Diputado pide que las entidades bancarias incrementen las medidas de seguridad para evitar estafas

El diputado provincial del Partido Demócrata Progresista (PDP), Gabriel Real, presentó una iniciativa en la Legislatura para que el Banco de Santa Fe y todas las entidades bancarias que operan en la provincia incrementen las medidas de seguridad para evitar estafas a sus clientes.

«Esencialmente, con este proyecto estamos planteando un dato de la realidad: son innumerables las estafas bancarias que está sufriendo la gente. Hay algunos sistemas de acreditación de créditos que evidentemente están siendo vulnerados», argumentó el autor del proyecto.

El legislador provincial sostiene que es necesario que la Cámara de Diputados asiente una posición firme frente a estas estafas porque, cuando estas cuestiones se presentan en la Justicia, determinados bancos no dan las respuestas necesarias para llegar a una solución.

Por esto, el proyecto de comunicación presentado por Real sostiene: «La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo correspondiente, solicite al Nuevo Banco de Santa Fe, agente financiero del estado provincial, y al resto de la entidades bancarias que operan en el territorio provincial, en primera instancia, el refuerzo e incremento de las medidas de seguridad tendientes a evitar y neutralizar las estafas bancarias de las que son víctimas los mismos clientes y usuarios de sus servicios».

En segundo lugar, la iniciativa plantea el pedido de suspender el cobro de las cuotas de créditos personales de aquellos clientes que manifiesten haber sido estafados y acompañen la correspondiente certificación de denuncia realizada ante las distintas Unidades Fiscales del territorio santafesino, hasta tanto se pueda determinar fehacientemente la trazabilidad de las operaciones efectuadas y descartar la responsabilidad de las entidades bancarias en la vulnerabilidad del sistema de seguridad.

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«Creemos que en el caso del agente financiero el nuevo Banco de Santa Fe, el Gobierno tiene que intervenir para coadyuvar de alguna manera para que a la gente no se le descuenten los créditos cuando ha sufrido una estafa bancaria», acentuó el legislador del PDP.

En los fundamentos de la iniciativa, presentada el 15 de junio pasado, Real recuerda que en su momento la propia Defensoría del Pueblo de la provincia había manifestado su preocupación por la reiteración de casos de estafas, a través de la solicitud de datos de cuentas bancarias y generación de claves token en cajeros automáticos, que fueron denunciados en la institución en los últimos días.

«A esta metodología en particular, ahora se suman otros instrumentos de estafa, como la App Movile Vale de Red Link, admitidas por el Nuevo Banco de Santa Fe. Cualquier obtención de datos personales por medios inescrupulosos, permite a los delincuentes poner en funcionamiento alguna metodología para vulnerar el sistema de seguridad de los Bancos. Las denuncias se multiplican, como consecuencia de hechos cada vez más frecuentes, comprobados por el accionar de la justicia», asevera el texto ingresado en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe se encuentra interviniendo en las denuncias recibidas a través del Centro de Asistencia a la Víctima. También desde el área de Defensa al Consumidor se cursaron notas a los bancos correspondientes a los fines de que brinden información relativa al tratamiento que le están dando a los usuarios damnificados. Y se envió un oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) instando a la máxima autoridad del sistema financiero a adoptar medidas de seguridad tendientes a evitar este tipo de estafas a través de las claves token.

Ante la consulta de la Defensoría del Pueblo, el BCRA respondió a la institución que los bancos deben cumplir una serie de requisitos para prevenir este tipo de situaciones. 

«En particular queremos destacar que en este sentido los bancos están obligados a llevar registros que permitan determinar la trazabilidad de las actividades efectuadas por el cliente y también mecanismos de monitoreo transaccional que puedan advertir situaciones sospechosas basados en características del perfil y patrón transaccional del cliente bancario. Finalmente, es su deber contar con las capacidades para tratar los incidentes detectados con un esquema de escalamiento definido formalmente», concluye Real en los fundamentos de su proyecto.