Laura Alonso asistirá a Diputados para exponer sobre el proyecto de Ley de Ética Pública

La comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara baja se reunirán para tratar sobre la nueva ley de Ética Pública que impulsa el Gobierno nacional, con la presencia de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Un plenario de comisiones presididas por Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky, ambos del PRO, comenzará la reunión este mares a partir de la 14 en el Anexo de la Cámara de Diputados a las 14.

La iniciativa del oficialismo fue propuesta por el presidente Macri en 2018 cuando se realizó la apertura de la Asamblea Legislativa y girada al Parlamento el 6 de marzo.

La presencia de Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción, y del secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez, se da en el marco de la reunión que reviste el carácter de informativa.

El proyecto, que contiene 74 artículos, busca establecer reforzar las prohibiciones relacionadas con el nepotismo y conflicto de intereses, y exigir la presentación de declaraciones juradas patrimoniales.

La iniciativa propone, además, la publicidad de la información tanto del funcionario cómo del cónyuge y de sus hijos, y extiende la obligación de informar a los directivos de los sindicatos, obras sociales y a los partidos políticos.

La iniciativa consigna como deberes de todo funcionario «rechazar cualquier beneficio personal derivado de la realización, retardo u omisión de un acto inherente a la función»; «velar por el uso adecuado de la información adquirida en ejercicio de sus funciones»; y «poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier situación ilícita o irregular de la que tuvieren conocimiento».

En el caso del presidente de la Nación, el vice, el jefe de Gabinete, los ministros, funcionarios con rango y jerarquía equivalente y secretarios de Gobierno, la prohibición se extiende al ámbito de todo el sector público nacional.

Otro capítulo hace referencia a los conflictos de intereses, que según la norma existe «cuando concurren o pueden concurrir el interés público propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico», y destaca que se trata de una «situación objetiva que se configura independientemente de la intención del funcionario».

Finalmente, el proyecto establece que los funcionarios tendrán prohibido durante el ejercicio de sus funciones, ya sea en forma honoraria o remunerada, «realizar una actividad en el ámbito privado o prestar servicios para quien realice una actividad en ese ámbito sobre la que tenga algún tipo de atribución en ejercicio de la función pública».