Solá le presentó al Gobierno un plan de 35 puntos para salir de la crisis

El diputado nacional Felipe Solá dejó este martes en la Mesa de Entradas de la Casa Rosada un escrito con 35 «medidas urgentes» que propone al Gobierno para «salir de la crisis sin perder puestos de trabajo» y una carta dirigida al presidente Mauricio Macri.

El ex gobernador bonaerense, que ya manifestó públicamente sus aspiraciones presidenciales para el 2019, se presentó en Balcarce 50 en respuesta al reclamo del mandatario nacional, quien había pedido que la oposición presentara propuestas alternativas.

“Espero, de buena fe, que su llamado no haya sido en vano y que el Gobierno dé pruebas de una apertura política y social que hasta el momento ha evitado”, remarcó Solá en la nota, en la que describe un crítico «diagnóstico de la actualidad».

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El documento presentado, que lleva como título “Un camino de encuentro y esperanza antes que sea demasiado tarde”, plantea 35 alternativas concretas al plan de recortes a la inversión pública y el gasto social que lleva adelante la alianza Cambiemos y pone el foco para la reducción del déficit en el aumento de la carga impositiva a los sectores más concentrados de la economía.

Entre las primeras medidas que propone, se encuentra la necesidad de convocar a una mesa multisectorial a la que denominó como una «Red para el Encuentro y el Desarrollo (RED x Argentina)» a ser conformada por sectores productivos, representantes de las pequeñas y medianas empresas, de los trabajadores, jubilados, estudiantes, movimientos sociales y religiosos, trabajadores no registrados, universidades y profesionales, así como la totalidad del espectro político con representación parlamentaria.

“Son medidas que permitirán proteger el trabajo, los salarios y las jubilaciones, abordando el problema de divisas, impulsando el mercado interno, reduciendo la inflación y profundizando las políticas sociales y redistributivas”, destaca la misiva y agrega: “Es imprescindible la ejecución de políticas de gobierno que trasciendan a su fuerza política partidaria y que sean diferentes a las que nos trajeron a este presente”.

La propuesta presentada por Solá fue elaborada por un equipo multidisciplinario integrado por Arnaldo Bocco, Eduardo Hecker, Mariano Kestelboim, Cecilia Cross, Laura Sirotzky, Diego Pando, Germán Montenegro, Nicolás Trotta, entre otros.

“Propuestas urgentes para una agenda de Gobierno para el corto y mediano plazo”, es el título de las ideas presentadas por Solá:

1. Convocar en forma urgente a la Red para el Encuentro y el Desarrollo (RED x Argentina) compuesta por sectores productivos, incluyendo representantes de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores, de los movimientos sociales y religiosos, de trabajadores no registrados, representantes del sector de jubilados, pensionados y estudiantes, de las universidades y de los colegios profesionales. También de la totalidad del espectro político con representación parlamentaria. No alcanza con un partido político para salir de la crisis en la que estamos inmersos, es imprescindible construir un camino común que incluya a todas las fuerzas políticas, sociales, de trabajadores y productivas.
2. Constituir un Foro Federal integrado por los gobernadores/as y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que deberá promover en forma urgente el debate y distribución de los recursos federales para incentivar la recuperación económica en cada región del país y la supervisión del cumplimiento de los proyectos de infraestructura acordados y comprometidos.
3. Deben restituirse las retenciones a la minería y controlar sus DDJJ de producción. La agricultura pampeana falló este año. No tiene ganancias. El aporte tributario debe ser de los grandes productores. Con los pequeños y medianos chacareros y contratistas hay que conveniar el futuro.
4. Restablecer y/o aumentar alícuotas según corresponda a los impuestos que gravan la riqueza hacia la constitución de un impuesto al patrimonio neto y a los ingresos de las personas físicas (eliminar los impuestos a los contribuyentes de la 4° categoría (empleados en relación de dependencia) por un impuesto a los ingresos.
5. Incrementar la alícuota de Bienes Personales con carácter francamente progresivo, aplicable en forma progresiva al 10% de los contribuyentes con mayores patrimonios.
6. Establecer un IVA de 27% a los consumos suntuarios, incluyendo automóviles por encima de un millón de pesos, los productos de lujo importados y gastos suntuarios de todo tipo.
7. Establecer un impuesto del 25% al consumo con tarjetas de crédito en el exterior, incluyendo la compra de pasajes. El impuesto debe ser móvil en función del índice del tipo de cambio real multilateral que publica el BCRA, de modo que cuando la moneda se aprecia en términos reales el impuesto suba, y viceversa a cuando ocurra una devaluación real. Este impuesto tiene una función fiscal significativa, evitando la fuga de dólares por turismo y se propone que el destino de lo recaudado se invierta en un Plan Federal de Turismo, tendiente a desarrollar la infraestructura turística en regiones con alto potencial y periféricas de nuestro país. De ese modo, se contribuiría a desarrollar las economías regionales en provincias en donde la capacidad de generación de empleo privado formal es muy reducida, a la vez que se ahorran divisas.
8. Implementar un esquema de impuesto a la herencia, como el que se tributa en las naciones de alto desarrollo e inclusive en economías menores y en proceso de desarrollo.
9. Dada la importancia que el tipo de cambio tiene en nuestro país sobre la inflación –reconocida por todos los actores y el propio FMI- se requiere revisar la política de tipo de cambio libre y ampliar la intervención diaria en el mercado de cambios general y el que opera el Banco Central.
10. Revisar el punto de referencia estructural 7 del acuerdo firmado recientemente con el FMI que establece la compra de las letras intransferibles en manos del BCRA –que devengan tasas muy bajas de interés- para “sanear su hoja de balance” porque requiere que el Tesoro emita títulos a tasa de mercado, lo que implica una transferencia desigual del BCRA al conjunto de los contribuyentes y convierte con alto riesgo esos bonos en futuros compromisos en dólares, lo que implica transferir al conjunto de la sociedad el riesgo cambiario de devaluación esperada.
11. Los dólares son fundamentales para el desarrollo, son pocos y hay que cuidarlos. Un país sin grados de libertad para operar con su moneda y sin un gobierno que la defienda, anuncia inevitablemente una disolución como sociedad. Establecer límites mensuales a la compra de divisas para combatir la fuga como limitación estructural a nuestro desarrollo.
12. Restaurar la obligatoriedad de la liquidación de divisas en el mercado único y libre de cambios local en un tiempo cuyo plazo promedio debería ser de 180 días para garantizar el ingreso de las divisas por exportación.
13. Fijar plazo de 1 año de estadía mínima de inversores financieros residentes (que ingresan fondos del exterior) como no-residentes que se aplican para la compra de LEBAC-LETES- u otros activos financieros, tendiente a atenuar la volatilidad del sistema financiero y cambiario.
14. Defender el poder adquisitivo del salario, permitiendo paritarias libres y habilitando cláusulas de revisión y gatillo. Los salarios y los ingresos no pueden ser el ancla de una dinámica inflacionaria cebada por la devaluación y el aumento desproporcionado de tarifas. La competencia por bajos salarios no ha sido, en ningún caso, ejemplo de mejora de competitividad a nivel internacional y sólo provoca la pérdida de bienestar de la mayoría y el aumentó de la riqueza en sectores muy minoritarios.

15. Aumentar la fiscalización para proteger a los trabajadores no registrados impidiendo el “fraude laboral”. Realizar un aumento para los beneficiarios de los distintos Programas Sociales acorde con el IPC alimentario y de transporte.
16. Rechazar las propuestas de Reforma Laboral, y recuperar instituciones como la inspección del trabajo; lo que no obsta a que deban encararse reflexiones en materia de regulaciones laborales y protección social que aseguren la extensión de derechos al conjunto de los trabajadores y no obstaculicen el desempeño empresario.
17. Convocar al Consejo del Empleo, Productividad y Salario Mínimo, para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil cuyo monto ha quedado atrasado por los últimos acontecimientos inflacionarios y devaluatorios. En el ínterin establecer por Decreto un aumento acorde con el IPC medido al menos desde el mes de enero del 2018 en términos de alimentos, transporte y tarifas de servicio públicos.
18. A raíz del aumento del cuentapropismo, de las contrataciones eventuales y de la precariedad, se requiere recurrir a políticas que sostengan la relación laboral a partir de Programas como el Repro o semejante, que permite para las empresas en crisis pagar una parte del salario al trabajador e impiden la caída del empleo.
19. Convocar de forma efectiva a la Comisión Bicameral del Congreso para el Control de los Fondos de la Seguridad Social ya que el punto 7 del acuerdo con el FMI indica que se van a vender los activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones y eso pone en riesgo la sustentabilidad del FGS.
20. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones empresarias en las transferencias de recursos públicos sea a través decretos o de aumentos de tarifas. Establecer con precisión los compromisos, metas y contraprestaciones que deberán cumplir las empresas ante cualquier tipo de transferencia de recursos públicos que reciban. Por ejemplo, en el sector energético hay que comprometer precio (transferencias estatales) contra productividad (planes de inversión y compromisos de inyección excedente).
21. Fortalecer los presupuestos de la salud pública a nivel nacional y provincial y establecer un control eficaz sobre la gestión es un imperativo para la mejora de la prevención y atención sanitaria. Se verifica una deserción importante de las familias asociadas a medicina prepaga, lo que provoca una sobrecarga del sector público, cada vez más desfinanciado y de las Obras Sociales con quienes el Estado mantiene deudas importantes.

22. Fortalecer la política industrial y en Ciencia y Tecnología de manera estratégica y sistemática para la diversificación de la matriz productiva. Suspender todo recorte presupuestario y reafirmar la inversión prioritaria en I+D, fortaleciendo a todos los organismos del sistema científico tecnológico.
23. Convocar en forma urgente a la Paritaria Nacional Docente frente a la situación de crisis de todos los niveles educativos permitiendo una negociación que permita elevar los salarios docentes en todo el país para no perder poder adquisitivo e inaugurar canales que fortalezcan la formación docente a nivel nacional, en ambos casos con financiamiento federal.
24. Utilizar entre el 15-20% de los fondos del FONAVI y de los Institutos provinciales de Vivienda para garantizar préstamos a pequeñas y medianas empresas de la construcción para financiar obras destinadas a fines sociales, y de autoconstrucción, tomando en cuenta el efecto multiplicador que tienen. Los créditos destinados a estos fines deberían ser a tasas que no superen las previsiones inflacionarias del Gobierno incluidas en el acuerdo con el FMI. En el corto y mediano plazo permitirá impulsar al sector de la construcción y defender puestos de trabajo en el marco de la desinversión en el plan general de infraestructura derivado del acuerdo con el FMI.
25. Establecer una Moratoria PYME para deudas tributarias y previsionales con 10 años de plazo como establece la Ley. Desarmar el sistema de embargos a los pequeños contribuyentes con atrasos y convocarlos a financiar sus pagos en períodos que les permitan reinsertarse en las normales actividades comerciales y productivas.
26. Desdolarizar las tarifas de los servicios públicos en su totalidad, retrotraerlas al promedio del 2017 y actualizarlas por un criterio de ajuste compatible con la sustentabilidad productiva y social, permitiendo renegociar en cuotas las deudas sin cortes por los próximos 6 meses. Congelar las tarifas de los servicios públicos a las empresas de capital social, comunitarias, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, clubes de barrio, colegios y entidades culturales y micropymes.
27. Crear la categoría Tarifa Popular para aquellas familias cuyos ingresos sean, en promedio, inferiores a los 30 mil pesos mensuales, sin requisito adicional. Para acceder al beneficio de una tarifa subsidiada que no podrá superar el doble del valor de la tarifa social será necesario sólo inscribirse en un sitio web que se diseñe a tal efecto y se adjunte la documentación requerida que compruebe el ingreso familiar y los gastos mensuales. Con la sola inscripción se accede al beneficio en los servicios públicos domiciliarios (luz, gas natural y agua) y la empresa tiene un plazo máximo de 60 días para analizar si corresponde dicho beneficio, en caso contrario, el usuario deberá pagar retroactivamente a la fecha de inscripción el costo total de las tarifas adeudas, según lo estipulado en el punto anterior.
28. Créditos a tasa subsidiada para recomponer capital de trabajo, hasta 36 meses con 6 meses de gracia, con una tasa que no supere el 17%. Abrir una línea de “factoring” en el BICE de forma de elevar las facturas conformadas de forma digital y realizar las operaciones bancarias en forma automática con tasas no superiores a 20% (aunque existe por ley no se aplica eficientemente el sistema como en el ejemplo de Duplicata Brasil).

29. Establecer una liberalización de 5 puntos de los encajes bancarios destinados a financiar micros y pequeñas empresas a una tasa del 17% para facilitar los pagos de salarios y las amortizaciones de deuda de cortísimo plazo.
30. Fortalecer los sistemas de administración de precios, como “precios cuidados” o un sistema equivalente en los 200 productos básicos de la canasta familiar; y garantizar su presencia en góndolas y fortalecer programas como Ahora 12 y Ahora 18 sin intereses.
31. Administrar el comercio exterior frente a la “guerra comercial internacional” utilizando todos los instrumentos disponibles que permitan sostener el empleo y promover la inversión, en defensa del interés nacional.
32. Acelerar la resolución de las solicitudes presentadas denunciando dumping de empresas del exterior; especialmente en los sectores críticos (calzado, indumentaria, línea blanca, electrónica, otros), como medida para apoyar la industria nacional. Garantizar la disponibilidad de los datos de comercio exterior, ya que sin ellos es imposible el monitoreo de los casos de competencia desleal por parte del sector privado y análisis de estrategias de mercado.
33. Garantizar el cumplimiento del vigente régimen de comercio administrado con Brasil para mejorar la balanza comercial y los niveles de empleo. Aplicar las multas correspondientes a las terminales automotrices que no cumplan con el régimen. Hacerlo extensivo al convenio con México.
34. Suspender la negociación del Acuerdo Unión Europea – Mercosur ya que está en juego la economía nacional y el futuro desarrollo del país.
35. Reglamentar la Ley 27.437 del Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, y acelerar su implementación efectiva.