Las causas que atemorizan a funcionarios del Gobierno ante la posible salida del poder

Las causas que el macrismo tiene pendientes de definición en Comodoro Py por presuntos hechos de corrupción podrían tomar un nuevo impulso frente a un eventual cambio de Gobierno de cara a octubre.

Son múltiples investigaciones que hasta el momento no han traído grandes complicaciones para el oficialismo, pero que sí podrían cambiar de ritmo en caso de que el Gobierno sufra una derrota electoral el 27 de octubre, tal cual la práctica judicial históricamente lo indica.

En lo que va de la gestión del macrismo, en Tribunales de Comodoro Py hubieron al menos 200 denuncias por distintos hechos que directa o indirectamente le pegan de lleno al presidente Mauricio Macri o parte de su gabinete.

No obstante, no todas las causas están en trámite y un puñado de ellas son las que preocupan al oficialismo.

Una de las causas tiene que ver con la reestructuración de la deuda del Correo Argentino en la cual está imputado el ministro Oscar Aguad, por una pérdida millonaria que sufrió el Estado Nacional: en esa causa fue desvinculado el Presidente, pero es algo que podría revertirse o no con el avance de la investigación que está en poder del juez Ariel Lijo.

Otra de las causas tiene que ver con el supuesto favorecimiento a los concesionarios de autopistas por parte del Estado Nacional, en donde el fiscal Carlos Stornelli decidió abrir una investigación que abarca a Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y los directivos de la empresa Autopistas del Sol.

La sospecha es por el acuerdo a raíz del cual la empresa tuvo la autorización del Gobierno para aumentar sus tarifas, y a raíz que la firma tendría vínculos con la familia Macri.

También otra investigación más reciente, pero que podría traerle complicaciones al Gobierno tiene que ver con la concesión de parques eólicos la cual está sospechada de irregularidades, ya que no medio licitación.

Asimismo, y de manera indirecta, sin lugar a dudas en la agenda opositora del Gobierno está avanzando la causa por presunto espionaje ilegal que tramita en el juzgado federal de Dolores pues allí se pone en duda la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia de Gustavo Arribas, un hombre muy cercano al presidente Macri.

En esa investigación si bien no hay funcionario oficialista imputado e investigado, sí se pone en duda la actuación de la AFI y además la lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla, a quien el Gobierno intenta correrlo mediante un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura.