Otro revés judicial para el gobierno: investigan a funcionarios libertarios por buscar quedarse con una obra social sindical

Un fallo judicial determinó que la Superintendencia de Servicios de Salud regrese la titularidad y control de la obra social de los peones rurales al sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Además, el Juzgado Federal de Santa Rosa dio curso a la denuncia contra los funcionarios que llevaron adelante la intervención de la entidad sanitaria por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras revelarse la existencia de irregularidades en la decisión de la entidad estatal.

El superintendente Gabriel Gonzalo Oriolo, apañado por un decreto firmado por el presidente Javier Milei, llevó adelante el pasado 5 de agosto la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera) -una de las obras sociales más importantes del país, con más de un millón de beneficiarios– luego de que la entidad regente de los servicios de prestación de salud argumentara que la obra social se encontraba en una situación financiera “crítica”.

Las razones

La resolución de los jueces Juan José Baric y Antonio Lois Loureda revirtió la decisión ejecutiva y dictaminó que “se advierte resultado positivo del ejercicio contable” cerrado el 31 de diciembre del 2023 y “con respecto a las deudas se advierte que las mismas han disminuido”, con lo que lo dicho por la Superintendencia se contradice con la realidad.

En el texto del fallo, el juzgado analizó que las condiciones en las que la obra social prestaba el servicio y los niveles de litigiosidad no se condicen con lo dicho por la entidad liderada por Oriolo, con lo que se desprende una arbitrariedad para la intervención por parte del Estado.

Es por esto que la Justicia exigió al superintendente que presente un informe donde explique los basamentos con los cuales se decidió intervenir Osprera y suspender la resolución de manera “preventiva”, “haciendo saber a la Superintendencia de Servicios de Salud y a toda entidad institucional y bancaria que corresponda, que se abstenga de ejecutarla”.

Irregularidades en la intervención

El fallo se dio luego de que el secretario general del sindicato de Peones Rurales, José Voytenco, realizara una presentación ante la justicia apelando la intervención de la obra social, donde junto con el gerente de Asuntos Jurídicos de Osprera Lucas Eksiyan, señalaron una serie de irregularidades en la medida de la Superintendencia.

Uno de los argumentos que esgrimen desde el sindicato es que la Superintendencia exigió al gremio una serie de requerimientos en referencia a la situación económica y en legal de la obra social, los cuales debían tener una respuesta antes del 22 de agosto, fecha a cumplir el próximo miércoles. No obstante, el organismo no esperó más de un día hábil para llevar adelante la intervención.

Por otro lado, desde el gremio desmintieron que el estado financiero o el nivel de litigiosidad y de atención de la obra social estuviera al menos cerca del quebranto, lo cual formaba parte de los reproches de la Superintendencia.

En este sentido, desde el gremio denunciaron a Oriolo y a los titulares de las diversas áreas técnicas que interfirieron en la resolución por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público. Por otro lado, junto a los mencionados fue denunciado el diputado nacional de La Libertad Avanza Pablo Ansaloni “por asociación ilícita y tráfico de influencias, con el fin de desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de la Osprera y hacerse el control de la obra social”.

Pablo Ansaloni, diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

¿Quién es Pablo Ansaloni?

Ansaloni no tiene la ficha limpia: fue el vicepresidente de Osprera entre 2018 y 2019, mientras cumplía funciones como legislador, primero por Juntos por el Cambio y después por Frente de Todos. Evidentemente no se sintió cómodo con sus anteriores abanderados y cambió su lealtad a La Libertad Avanza, por quienes hoy ocupa una banda en la Cámara Baja.

Su nombre pasó a los diarios nacionales en 2019 por dos razones: por un twit de Mauricio Macri donde lamentaba que él y otros diputados abandonaran el bloque “luego de formar parte de nuestras listas” y porque un sicario ejecutó a su chofer, siendo que el verdadero objetivo del sicario era el propio legislador.

En 2021, el gremio de los peones rurales lo corrió de su cargo después de que se viralizó un video donde se escuchaban declaraciones antisemitas por parte del legislador. Al poco tiempo, Uatre lo acusó de haberse quedado con “algo más de 10,5 millones de pesos de la obra social del gremio en dos años”. La denuncia todavía se tramita en la justicia.