Las partidas asignadas por el presupuesto 2025 para vivienda cayeron dramaticamente
En la reunión informativa de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, quedó claro que el recorte del presupuesto en servicios sociales ha sido una parte fundamental en el logro de superávit fiscal por parte del Gobierno: casi la mitad de la reducción del gasto entre 2023 y 2025 se explica por la baja en este rubro.
La comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Leandro Santoro se reunió este miércoles para escuchar a especialistas que se expidieron sobre el Presupuesto 2025, que contempla en materia de obra publica relacionada a la vivienda, además, que sectores se encuentran afectados por la falta de politicas que faciliten el acceso a la vivienda, y de que manera repercute en la actividad que desarrollan empresas ligadas a la construcción.
Entre los invitados participó, en el arranque, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), cuyos miembros analizaron el presupuesto nacional 2025 con el objeto de advertir el impacto de la asignación y ejecución presupuestaria, e indicaron que el proyecto establece un aumento del gasto de 4,3% interanual en términos reales.
«Este incremento, aún está lejos de compensar la caída de 2024: entre 2023 (año del último presupuesto aprobado por el Congreso) y 2025 se consolida una caída del 24% en el gasto.“La vivienda y el hábitat son dos temas donde el presupuesto hace efectivos, o no, los derechos”, consideró.
En un contexto de una fuerte crisis económica y social, el gasto en servicios sociales muestra un aumento que queda muy lejos de recuperar niveles anteriores a 2024, donde buena parte de las reducciones más significativas en el gasto social durante el bienio 2023-2025 se concentran en áreas cuyo desfinanciamiento compromete las condiciones de progreso social de mediano plazo de los sectores populares: Agua Potable y Alcantarillado (-57%), Vivienda y Urbanismo (-47%), Educación y Cultura (-40%), en un contexto en el que el presupuesto mantiene los privilegios fiscales para los sectores de más altos ingresos, agudizando la desigualdad del sistema.
Por su lado, el director de la Organización Techo Juan Maquieyra, dijo que resulta imperioso que los distintos estamentos de Gobierno, inviertan en infraestructura,» hoy tenemos casi 5 millones de personas viviendo en barrios populares, personas que en más del 60% de los casos no tienen acceso a la red eléctrica, en más del 91% de los casos no tienen acceso formal a la cloaca o al agua potable».
No es la inversión estatal o la inversión privada, no es los pobres o los ricos, es con todos
«Que estemos así, creemos nosotros que habla mal de cómo estamos como país, de cómo se ha liderado la Argentina desde los distintos sectores hasta este momento» y agregó: «Creemos que nadie puede tirar la primera piedra en términos de pobreza. Y creemos que es responsabilidad nuestra en lo que nos toca y de cada uno en lo que le toca revertir esa situación porque es dramática», manifestó el representante de Techo.