Parrilli propone investigar la relación crediticia entre Vicentin y el Banco Nación
El proyecto apunta a establecer si el "Banco de la Nación Argentina cumplió con los procedimientos para los otorgamientos de los préstamos y sus refinanciaciones y si se ajusta a la normativa vigente por el Banco Central de la República Argentina.
El senador Oscar Parrilli presentó un proyecto para crear una comisión bicameral que investigue presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa intervenida.
La iniciativa esta siendo tratada este viernes de forma virtual, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside María de los Ángeles Sacnun.
Parrilli expresó que el fin de esta bicameral es investigar los prestamos otorgados a Vicentin por el Banco Nación, y la participación de Javier González Fraga. La empresa está en concurso de acreedores.
El ex titular del Nación esta imputado en una causa con el cargo de presunto fraude al Estado, pero no solo por esta operatoria esta comprometido Fraga, sino también los ejecutivos de la empresa agroexportadora Gustavo Nardelli y Alberto Padoan. La causa es llevada por el juez Julian Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.
El proyecto del senador neuquino tienen como objeto integrar la bicameral con seis senadores y seis diputados para que se encarguen investigar las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco Nación y Vicentin, además de una posible “defraudación y estafa comercial a acreedores”.
Además, la comisión estafa facultada para indagar la existencia de desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país o en el exterior.
Por otro lado, en materia tributaria, podrá entender en la evasión de tributos y otros gravámenes fiscales y cual fue el accionar de la Unidad de Información Financiera (UIF) por “incumplimiento en sus obligaciones de control”.
El proyecto también direcciona la lupa a conocer supuestos “movimientos de fondos entre empresas vinculadas efectuando posibles maniobras espurias a efectos de ocultar y/o simular la verdadera realidad económica, de provocar el déficit económico y financiero que ocasionaron el proceso concursal, como también detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”.