Piden informes por cobro de aranceles en Universidades Públicas Nacionales

Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

El 22 de noviembre de 1949, el presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, firmó el decreto de Supresión de Aranceles Universitarios. A pesar de su importancia radical en la conformación de un verdadero sistema universitario amplio y democrático en consonancia con las bases de la Reforma de 1918, este decreto pasó inadvertido para la historiografía tradicional.

Recientemente, la diputada nacional por Chubut Ana Llanos Massa (FPV-PJ), presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo conteste sobre el cobro de aranceles en algunas carreras de formación superior que brindan las universidades estatales.

En el proyecto de resolución se le solicitó al Ejecutivo que especifique cuáles son las carreras terciarias, de grado y trayectos complementarios que hasta el momento fijan algún tipo de arancel a sus alumnos y que se señale bajo qué argumentos legales se ha comenzado a cobrar aranceles en algunas carreras universitarias.

En diálogo con Conclusión, la legisladora precisó que ya “es de público conocimiento que algunas Universidades Nacionales están cobrando aranceles para asegurar su continuidad» y en otros casos «para el pago a profesores contratados».

En virtud de esta preocupación dijo a este medio que «por este motivo queremos saber en qué se basan estas instituciones para tomar esta decisión, ya que la Ley N° 24.521 de Educación Superior prohíbe esto”, dijo la diputada.

En esta misma línea, la legisladora aludió que existe un histórico decreto (29.337/49) mediante el cual se abolieron los aranceles de las Universidades Nacionales por iniciativa del entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, y señaló que “como ciudadanos no podemos permitir que el fantasma de la privatización aparezca en detrimento de la educación pública y gratuita de la Argentina».

Seguidamente añadió: «Este es un derecho adquirido históricamente y algo que nos diferencia del resto del mundo. Debemos garantizar que las próximas generaciones gocen del mismo beneficio”.

Por caso, entre las universidades cuestionadas, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) en la ciudad de Corrientes emitió a fines de 2016 un comunicado oficial donde señala que comenzaría a cobrar una cuota mensual a los alumnos egresados de la Tecnicatura en Turismo que quisieran continuar con el trayecto faltante para obtener el título de grado de la Licenciatura en Turismo. Otras situaciones de similares características se encuentran en algunas carreras ofrecidas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y en las microsedes en Capital Federal de Universidades Públicas Nacionales como es el caso de la Universidad Nacional de San Martín (Unsan).

Finalmente, la legisladora chubutense Ana Llanos señaló que “un país que no invierte en educación gratuita en beneficio de quienes más lo necesitan, se convierte en cómplice de un sistema neoliberal que privilegia a los más favorecidos por el mercado capitalista por sobre los que no tienen esa posibilidad”, concluyó.

Desde 1946 a 1955 se creó la Universidad Obrera Nacional, se expandieron las escuelas técnicas, se reemplazó el viejo Ministerio de Justicia e Instrucción Pública por el de Educación, otorgándole a esta cartera la debida jerarquía dentro del Estado. Además, se normalizó la carrera docente a través de la formulación de un estatuto en el año 1954. Como consecuencia de todas estas medidas se dio un fenomenal aumento de la matrícula universitaria que pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955.