Los mayores evasores, que sacaron plata del país, piden subsidios del Estado

Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires –

En abril las autoridades de Francia, Austria Dinamarca y Polonia resolvieron que las compañías registradas en paraísos fiscales no se podían acoger a las ayudas financieras de sus paquetes de rescate por la pandemia. Tanto Techint como Clarín, beneficiarias del plan del Gobierno son propietarias de cuentas en paraísos fiscales, en el marco de la pandemia de coronavirus, repartieron ganancias con sus accionistas, mientras despedían trabajadores. Todo ocurre al tiempo que el sector Pyme se desgañita pidiendo consensuar políticas que salven al continuidad de la producción y el comercio. Sobre este punto, la diputada nacional Fernanda Vallejos, instó a que el Estado «lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación sobre el capital de las compañías».

Este miércoles, el diputado nacional Máximo Kirchner, advirtió en el parlamento que el gobierno se equivocó al incluir a la multinacional de la alimentación Mondalez, en el programa de ayuda para el pago de sueldos. Y que se trató de «un error que había que corregir».

Por su lado la diputada nacional María Fernanda Vallejos sugirió vía su cuenta social de Twitter, que: El Estado argentino, debería, por ejemplo -si la decisión política es asistir con recursos públicos a grupos económicos que tienen, en el país o en guaridas fiscales, recursos propios para afrontar la situación-, participar en el capital de esas empresas».

Fernanda Vallejos

En medio de esta sangría del erario público, los recursos, de por sí escasos, se han convertido en el reaseguro económico de algunos pulpos inquietos ante la merma de sus utilidades, a expensas de la pequeña y mediana empresa que representa el 70 por ciento de los trabajadores del país.

A comienzo de mayo algunos miembros del Foro de Convergencia Empresarial, pidieron ayuda para el pago del sueldo de sus trabajadores. La lista, rica en empresarios con grandes fortunas solicitó al Presidente que continúe “tomando las medidas económicas, financieras, crediticias e impositivas que aseguren el pago de los salarios”, como también «en todas las unidades productivas y de servicios del sector privado, y preserven la continuidad de las empresas”.

La iniciativa del Grupo Clarín, Techint, Fiat Argentina, y Arcor, resulta contradictoria a la hora de evaluar la lloratina en su postura, al referir que “la llegada de la pandemia encontró a Argentina en una situación de debilidad, producto de una prolongada recesión», cuando fueron quienes sostuvieron e impulsaron la política económica del macrismo.

No obstante, a pesar de ser activos participes y beneficiarios del oprobio cambiemita, señalaron que “los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas”, constituye “un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión”.

Es decir, quienes le echaron mano a los mecanismos de elusión y evasión contra el Estado argentino desviando dinero a paraísos fiscales, reclaman para si lo que le negaron a la sociedad en la que se desarrollaron.

En diálogo con Conclusión, le especialista en economía del Frente de Todos, en la Cámara de Diputados, María Fernanda Vallejos, sostuvo respecto de la situación que atraviesa Argentina que está «claro que estamos ante una situación extraordinaria que, por la enorme cantidad de dificultades sanitarias, económicas y sociales que implica la pandemia, demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado».

Para la parlamentaria, esta presencia del Estado se traduce y materializa con «la inyección de una importante cantidad de recursos que deben ser suficientes para garantizar la preservación del tejido productivo y el bienestar de las familias mientras dura el confinamiento».

«En este marco, el Estado tiene dos grandes opciones: una es aplicar una política de transferencia de ingresos y distintos mecanismos de ayuda de carácter universal, el otro es asignar esos recursos sólo a quienes el Estado evalúa que los necesitan», puntualizó Vallejos.

Respecto de cuál es la modalidad adoptada, la congresista, precisó que «el gobierno argentino, partió de la hipótesis de que no sería conveniente que la asistencia del Banco Central complete la cuantía de recursos que harían falta para una política de corte universal», por lo tanto «optó por este segundo camino, de modo que para acceder al IFE, se deben cumplir una serie de requisitos, lo mismo ocurre con las facilidades crediticias y fiscales para empresas y otras personas, así como con el resto de los programas».

Banco Central

Sin embargo, al ser consultada de qué manera el Gobierno podría establecer garantías un marco de equidad en el contexto descripto, expresó que «los criterios aplicados para determinar quiénes acceden y quienes son excluidos de las ayudas, se tornan cruciales. Esto ocurrió con el programa ATP, que paga parte de los salarios del sector privado», no sin antes advertir que «la noticia de que varios grupos económicos de los que se tiene conocimiento que han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales, etc., accedieron al ATP, evidencia la necesidad de que esos criterios sean revisados».

En relación a cuales serían las medidas convenientes para alcanzar los objetivos que se propuso el Frente de Todos, en su contrato electoral, Vallejos discurrió que resulta «evidente que, si los recursos no alcanzan para todos, resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden entre las responsabilidades del Estado: homologar convenios salariales que eviten el recorte del 25%, aumentar jubilaciones, ampliar la cobertura y/o el monto del IFE, asistir más fuertemente a empresas en verdaderas dificultades, entre otras».

Finalmente, la diputada Vallejos, analizó que «un criterio básico de exclusión sería negarle la ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino» y remató «si el Estado decide subsidiar a grandes grupos económicos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación sobre el capital de las compañías».