor “Estrella de Belén” ubicado en la Villa 31, fallecido el sábado 16 de mayo por coronavirus, se suceden en un contexto en donde las organizaciones barriales venían denunciando la falta de condiciones básicas para poder afrontar el aislamiento de forma sostenible. La Garganta Poderosa, organización de base con más de 114
Asambleas barriales en toda la región latinoamericana, incluida Rosario, lanzó múltiples informes sobre la situación de las poblaciones más vulnerables a finales de marzo, y el 1ro de abril, el referente de la organización, Ignacio “Nacho” Levy, hizo variadas entrevistas en radios porteñas en donde daba cuenta de las condiciones paupérrimas con las que las decenas de miles de vecinos y vecinas iban a encarar la cuarentena decretada por el presidente Fernández.
En su página oficial, Aguas y Saneamiento Argentino (AySA), dependiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, afirma que se encuentra trabajando para brindar servicio de agua al Barrio 31, pero que no le corresponde, ya que desde el año 2010, un convenio firmado por el entonces Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, es la Ciudad la que se encarga de asegurar los servicios públicos, entre ellos el acondicionamiento y buen funcionamiento de las redes de distribución de agua potable. Dicha afirmación es reproducida en un comunicado del día 2 de mayo. En este marco, el secretario de integración urbana del GCBA Diego Fernández habló (8) de que hubo “problemas con el agua”, y que estaban llevando 300 mil litros de agua potable al barrio, lo cual habla (sobre un número aproximado de 40 mil personas, según el propio Fernández) de un total de 7 litros y medio por persona por día.
El 30 de abril, La Poderosa denunciaba (9) que tenían en el Barrio Mugica 57 casos positivos de coronavirus, cuando hacía 5 días que no tenían agua. Al 20 de mayo, la organización donde militaba Ramona hasta el momento de su muerte, La Poderosa, informaba que hay 1551 casos positivos de COVID-19 en las villas de CABA, y 15 personas fallecidas, siendo la Villa 31 la de mayor concentración de casos con 1045 personas infectadas.
Según relevamientos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 8% de la población de la Ciudad vive en una villa de emergencia, mientras que 1 de cada 3 infectados (10) con coronavirus de la Capital Federal vive en un barrio popular.
Ramona Medina – Fuente: La Garganta Poderosa
Los niveles de hacinamiento y la falta de condiciones básicas de higiene, urbanización y saneamiento de las villas de Buenos Aires son sin duda las razones por las cuales la curva de contagios se vio disparada como lo hemos visto en las últimas semanas. En los últimos años, las políticas de ajuste y de recortes presupuestarios derivaron en escenarios de abandono de diferentes sectores vulnerables, dependientes del acompañamiento del Estado, como por ejemplo las cárceles y los hospitales mentales. Si el Estado, tanto nacional como local o provincial no toman cartas en el asunto, la situación en los barrios marginales tendrá su correlato en los penales y los manicomios.
Los gritos por ayuda de Ramona Medina no sólo denunciaban una situación acuciante, sino que además revelan años de desidia y abandono estatal general que de no ser respondidos con acciones concretas, resultarán en una verdadera y todavía evitable tragedia.
Fuentes:
- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3117364491657299&id=974639189263184
- http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley148.html
- https://avestruz.com.ar/2013/09/10/infojus-borrada-macri-desvia-plata-villa/
- https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-212524-2013-01-24.html
- https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/para-2019-la-villa-31-sera-un-barrio-y-sus-habitantes-propietarios-nid1926929
- https://www.cronista.com/economiapolitica/BID-financia-us-350-millones-para-la-Villa-31-20170928-0045.html
- http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley6129.html
- https://radiocut.fm/audiocut/diego-fernandez-con-ernesto-tenembaum-sobre-ramona-medina
- http://www.lapoderosa.org.ar/2020/04/el-gran-geriatrico-sin-agua/