“Queremos que los familiares paguen impuestos por la plata que blanquearon contra la ley”
Así lo afirmó el diputado Felipe Solá luego que Cámara Contencioso Administrativo Federal lo habilitó a reclamar judicialmente la inconstitucionalidad del decreto presidencial que permitió a familiares de funcionarios a blanquear dinero.
Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires
La Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó formalmente a Felipe Solá a reclamar judicialmente la inconstitucionalidad del decreto presidencial que permitió a familiares de funcionarios a ingresar en el blanqueo de capitales.
El diputado nacional del Frente Renovador expuso: “Si la justicia falla a favor del Congreso, la AFIP tendrá que cobrarle a los parientes de los funcionarios públicos que blanquearon irregularmente”.
Tras la habilitación de la Cámara, Solá declaró: “Es la plata que se llevaron del país y se la ocultaron a los argentinos durante muchos años. La plata que no está en rutas, hospitales, escuelas, trenes. Es un decreto inconstitucional. Un decreto para la familia”.
Y profundizó: “Queremos que los familiares paguen impuestos por la plata que blanquearon contra la ley”.
“Si la justicia falla a favor del Congreso, la AFIP tendrá que cobrarle a los parientes de los funcionarios públicos que blanquearon irregularmente”, finalizó Solá.
A comienzos de diciembre de 2016 y luego de su presentación en la justicia, Sola había dicho que «Macri firmó el decreto para que su padre pueda blanquear plata».
El decreto firmado por el presidente Mauricio Macri para incluir en el régimen de sinceramiento fiscal a familiares de los funcionarios tiene como fin permitir que «su padre», el empresario Franco Macri, «pueda blanquear plata», dijo al respecto el legislador.
En esa oportunidad consideró «muy grave» esa medida y atribuirla a la «actitud de niño rico de ‘yo hago lo que quiero y la ley es un detalle'», y advirtió que el decreto «viola el artículo 83» de la ley de blanqueo de capitales, y exhortó a la diputada Elisa Carrió, aliada al Gobierno nacional, a expedirse sobre esta cuestión.
La denuncia recayó por sorteo en el juzgado penal del magistrado Sebastián Ramos. Los líderes opositores habían señalado con ironía que la decisión del gobierno es un «Decreto Franco Macri».
La denuncia de las distintas bancadas involucró también al ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay y al jefe de gabinete, Marcos Peña.