Prorrogaron la concesión de la Hidrovía hasta nueva licitación

El Ministerio de Transporte prorrogó el contrato de concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná con la Administración General de Puertos (AGP) hasta la toma de servicio de quien resulte adjudicatario de su licitación.

La prórroga fue dispuesta a través de la resolución 515/2022, publicada en el Boletín Oficial, y de esta forma, la AGP continuará con la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal, comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.

La licitación, dispuesta a través del decreto 949/2020, está a cargo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, que es conducido por Ariel Sujarchuk, y cuenta con la participación de las siete provincias por donde atraviesa la traza.

La licitación consiste en la concesión a largo plazo para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la hidrovía, además del cobro del peaje de la vía fluvial.

La posibilidad de extender la operación estatal ya estaba contemplada en el decreto 427/2021 que dispuso la toma de posesión del Estado, el cual fijó un plazo de 12 meses para la concesión de la AGP prorrogable hasta la toma de servicio de quien o quienes resulten adjudicatarios de la licitación de su operación.

Tomando en cuenta esa reglamentación, la AGP solicitó que se evalúe la prórroga de la concesión debido a que, “al día de la fecha, no hay certezas respeto al tiempo que ha de transcurrir hasta la convocatoria a licitación pública encomendada al Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, ni para la correspondiente toma de servicio por parte de quién o quiénes resultasen adjudicatarios”.

Tras ello, y según indican los considerandos de la resolución, la Unidad Gabinete de Asesores avaló los argumentos de la AGP “dado que de los mismos se desprende la necesidad de continuar con las acciones necesarias para garantizar la navegabilidad de la Vía Navegable Troncal”.

En 1995, las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná quedaron en manos del consorcio Hidrovía, integrado por la empresa de dragado belga Jan de Nul –que se mostró interesada en participar en la futura licitación- y la argentina Emepa; concesión que venció el 30 de abril de 2021, aunque pasada esa fecha, se le otorgó una prórroga de 90 días.

Sin embargo, el Gobierno, el 1 de julio -antes de cumplirse el plazo previsto- decidió dejar a la hidrovía bajo control estatal a partir del 11 de septiembre de ese año.

La AGP desde entonces se encarga del mantenimiento de la hidrovía y dicha tarea, según destacó el ente, «generó conformidad -tanto desde lo técnico como en lo administrativo- en el sector público y en el privado».

«En el contexto de una bajante histórica del Paraná –la más profunda y de mayor duración que se tenga registro- la navegación no registró inconvenientes mayores más allá del bajo caudal», enfatizó la AGP en un comunicado.

Del mismo modo, indico que «las tareas de dragado y de balizamiento, así como el relevamiento batimétrico y los controles hidrológicos se realizaron de la misma forma que en la etapa previa».

Por su parte, la AGP dio inicio a una serie de obras «que buscan extender los servicios y tener una mayor calidad técnica».

La ruta fluvial atraviesa siete provincias y el tramo argentino cuenta con 1.635 kilómetros, sobre un total de 3.400 que tiene el canal que se comparte con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Por la misma se traslada cerca del 80% del volumen de las exportaciones y 95% de las importaciones del país, al permitir la conexión con el Océano Atlántico de distintos tipos de embarcaciones de carga.

En junio último, el ministro de Transporte, Alexis Guerrara, subrayó, al participar de la apertura de la IV Conferencia Hemisférica sobre Hidrovías, Puertos Interiores y de Cruceros, que “el Estado puede ser eficiente y transparente administrando estos puntos estratégicos para el país».

En ese sentido, diversas organizaciones reclamaron ese mismo mes que el Estado mantenga la operación de la vía fluvial, derogando el decreto 949/2020 que dispone su licitación.