Sale Arroyo, entra Zabaleta: balances y desafíos para la nueva etapa

Por Lautaro Zeballos

Durante una entrevista, junta la punta de los dedos de sus dos manos de manera horizontal a la altura de la frente mientras entrecierra los ojos para denotar preocupación. Es diciembre de 2019 y pronto podrá ocuparse, pero no tiene en cuenta -nadie lo hace- que un virus profundizará el pozo en el que la Argentina fue sumergida. Daniel Arroyo está seguro de que la franja que simula frente a él para graficar la línea de pobreza comenzará a descender con la asunción del nuevo gobierno del Frente de Todos, una alianza amplia cuya diversidad también influirá en su gestión.

Cuando aún no habían terminado los festejos por la victoria electoral, fue el primer ministro confirmado por el entonces futuro presidente. Licenciado en Ciencias Políticas desde 1990, una vez egresado se veía más como consultor que como político. En el medio de la crisis de 2002, Hilda Beatriz “Chiche” Duhalde le propuso formar parte del gobierno, pero Arroyo se negó. Estaba convencido de que su lugar eran las aulas, el espacio académico, y no las áreas de gestión. No tardó en arrepentirse. Por eso, cuando Alicia Kirchner asumió en 2003 al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y le propuso sumarse a su equipo, aceptó. Lo mismo hizo, con mayor experiencia y convicción, cuando recibió la propuesta del líder del Frente de Todos.

El ofrecimiento tuvo coherencia con la historia reciente de ambos. El licenciado fue electo diputado 2017 por el Frente Renovador. El 14 diciembre de ese año los legisladores asistieron al Congreso para tratar la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria. Una intensa protesta social copó las calles y el oficialismo de entonces reaccionó con una fuerte represión. Aquella sesión pasó para el día 18, donde Cambiemos logró la aprobación del proyecto. Arroyo –tal contó en el programa Right Now- esa noche decidió volverse caminando para masticar bronca. Se repetía a cada paso: “Esto es una locura, tenemos que ir hacia la unidad. No hay otra”. Tan solo cuatro días más tarde sonó el teléfono y una voz del otro lado le repitió incansablemente: “Es la unidad. La solución es la unidad”. Era Alberto Fernández.

El presidente lo convocó convencido de que el legislador, que mostraba datos precisos y propuestas concretas en cada intervención pública, podía dar un giro de 180 grados. Ofrecía consistencia en contraposición a un macrismo cuyo plan económico parecía caminar en gelatina. La tarea, sin embargo, no sería nada sencilla. Había que encarar una reconstrucción cuesta arriba. Cambiemos incrementó 5 puntos el porcentaje de pobres en comparación con el primer semestre de 2015 (los datos finales de ese año no están disponibles por la declarada emergencia estadística del Indec).

“El Ministerio de Desarrollo Social, al principio de la gestión, tenía como meta la reconversión de los programas sociales en trabajo. Es decir, aplicar una fuerte impronta de laburo y, por supuesto, la asistencia directa al tendal que dejaron cuatro años de pandemia de Macri en términos de exclusión. Daniel (Arroyo), como buen técnico, tiene en su cabeza las políticas sociales con diferentes niveles de impacto. En función de eso habíamos construido un plan. Cuando vinieron la pandemia y las restricciones eso se terminó. Pasamos a ser un Ministerio de transferencia directa para que la gente no se siga cayendo”, repasó Rafael Klejzer, director nacional de Políticas Integradoras y referente de la organización social La Dignidad, en declaraciones realizadas a Conclusión a finales de julio, cuando ya estaban definidos los cambios.

El Ingreso Familiar de Emergencia que otorgó 10 mil pesos cada dos meses a 9 millones de personas fue insuficiente, pero tuvo la eficiencia doble de poner dinero directamente en el bolsillo de la población e identificar a un continente de empobrecidos que el Estado subestimó al hacer el primer anuncio de la medida. Era la línea que dibujaba Arroyo con sus manos en la entrevista citada al inicio. El terremoto pandémico y las decisiones tomadas en ese escenario llevaron a 35,5 el porcentaje de pobreza en el segundo semestre de 2019; a 40,9 en los primeros seis meses de 2020 y a 42,0 en el segundo semestre de 2020. La peor emergencia sanitaria de los últimos cien años puede ser la excusa perfecta para la inacción o el argumento ideal para motorizar una transformación profunda. El punto medio, si se deja de lado el hastío estadístico para ponerles nombre y rostro a las personas detrás de los porcentajes, es también indeseable. Algo –que no es lo mismo que decir alguien- falló.

Contestaron con el bolsillo

«La gestión de Macri va a dejar una enseñanza. Tiene que haber una alianza entre productores y consumidores. Arcor ha tenido dos años de pérdida. Por primera vez en la historia registró dos años de balances negativos. En un contexto en el que hay hambre, además nadie vende», expuso el 8 de noviembre de 2019 frente a Gustavo Sylvestre.

El Grupo Arcor, según la nota que envió a la Comisión Nacional de Valores y difundió Ignacio Ostera en BAE Negocios, finalizó el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 «con ventas de 177.011,5 millones de pesos y un resultado consolidado final total de 5.441,8 millones de pesos». La caída de los años amarillos para la principal productora de alimentos del país se revirtió en plena pandemia, pero en el mismo plazo la canasta alimentaria registró suba acumulada de 45,5%. Durante el 2021 la tendencia siguió ese rumbo. La alianza que Arroyo planteó en C5N nunca llegó a concretarse o sentó sus bases en la normalización de una estafa para una de las partes.

“Tuvo que asumir en medio de dificultades enormes, una pobreza tremenda y una desocupación gigante. Las necesidades sociales cada vez se agudizaban más. En este momento se siguen agudizando. No es por él (en referencia a Arroyo) ni producto del Gobierno. Es producto de esos grandes empresarios que son los formadores de precios, que causan un gran daño a través de la inflación”, afirmó el diputado nacional del Frente de Todos y referente nacional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, en conversación con Conclusión, los primeros días de agosto.

“Cada vez que había ATP, IFE, Tarjeta Alimentar, aumentos o creación de nuevos programas sociales, nos encontrábamos con nuevos incrementos, sobre todo en los alimentos. Esto generó un barril sin fondo. Más transferías; más te aumentaban las cosas. De esta manera, fue imposible. Sobre todo, el año pasado. Con costos congelados, las empresas productoras de alimentos aumentaron un 40%”, cuestionó Klejzer.

Cuando Arroyo asumió (diciembre de 2019), la canasta básica alimentaria para un adulto, que marca la línea de la indigencia, estaba en 5.043 pesos. La canasta básica total, que incluye además los bienes y servicios no alimentarios tales como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, marcaba que una persona necesitaba 12.608 pesos para no ser pobre. Esos números, al dejar el cargo, se ubican arriba de 9.195 pesos y 21.517 pesos, respectivamente, y empeoran al tener en cuenta las necesidades de un grupo familiar completo.

Enredados en la amplitud

Un video subido en un canal de YouTube de 65 suscriptores muestra a Arroyo el 11 de diciembre de 2019 durante una visita a la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Sennaf). Fue el primer saludo a los trabajadores del área. «Vengo a ofrecerles trabajo y honestidad. Creo en el Ministerio de Desarrollo Social. Créanme que conozco otros ministerios, son más lindos y tienen mejores lugares, pero no hay el corazón ni la solidaridad y el esfuerzo que hay acá», les dijo. Casi un anticipo de las limitaciones que encontraría en otros espacios del Gobierno para consensuar una dirección de gestión.

Klejzer, que además de funcionario de la cartera social es referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), evaluó la gestión de esa área de Gobierno durante la pandemia. “Fue un Ministerio de transferencia y el año pasado era un 50% para Programas sociales y nacionales; y el otro 50% para alimentación. Este año, con esta nueva ola que nos agarró muy fuerte, pasó a ser 80% alimentos y 20% programas nacionales y sociales. La idea es empezar a revertir esto, pero hubo una situación de tormenta muy importante. El balance es positivo en términos de que somos el Ministerio de Desarrollo Social”, dijo a este medio.

El control del cumplimiento de los acuerdos de precios fijados con distintos actores de la economía y el caudal de recursos con los que contaba para hacerle frente a una situación social cada vez más crítica estaban fuera de su órbita de decisión. Sí, en cambio, era su responsabilidad gestionar con celeridad las respuestas que estaban a su alcance para contener  la emergencia alimentaria.

«Arroyo dijo acá hace un rato que seguramente le marcaríamos qué es lo que hace falta. Bueno, Daniel, acá estamos. Nos debés 380 toneladas de mercadería. También el salario mínimo de las cocineras que nos prometiste en la cara hace dos meses. Lo reconozco buena persona, pero tuvimos una reunión hace dos meses y, si no nos mintió, la verdad es que no pudo traccionar sus propias decisiones en su propio ministerio porque no cumplió nada», expuso Ignacio «Nacho» Levy, de la organización social La Poderosa, el 15 de julio en radio Futurock. Minutos antes el titular de la cartera social había salido en el mismo espacio radial.

Integrantes de organizaciones sociales concurrieron a Olivos el 20 de mayo de 2020. Fueron recibidos por el presidente, su ministro de Desarrollo Social, y otros miembros del gabinete.

Dirigentes sociales que integran el Frente de Todos le admitieron a este medio que el nivel de loteo de las distintas áreas de Gobierno entre espacios y actores -que incluso tienen intereses contrapuestos en varios temas- genera un nivel de burocracia interna que ralentiza las gestiones o directamente las estanca. Igualmente, según opinaron, es una situación que responde a la amplitud de la alianza oficialista, que -dijeron- encuentra pocas disidencias dentro de Desarrollo Social pero que sí choca cuando hay que articular con otras áreas.

Sin embargo, en un año electoral que también tuvo a las organizaciones sociales buscando lugares en las listas, surgieron desencuentros entre sus dirigentes y la cúpula del FDT. Esto se sumó al obvio llamado de atención proveniente de las agrupaciones territoriales sin representación en el oficialismo, que pidieron no priorizar la agenda electoral y poner al pico de las prioridades la crítica cotidianidad de los barrios populares.

Entra Zabaleta

El Ministerio de Desarrollo Social tiene como funcionarios a representantes de varias organizaciones sociales. Es un espacio que buscarán defender en la nueva etapa. A los dirigentes ubicados en subsecretarías (como el saliente Daniel Menéndez de Barrios de Pie, que dejará el puesto para competir por una banca de diputado) y direcciones (como el nombrado Klejzer), se suman aquellos que forman parte del Consejo Económico y Social, como Esteban «el Gringo» Castro, de la UTEP, y la dirigenta del Movimiento Nacional Campesino Indígena, la santiagueña Cristina Loaiza.

Como antecedente reciente, el Movimiento Evita y Barrios de Pie fusionaron sus fuerzas a mediados de julio en un acto en el que mostraron su respaldo al gobierno nacional. El apoyo fue correspondido con un saludo grabado del presidente Alberto Fernández y la presencia de miembros del gabinete. Arroyo no estuvo presente, pero el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, sí.

Los nombres que sonaban para reemplazar a Arroyo eran dos: el ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires y referente nacional de La Cámpora, Andrés «Cuervo» Larroque, y -quien siempre fue el principal candidato-, Juan Zabaleta, uno de los intendentes del conurbano que siempre disputó territorialidad con la agrupación kirchnerista. El presidente optó por el segundo, un hombre de mayor cercanía a su figura, y hasta cuidó de no exponerlo al que hubiese sido el primer desgaste de su gestión, la marcha del sábado por San Cayetano, una multitudinaria movilización en pedido de pan, paz y trabajo. Quienes la protagonizaron fueron precisamente las organizaciones sociales, muchas de ellas integrantes de la alianza oficialista.

Zabaleta y Fernández (Imagen: Gentileza de Prensa de Hurlingham)

Sobre el nuevo ministro, Alderete comentó a principios de mes a Conclusión que lo conocen por haber trabajado con él en algunas oportunidades. “Además tenemos buenas referencias. Seguramente nos reuniremos en los próximos días para ver cuál es la política que llevará adelante y saber si continuará las políticas de Daniel Arroyo, va a profundizar los proyectos que están en curso, o va a haber un cambio”.

“Entiendo –se animó a proyectar el legislador del FDT- que el próximo ministro va a avanzar con las políticas que ha llevado adelante hasta ahora el Ministerio de Desarrollo Social y seguramente incorporará otras propuestas que hemos elevado a Daniel Arroyo en las últimas semanas para definir la manera de transformar los programas sociales en trabajo”.

Otra de las propuestas que estará sobre la mesa del nuevo ministro busca conseguir la implementación de un Salario Básico Universal. El pedido de encuadra en un contexto en el que la Canasta Básica Alimentaria Familiar está fijada en 66.488 pesos para una familia tipo mientras el Salario Mínimo Vital y Móvil acaba de subir a 28.028 pesos. En septiembre ascenderá a 29.160.

Klejzer, por su parte, indicó que Zabaleta es “una garantía de continuidad de los programas que son buenos”. Y resaltó que tienen la expectativa de poder discutir la postpandemia. “Creo que el peronismo creó Acción Social y el peronismo tiene que reevaluar qué hace con ese espacio. Me parece que tiene que ser una oficina muy chiquita de atención de situaciones críticas y tiene que haber una única ventanilla de economía popular para generar trabajo en la Argentina».

Al ser consultado por el nivel de loteo y su impacto en la gestión, el dirigente de La Dignidad apuntó que facilitaría el accionar ministerial que haya «ventanillas únicas», porque «la diversidad de programas, secretarías y direcciones genera burocracia interna. Si vos ponés una sola ventanilla para el alimento; otra para el empleo; y otra para la asistencia crítica, es mejor. Acá, que haya dos o tres Direcciones que se yuxtapongan con programas parecidos pero no tanto, no facilita».

Más allá de los nombres propios, las organizaciones sociales que integran el Frente de Todos y aquellas que tienen una militancia territorial apartidaria coinciden en destacar que debe definirse cuál es el rol que tiene que asumir el Ministerio en esta etapa de postpandemia doble. Claro está, no depende solo de un ministro y sus colaboradores porque el timón está en otras manos.