«Pediremos juicio político al Canciller Faurie por eludir al Congreso en el acuerdo con Inglaterra»

Enviado especial a Buenos Aires -Aldo Battisacco

El diputado nacional de Mendoza, en el Frente para la Victoria-PJ, Guillermo Carmona, impulsa el juicio político al canciller Jorge Faurie, por entender que «ha incurrido en un grave mal desempeño en sus funciones». Y entiende que «igual que su antecesora Susana Malcorra, ha eludido darle intervención al Congreso de la Nación para que apruebe o deseche los acuerdos que la Cancillería viene celebrando». Esta cuestionable omisión impulsó a diputados del FPV-PJ a pedir «el juicio político del Canciller argentino por celebrar acuerdo secretos con Inglaterra».

Carmona dialogó con Conclusión y explicó que se trata de una iniciativa «de los legisladores del FPV-PJ en la Cámara baja, que integran la Comisión de Relaciones Exteriores, que tras escuchar al Canciller señalar que el gobierno avanza en acuerdos diplomáticos sin intervención del Congreso, tal como lo establece la Constitución en el artículo 75 inciso 22, se decidió a evaluar el pedido de juicio político”.

Guillermo Carmona

Para el diputado cuyano, «son contados los acuerdo suscriptos por el gobierno de Macri que fueron remitidos al Congreso nacional», al tiempo que advirtió «que uno de los hechos más graves es que Macri acordó con el Gobierno de Gran Bretaña una serie de condiciones -en lo que se conoce como acuerdo Foradori -Duncan- una serie de acciones que ponen en grave riesgo la reivindicación de soberanía de Argentina sobre Malvinas y compromete acciones de parte del gobierno argentino para habilitar la explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros».

“El 13 de septiembre de 2016, el Ejecutivo nacional acordó, con el Reino Unido, un tratado que establece concesiones inadmisibles, que afectan especialmente la reivindicación de soberanía. Dice que las partes se comprometen a remover los obstáculos para el crecimiento económico y desarrollo sustentable de las Islas Malvinas. Es un beneficio explícito a favor de la ocupación”.

En otro orden, Carmona encendió la luz de alarma al relatar que «la administración del presidente Mauricio Macri, avanzó en una múltiple suscripción de acuerdos con Estados Unidos, de los que el Congreso ignora su contenido porque no remitió ninguno, soslayando el debido respeto por la institucionalidad, porque desconoce la representación del pueblo de la Nación en el Parlamento».

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Y añadió con preocupación que esos acuerdos «generaron una grave situación de dependencia de Argentina, de los cuales el más evidente es con la Guardia Nacional de Georgia, que reproduce las condiciones de capacitaron de militares argentinos por parte de Fuerzas Armadas estadounidenses que impartían la teoría de la Seguridad Nacional en la Escuela de las Américas. Y que tuvo nefastos resultados en Argentina porque constituyó la matriz filosófica del terrorismo de Estado en Argentina».

Consultado cuando se hará la presentación con el pedido de juicio Político al Canciller Faurie, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, manifestó que «se está elaborando el texto correspondiente ya que se viene documentando el mal desempeño del funcionario y cabe señalar que en la reunión que mantuvimos con el Canciller surgieron nuevos elementos que serán incorporados al escrito».

Escuela de las Américas

Para Carmona es muy grave que el Canciller «este utilizando la terminología que utilizan los británicos al hablar de pueblo isleño, y la relación entre ambos, se pone en juego a la soberanía porque remite a la conceptualización de lo que tiene que ver con el derecho a la autodeterminación de los pueblos».

«Si se trató de impericia, es grave para un diplomático de tantos años de ejercicio. Y en caso que no lo haya sido, habrá que precisar si se debe a una concesión”, discurrió el diputado. Carmona sospecha que se está ante «una articulación con el Gobierno británico de negocios petroleros.

Por último, este medio pregunto al diputado cuyano si el peso de una decisión judicial alcanzará solo a Faurie. respondió que «la obligación del Canciller es cumplir con la Constitución Nacional, el está ejecutando un acuerdo que no está aprobado por el Congreso y da cumplimiento a lo acordado. Así incurre en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por desconocer la Carta Magna», finalizó Guillermo Carmona.