Peligran más de 2.800 obras públicas financiadas por Nación: «Para los gobiernos locales va a ser imposible concretarlas»

Por Lautaro Zeballos

El presidente electo Javier Milei ratificó en las útlimas horas su intención de reducir a cero la obra pública nacional en la totalidad de las provincias, un anuncio que puso en jaque la concreción de más 2.800 trabajos de infraestructura en distintos puntos del país, pero también los puestos laborales y el desarollo de la actividad económica que traen aparejados, unos 200.000 en todo el país y alrededor de 20.000 en Santa Fe. Esto generó la reacción de diferentes actores, que advirtieron que los gobiernos locales y las administraciones provinciales quedarán imposibilitadas de darle continuidad, una situación que podría disparar una oleada de juicios contra el Estado por incumplimiento de contratos.

Los datos oficiales informan que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), inició 7.266 obras y finalizó 4.419 a lo largo de su gestión. Las mismas estuvieron distribuidas en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una inversión total de 796.725 millones de pesos a noviembre de 2023, recursos que -según el Ejecutivo- llegaron en menor o mayor medida al 100% de los municipios del país.

Este total de 7.266 obras contempla además unas 2.329 que están en ejecución y otras 518 que se encuentran en circuito. Adicionalmente, en el MOP hay 676 proyectos en proceso de evaluación y aprobación, pero el presidente electo Javier Milei fue contundente esta semana cuando el conductor Alejandro Fantino le preguntó por la continuidad de la los trabajos de infraesctructura en diferentes municipios. «Nosotros no tenemos plata. Así que esas obras pueden ser entregadas al sector privado para que las termine y que cada intendente busque la forma de financiarlo», aseveró el futuro mandatario. De esta forma, sembró dudas sobre un total de 2.847 trabajos que aun deben llevarse a cabo.

Javier MIlei anunció que interrumpirá toda la obra pública pic.twitter.com/L7dUEzAgFb

— Agencia El Vigía ???????? (@AgenciaElVigia) November 22, 2023

La actual ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe, Silvina Frana, explicó ante Conclusión que para los gobiernos locales sería «imposible» afrontar los costos de estas tareas de desarrollo porque tienen una capacidad de recaudación acotada. Por su parte, -dijo- las administraciones provinciales tendrían también serias dificultades para concretar las obras en marcha y ejecutar nuevos proyectos de esta envergadura, aunque en algunos casos podrían hacerlo a través de un proceso de endeudamiento.

«Una provincia como la de Santa Fe que, a pesar de atravesar un contexto difícil, se encuentra sólida y no está endeudada, tal vez podría pensarlo (como alternativa), pero la discusión es muy profunda. Son medidas monetarias para frenar la emisión porque de esa manera el presidente electo entiende que va a parar la inflación. Eso es parte de la verdad, ya que hay muchas otras causas», planteó la funcionaria saliente.

Gráfico elaborado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Este medio también consultó al dirigente que sucederá a Frana en el cargo, Lisandro Enrico, quien explicó que actualmente está tratando de hacerse con la información detallada de las obras con financiamiento nacional en Santa Fe, pero al no estar en funciones -dijo- se topó con algunas dificultades para acceder a estos datos.

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El Ministerio de Obras Públicas de la Nación que dirige actualmente Gabriel Katopodis estructuró un «Mapa de Inversiones en Argentina» que puede consultarse de manera online y permite divisar los proyectos finalizados y aquellos que quedan por terminarse.

Según este portal, en territorio santafesino se cuenta con un total de 398 obras, de las cuales 212 fueron finalizadas y 144 aparecen en estado de ejecución, mientras que otras más de 40 están tildadas en la categoría «Otras». Dichos trabajos tuvieron un costo promedio de 714 millones de pesos promedio por obra. Si bien no es un parámetro líneal a tener en cuenta, porque algunas tareas demandan una mayor inversión que otras, pero sirve para identificar el caudal de recursos que debería destinarse provincialmente para la concreción de los proyectos.

Fuente: Mapa de Inversiones de Argentina elaborado por el MOP.

El posicionamiento que Javier Milei expuso en la entrevista citada generó la reacción de diferentes actores, que advirtieron las consecuencias que tendría esa medida sobre el conjunto de la economía. Fuentes del Ministerio de Obras Públicas nacional apuntaron a Conclusión que el corte abrupto del flujo de fondos para la realización de trabajos de infraestructura «implicaría que 250.000 familias se queden sin laburo, a las que habría que sumarle los puestos laborales indirectos que genera la actividad y cientos de empresas y PyME’s quebradas y en convocatoria». «Esto sería lo que ya hizo (el expresidente Mauricio) Macri en 2018 cuando se quedó sin financiamiento, pero peor. Además habría innumerable cantidad de juicios contra el Estado por incumplimento de contratos», acentuaron desde el área.

No hay que aguardar hasta el 10 de diciembre para conocer el impacto de esta política. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, aseguró que ya se están enviando los primeros telegramas de despidos en las empresas constructoras debido a los planes del presidente electo de paralizar toda obra pública con financiamiento del Estado nacional.

“Ya hay telegramas de despidos en las empresas por los dichos de Milei. Las empresas normalmente emiten facturas con 60 días de antelación y están diciendo que no van a ejecutar más si no se les paga”, manifestó el titular de Camarco en Radio 10. Solo el trailer de una película que puede dedicar una escena a cada sector que se verá afectado por un sistema desregulado y con pocos ejemplos similares en el mundo.

«No tuve la oportunidad de hablar con Milei sobre este tema, pero lo que el transmite en su mensaje es que, si los municipios y las provincias no tienen dinero, van a tener que conseguir un privado que se interese en hacer la obra. Eso en el mundo no supera el 7% a 10% de la inversión total porque no hay negocio para el sector privado”, concluyó Weiss.

¿Qué pasará en Santa Fe?

En el dialogo con este medio, la ministra saliente de la cartera de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat manifestó que, más allá de conocer el efecto dominó que desencadena la parálisis del financiamiento nacional, en las provincias y los municipios prima la incertidumbre porque el futuro presidente aun no explicitó los pormenores del plan de contención social que desplegará cuando ponga en funcionamiento la motosierrra.

En la Legislatura de Santa Fe también aparecen voces que intentan identificar sobre qué escenario específico operará el economista de La Libertad Avanza. El diputado provincial del bloque del Frente Social y Popular-Ciudad Futura, Carlos del Frade, presentó este jueves en la Cámara baja un pedido de informe que pide que el Ejecutivo precise cuántos puestos laborales dependen de las obras públicas que hasta noviembre de 2023 están financiadas por el gobierno nacional en cada uno de los 19 departamentos de la provincia.

«Presentamos el pedido de informe para saber la cantidad de obras públicas que hay en Santa Fe y cuántos puestos de trabajo se van a perder con respecto a esto. A nivel nacional se hace un cálculo de aproximadamente 450.000 puestos laborales (ligados a esta actividad). Si siempre la provincia santafesina representa entre el 8% y el 10%, estaríamos hablando de más de 40.000 trabajadores y trabajadoras que pueden perder su fuente de ingreso. No sabemos si (el impacto del recorte) va a llegar a esa cantidad, pero por lo menos 20.000 personas se van a quedar sin salario y sin trabajo a fin de año», alertó Del Frade en declaraciones a Conclusión.

Proyecto de Del Frade sobre Obra Pública by Conclusión TV on Scribd

Un adelanto de este panorama fue relatado en la tarde de este jueves por Hugo Dragonetti, presidente de Panedile, una de las contratistas más grandes del Estado, que en dialogo con Radio Con Vos contó que «algunos» de sus colegas «están tomando decisiones trágicas» y «están echando gente».

Sin embargo, las consecuencias previsibles no terminan en el plano laboral. La obra pública tiene un impacto múltiple y nace de una decisión política. Frana recordó ante este medio que los recursos nacionales llegaron al territorio provincial, por ejemplo, para erigir el primer hospital modular detrás del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria cuando aconteció la pandemia de coronavirus.

«También se están desarrollando rutas y obras de impacto hídrico. Nación está financiando lo que se conoce como ‘La cascada del Saladillo’ y un acueducto importantísimo que va a llevar agua del río Paraná al extremo este de la provincia. Cabe recordar que hay lugares donde no se toma agua de buena calidad», subrayó la actual ministra.

«Además -continuó- hay mucha obras dentro del plan Argentina Hace; tenemos el acueducto Gran Rosario, que está prácticamente llegando a su fin; la duplicación de la planta potabilizadora del Gran Santa Fe; otros desarrollos con la Secretaría de Energía de la Nación, como grandes gasoductos; trabajos de hábitat con el Plan Procrear y el Casa Propia Construir Futuro; y escuelas técnicas, jardines y primarias coordinadas con el Ministerio de Educación».

Frana resumió en esta enumeración el listado de obras que -dijo- están o estuvieron conectadas al flujo de recursos nacionales y llamó a pensar en la cantidad de puestos de trabajo ligados a este despliegue y en el círculo económico virtuoso que se genera en la zona en la que un proyecto comienza.

La actual ministra de Infraestructura, Servicios Público y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana (Foto: archivo)

La funcionaria santafesina destacó que sobre todas la cosas que deben tenerse en cuenta, está el rol que cumple que asume el Estado al llegar a aquellos lugares donde el mercado no encuentra en primera instancia un rédito económico. «Ni la provincia ni las localidades involucradas pueden asumir estas obras como costo. Fui diputada nacional en los cuatro años que gobernó Mauricio Macri, que propone un esquema de participación público-privado. ¿Dónde invierte el privado? en aquel lugar donde puede generar rentabilidad. No está mal, porque para eso es privado y para eso desarrolla una actividad, para conseguir ganancias. Vivimos en una economía que respeta al mercado, pero el Estado está para invertir en aquellos lugares donde el privado no invierte y generar condiciones para que decida invertir», resaltó.

«En un lugar en donde llega el gas, es más fácil que se instale una empresa. ¿Qué privado va a hacer un gasoducto? Salvo que desarrolle uno y les cobre a los usuarios el valor de la obra. Sería todo un esquema que no tiene antecedente semejante. En el tema rutas, ya lo vivimos cuando se concesionaban las rutas y se cobraba peajes. Ahora, lo que también vivimos fue que no se visualizaba que ese peaje se invirtiera en el mantenimiento de la ruta», recordó Frana.

Este medio quiso conocer en detalle la actualidad de la obra pública con financiamiento nacional en Rosario, pero el titular de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, José Luis Conde, rechazó la entrevista bajo el argumento de que él es un técnico que ejecuta en base a los recursos que le otorgan y la pregunta de Conclusión -dijo- refería a un tema político.