Fopea rechazó el decreto del Gobierno que limita el acceso a la información pública
La modificación del Ejecutivo a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública establece que los tres poderes del Estado no estarán obligados a publicar "datos de naturaleza privada".
El Gobierno oficializó este lunes por decreto los cambios a la Ley de Acceso a la Información Pública, entre los que se enfatiza que deben preservarse los datos del ámbito «privado» de los funcionarios. A raíz de ello, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó las medidas.
La modificación del Ejecutivo a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública establece que los tres poderes del Estado no estarán obligados a publicar «datos de naturaleza privada».
Tampoco deberán presentar «las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo» que deriven en decisiones de Gobierno, y se incorporó el principio de «buena fe» para penar a quienes realicen pedidos de acceso a este tipo de documentos o a cuestiones relacionadas con la vida privada de los funcionarios.
Desde FOPEA argumentaron que el decreto implica un retroceso democrático «grave», dado que limitar los datos «desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública».
En este sentido, señalaron que toda la información que existe en poder de órganos públicos «puede y debe ser divulgada». «Son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los Gobiernos sino un imperativo normado», sostuvieron.
«Hay sobrada jurisprudencia internacional y nacional en la que se ratifica que el acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos, tales como derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el derecho a la información permite a los ciudadanos definir ciertas circunstancias que pueden afectar su vida cotidiana y desarrollar la capacidad para tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de mejorar sus condiciones de vida», destacaron.
«Tal como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público y esa diferencia se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente», sostuvieron.
«Además, destacamos que nos preocupa especialmente el artículo que pretende confeccionar un registro dirigido a identificar al solicitante, el contenido de la solicitud y la respuesta brindada con el fin de agilizar y facilitar la respuesta de nuevas solicitudes cuyo contenido coincida con el de otras evacuadas previamente», añadieron.
«En rigor, ninguna modificación administrativa puede significar un retroceso en la garantía del derecho, tal como se pretende con este decreto publicado, en el que incluso se habla de abuso en el ejercicio de petición por parte de los solicitantes», reforzaron sobre esto último.
CONTEXTO
El presidente Javier Milei se mostró reacio desde el inicio de su mandato a brindar información respecto de algunos aspectos de su vida privada, por ejemplo al ser consultado respecto de la cantidad de perros que viven en la Quinta de Olivos y el costo de la construcción de los caniles en la residencia presidencial.
En abril, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se había molestado en conferencia de prensa cuando le preguntaron por los caninos: «Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa, es meterse con su familia», había sentenciado.
