Legisladores pedirán explicaciones al Gobierno por los alimentos retenidos en galpones

Legisladores nacionales radicales, peronistas y socialistas de distintos puntos del país hicieron tres presentaciones para exigir respuestas al Gobierno nacional por la retención de más de cinco mil toneladas de alimentos que guardan en galpones.

El Ejecutivo comandado por el ultraderechista Javier Milei se niega a entregar la comida a los comedores en plena crisis económica y social que atraviesa el país, pese a que la Justicia exigió que se repartieran.

Algunas de las iniciativas son individuales, otras fueron articuladas de manera interpartidaria, apuntan al Ejecutivo en general, como al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello; y también piden determinar qué se entiende por «emergencia» y «catástrofe».

«Que el Gobierno informe por qué no distribuye los alimentos cuando hay emergencia por el hambre y la malnutrición», escribió en sus redes sociales el diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes. Él, junto a otros siete legisladores de distintos partidos, hicieron un pedido de informes para que detalle «por qué no cumple sin dilaciones con el fallo judicial sobre la distribución de alimentos acumulados en los depósitos».

Que el Gobierno informe por qué no distribuye los alimentos cuando hay emergencia por el hambre y la malnutrición.

Presentamos con diputados de distintos bloques un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que detalle por qué no cumple sin dilaciones con el fallo judicial… pic.twitter.com/Lm7gEhNjES

— Facundo Manes (@ManesF) May 29, 2024

El Gobierno nacional admitió la existencia de los alimentos a fines de la semana pasada a través del vocero presidencial, Manuel Adorni. El funcionario, además, justificó la no entrega en la excusa de que están «reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes», pese a que fueron comprados por la gestión anterior.

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Según se supo, la comida que reclaman los comedores se encuentra en enormes galpones del ex Ministerio de Desarrollo Social, en Villa Martelli, Ciudad de Buenos Aires; y Tucumán.

A partir de la documentación a la que se accedió, se pudo saber que el Gobierno retiene yerba mate, leche en polvo, aceite, puré de tomate, garbanzos, harinas de trigo y maíz, locro y arroz con carne. En menor cantidad, hay arvejas, lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo. Tras las demandas judiciales que realizaron a partir de esto, el juez federal Sebastián Casanello exigió que el Gobierno armara un plan de entrega de la comida que, al momento, el Ejecutivo objetó.

LAS INICIATIVAS PRESENTADAS

El proyecto impulsado por Manes consta de nueve puntos y solicitan saber si existen alimentos bajo la órbita de Capital Humano, el stock, dónde se encuentran y su clasificación. También requieren el registro de ingresos y egresos de la mercadería, su expiración, si está prevista su entrega y cómo será, en caso de que hubiera alguna planificación. También exigen conocer si será en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre.

El diputado nacional Fernando Carbajal, sostuvo en diálogo con Conclusión que la citación a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, es para que aclare la «situación que por su gravedad amerita que se le explique al Congreso que paso con esos alimentos, hay un contexto en el que los comedores cumplen una función social importante frente a la caída del empleo y a las necesidades sociales»:

«La explicación que dio el gobierno es infantil e insustancial, queremos que la ministra venga al Congreso, como responsable del área, porque es una obligación que tienen los funcionarios del gobierno».

En esta iniciativa solicitaron que el Gobierno definiera «emergencia” y “catástrofe», adjudicadas por Adorni, y por qué decidieron apelar la decisión de Casanello. El documento está firmado por Manes, Mónica Fein (Partido Socialista-Santa Fe), Natalia de la Sota (Hacemos Coalición Federal-Córdoba), Fernando Carbajal (UCR-Formosa), Manuel Aguirre (UCR-Corrientes), Marcela Coli (UCR-La Pampa), Daniel Gollan (Unión por la Patria-Buenos Aires) y Pablo Juliano (UCR-La Plata).

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La senadora Nora del Valle Giménez, de Unión por la Patria (UxP), por su parte, presentó un proyecto de declaración en el que repudió la falta de entrega de la comida.

«La difusión de la noticia tuvo amplias y profundas repercusiones políticas por tratarse de un tema de cuestión humanitaria, sensible, basado en una necesidad y derecho humano fundamental para una franja importante de la población que alcanza cerca de 10 millones de personas en condiciones de empobrecimiento e indigencia comprendiendo niños y niñas, jóvenes, mujeres a cargo de familias, adultos mayores, personas en situación de calle, comunidades indígenas, entre otros, población actualmente en críticas condiciones social, laboral y económica en todo el territorio nacional», escribió en los fundamentos de la iniciativa.

Allí, también remarcó la situación que atraviesan las infancias y citó un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, según la sigla en inglés), que reveló que más de 7 millones de niños y niñas se encuentran bajo la línea de la pobreza, «situación que se agravó en este contexto de ajuste y caída del 75% del presupuesto nacional destinado a niñez».

Presenté un proyecto en el @SenadoArgentina para que el Ministerio de Capital Humano informe las razones por las cuáles no se han entregado a comedores las 5 mil toneladas de comida que están almacenadas en depósitos de Villa Martelli y de Tucumán #RepartanLaComida pic.twitter.com/TZSWwKj2lw

— Nora del Valle Giménez (@noragimenezok) May 29, 2024

Del Valle Giménez, también, hizo un pedido de informes para conocer las razones por las que se recortó el alimento a merenderos y comedores comunitarios. Pidió que se dé cuenta de las auditorías realizadas hasta el momento y el detalle de la nómina de organizaciones e instituciones alcanzadas en todo el territorio nacional a las que deberían ser entregados.

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Sobre ellos, vale decir, que el Gobierno nacional emprendió una fuerte campaña de estigmatización, e incluso impulsó una causa judicial -que también tiene Casanello- en donde se acusa a dirigentes de “extorsionar” a las personas que asisten a los comedores.