Odebrecht admitió el pago de sobornos por obras del tren Sarmiento

El empresario brasileño Marcelo Odebrecht, dueño de la firma homónima y encarcelado (delator premiado) en Brasil por la red de coimas desplegadas para adjudicarse obras en toda Latinoamérica, confesó que el proyecto del soterramiento del tren sarmiento implicó el pago de sobornos millonarios, según publica hoy el diario La Nación, en una investigación del periodista Hugo Alconada Mon. La cifra, rondaría los 20 millones de dólares.

De los documentos clasificados consultados para el informe, se desprende otros datos interesantes: la utilización de la sigla «DGI» en un memo, explicó Odebrecht a sus interrogadores, implicaba haber asumido «compromisos políticos», afrontar «favores», «contribuciones», «pagos a agentes públicos», «donaciones» u otros rubros ilícitos que terminaban incorporándose a los costos finales de cada contrato, descartando la hipótesis que aseguraba que se refería a la Dirección General Impositiva.

Marcelo Odebrecht no propinó los nombres de los receptores e intermediarios de esta operatoria, ni tampoco los montos; la cifra fue deducida de declaraciones de otros ejecutivos de la compañía. Odebrecht se excuso diciendo que el «delegaba mucho».

Condenado a 19 años y 4 meses de prisión por el juez federal brasileño Sergio Moro, el magnate  también aludió a la imposición de ciertos «socios locales» por parte del gobierno kirchnerista como condición ineludible para pujar con chances por contratos millonarios. Según esta declaración, algunos paises imponian el tratamiento con operadores intermediarios para estas transacciones, siendo la Argentina uno de los citados.

Para disputar el proyecto del soterramiento del Sarmiento, la constructora brasileña conformó un consorcio con otras tres empresas -la argentina Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa-, mientras que para otros proyectos en la Argentina recurrió a la constructora Esuco, de Carlos Wagner, y a la firma BTU, de Carlos Mundin, a lo que se suman los supuestos «servicios de consultoría» de Jorge «Corcho» Rodríguez.

En el caso del soterramiento del Sarmiento, Odebrecht trató con tres equipos de operadores distintos al negociar con Iecsa. Es que la constructora funcionó hasta 2007 bajo el control de Franco Macri y desde entonces quedó en manos de su sobrino, Ángelo Calcaterra, primo del por entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Pero a partir de marzo de este año, ya con Macri como presidente y con la Justicia merodeando el caso, Iecsa cambió otra vez de dueño. Marcelo Mindlin tomó el control de la compañía con una condición: armar un «fondo de contingencia» -una reserva sobre el precio total de venta- que le permita afrontar las eventuales multas y penalidades que las autoridades argentinas puedan imponerle si se verificaran esas coimas.

Además de los funcionarios abocados a la licitación de obras, pertenecientes a la cartera de Julio De Vido, como Ricardo Jaime y José López, el cerco de la sospecha comienza a cerrarse sobre algunos personajes empresariales, más cercanos al actual mandatario. Es el caso de Héctor Javier Sánchez Caballero, uno de los máximos directivos de Iecsa de entonces, a quien expondrían algunos mails cruzados con operadores y funcionarios de Odebrecht en Brasil.

Hombre fuerte de Calcaterra en Iecsa durante años, Sánchez Caballero actuó como director titular de la constructora hasta el 16 de marzo, cuando Mindlin ingresó a la empresa, la rebautizó Sacde (Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico SA) y reemplazó todo el directorio por gente de su confianza.

Ahora, cuando le resta un mes para cumplir 62 años, Sánchez Caballero continúa cerca de Calcaterra y presta servicios de asesoramiento al equipo de Mindlin mientras completan la transición. Y les dice a sus íntimos que él nada sabe de pagos de sobornos y que, al menos delante de él, «nunca se habló de eso», según consigna el diario La Nación.