Sesiones extraordinarias: diputados comenzarán a discutir los proyectos en comisiones

El oficialismo y la oposición comenzarán esta semana a diagramar la agenda de trabajo de las comisiones que tratarán los proyectos incluidos por el Gobierno en el temario de sesiones extraordinarias.

El Gobierno había decretado el inicio de sesiones extraordinarias el 1 de febrero, pero los cambios que se dieron en el interior del Frente de Todos (la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque y su reemplazo por el santafesino Germán Martínez) dilató los tiempos que se habían previsto y desde la Cámara de Diputados dejaron trascender que no habría sesión en la primera quincena de este mes.

En este contexto de barajar y dar de nuevo en el Frente de Todos, se perdieron algunos días en relación a la hoja de ruta que el oficialismo había trazado inicialmente para empezar a planificar los giros de comisión y el cronograma de reuniones.

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El temario de sesiones extraordinarias contiene 18 proyectos de ley, entre los cuales sobresale la iniciativa de reforma de la carta orgánica del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2022.

También se incluyó en la agenda el proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC) y la iniciativa que crea un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal.

A su vez, el temario incorpora una iniciativa de promoción de la Electromovilidad; el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones en la Industria automotriz y autopartista; el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”; la propuesta de Ley de Compre Argentino; las modificaciones al “Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda”, y el proyecto de Ley de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería.

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El Consenso Fiscal 2022, que fue firmado por el Gobierno nacional y todos los gobernadores a excepción del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, faculta a las provincias a modificar impuestos al alza o a la baja en la medida en que necesiten readecuar su estructura recaudatoria.

El otro proyecto de relieve que se tratará presumiblemente en febrero es la reforma del Consejo de la Magistratura, debido al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley sancionada en 2006 que regula el funcionamiento del organismo encargado de seleccionar a los jueces.

Tanto el oficialismo como la oposición coinciden en la urgencia de tratar el tema este verano, ya que en su fallo de mediados de diciembre el máximo tribunal de Justicia otorgó 120 días corridos para realizar cambios en la composición del Consejo.

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La Corte exhortó al Congreso a sancionar una nueva normativa por considerar que hasta ahora no se respetó el equilibrio entre los estamentos de la política, los jueces y los abogados que dan forma al organismo encargado de seleccionar y disciplinar a los magistrados.

De no cumplir con este plazo perentorio, que vence el 15 de abril, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando eran 20 miembros.

El proyecto del oficialismo, que reunirá la mayoría en el Senado si el Frente de Todos tiene asistencia perfecta y suma dos aliados a la causa (no así en Diputados donde la cuenta es mucho más compleja) apunta a elevar de 13 a 17 los integrantes del Consejo, incorporando dos abogados, un juez y dos representantes del ámbito académico y científico.

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De prosperar la iniciativa del Gobierno, el Consejo quedaría integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (ahora son dos), seis miembros del Poder Legislativo (tres diputados y tres senadores nacionales, siendo dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría), cuatro representantes de los abogados (ahora son tres), un representante del Poder Ejecutivo, y por último dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo).

Conforme a la perspectiva de género plasmada en el proyecto oficialista, tanto en el caso de los legisladores nacionales como en el del estamento de académicos y científicos, y el de los abogados, al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.