¿Tiene género el ajuste en el Estado?: el 80% de los despedidos en algunas áreas son mujeres

_{Por Candelaria de la Cruz y Florencia Vizzi}

Mientras desde el Gobierno nacional se habla de «déficit cero innegociable» y los funcionarios festejan frente a las cámaras y en redes sociales el cierre de agencias y organismos públicos, al tiempo que ejecutan un feroz desmantelamiento de todas y cada una de las áreas del Estado, la pobreza crece, los medicamentos desaparecen y los alimentos se convierten en artículos de lujo. En ese contexto, y como siempre se repite en toda crisis económica y ejecución de doctrinas de shock, el ajuste se ensaña con las mujeres. En algunas de las agencias estatales, principalmente las que dependen del ex Ministerio de Desarrollo Social, ahora denominado de Capital Humano, el 80% de los despidos ejecutados recayó sobre trabajadoras.

Hasta ahora, las cesantías que se concretaron, tienen un factor común: el 80% de los despidos recayeron sobre las mujeres, tanto profesionales como administrativas que allí se desempeñaban, con el agravante que la mayoría de ellas acarrean una antigüedad de entre 15 y 25 años.

La Agencia Nacional de Discapacidad, un área especialmente sensible, ya que concentra la asistencia a uno de los sectores más vulnerables e históricamente invisibilizados, fue, en los últimos días, el foco elegido por los funcionarios nacionales para disparar gélidas consideraciones que justificaran el desguace y los despidos. Hasta el momento se concretaron las primeras 162 cesantías y se prometen muchas más.

En tanto, el pasado lunes 4 de marzo, a través de la red social X, la cartera que conduce Sandra Petovello comunicó el cierre de 59 Centros de Referencia en todo el país. Los CDR son los espacios territoriales donde se desarrollan las políticas sociales del ahora Ministerio de Capital Humano. Más de 800 trabajadores esperan con total incertidumbre los telegramas de despido.

Hasta ahora, las cesantías que se concretaron tienen un factor común: el 80% de los despidos recayeron sobre las mujeres, tanto profesionales como administrativas que allí se desempeñaban, con el agravante que la mayoría de ellas acarrean una antigüedad entre 15 y 25 años.

Georgina: «No tenemos la posibilidad de rendirnos»

Georgina Capocassa es trabajadora social, egresada de la Universidad Nacional de Rosario y hace 25 años que trabaja para la Agencia Nacional de Discapacidad. Sin razones ni explicaciones de ningún tipo, de un día para el otro, fue despedida. «Fuimos despedidas junto con otra trabajadora social y otro personal administrativo. La mayoría de las personas despedidas somos del interior del país y somos trabajadores sociales. Y la mayoría, somos mujeres de entre 30 y 50 años», remarcó en diálogo con Conclusión. «Por lo cual, lo que creemos es que los despidos no fueron al ‘tun tun’,  como se dice, sino que fueron dirigidos para meter miedo, para amedrentar», afirmó.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) trabaja con pacientes oncológicos, en diálisis, trasplantados, niños con parálisis cerebral, personas con todo tipo de discapacidad y con instituciones provinciales y municipales. En esta regional, Andis articula con Rosario y otros 124 municipios del sur de Santa Fe.

«No hay nadie en Rosario que no conozca nuestro trabajo. La discapacidad es un tema invisibilizado, y más aún ahora, con la desaparición de un organismo que puede tomar los reclamos. Discapacidad y pobreza es una dualidad muy difícil de resolver. Están pensando que la gente resuelva esto por plataformas y trámites on line, lo cual es de muy difícil acceso. Esta no es la realidad, sobre todo, de la ciudad de Rosario y de los lugares donde han cerrado. Han ido por los lugares más importantes, pero también más alejados de las ciudades cabeceras».

«Esta situación se vive con mucho dolor», señala Georgina con tristeza. «Nosotros, además de trabajadoras sociales, somos madres, tenemos hijos, tenemos una economía basada en nuestro trabajo. Entonces, después de 25 años, en un día, porque fue así, nos llegó el cambio de forma de contratación, y al otro día nos llegó la rescisión del contrato».

Aún con la incertidumbre a flor de piel, Georgina habla de no rendirse. «Tener que rearmar tu vida es muy difícil. Pero si algo que hemos aprendido en estos 25 años de trabajar en el tema de discapacidad, es que, si no se rinden otras personas que, además de pobreza, tienen un familiar, un hermano, un padre, un hijo con problemas de salud y salen a luchar para el cumplimiento de sus derechos, nosotros no tenemos la posibilidad de rendirnos, subjetiva ni económicamente. No nos vamos a rendir, porque si nosotros nos rendimos, también hay todo un colectivo de discapacidad que va a quedar sin una voz de reclamo. Somos las mujeres las que sostenemos generalmente esto. Somos mayoritariamente trabajadoras sociales, porque nuestra profesión tiene un componente de género muy importante».

Hablamos de chicos que utilizan medicaciones carísimas, hablamos de personas que se tienen que trasplantar. Es decir, es mucho más que nuestros despidos. Porque la gente puede decir, bueno, a mí también me despidieron, pero es mucho más que eso. Esto es un ataque a la discapacidad, a la discapacidad y a las mujeres. Parece que son dos cosas que al Presidente no le interesan.

Algo que destaca Georgina es el nivel de conciencia, unión y contención que tienen entre las trabajadoras y también entre la gente. «Además de trabajar hace 25 años, somos familia. Hemos pasado nuestros embarazos, nuestras licencias, hemos pasado nuestra vida laboral acá adentro. Y al trabajar con todas compañeras y todas colegas trabajadoras sociales, nos sentimos muy apoyadas. El colectivo entiende que van por nosotros, pero también van por ellos, porque no va a haber respuesta para dar en los territorios. ¿Qué respuesta va a dar un colega? ¿Qué gobierno municipal, chiquito, va a tener dinero para costear un ingreso mensual, un ingreso a una institución escolar, un transporte, una medicación?».

«Hablamos de chicos que utilizan medicaciones carísimas, hablamos de personas que se tienen que trasplantar, que durante 10 años tienen que tomar medicación. Es decir, es mucho más que nuestros despidos. Porque la gente puede decir, bueno, a mí también me despidieron, pero es mucho más que nuestros despidos. Esto es un ataque a la discapacidad, a la discapacidad de las mujeres. Parece que son dos cosas que al Presidente no le interesan».

 

Giselle y Verónica: «Son las mujeres las que ocupan los espacios de cuidado de todas las poblaciones»

Los llamados CDR, Centros de Referencia, son los espacios territoriales a través de los cuales se articulan las políticas sociales estatales. Se enlaza y organiza, con municipios, comunas, áreas provinciales, organizaciones no gubernamentales y civiles, actores de la economía social y feriantes. «Trabajamos con las poblaciones más vulnerables, no solo de la ciudad de Rosario sino de todo el sur de Santa Fe, con problemáticas sociales, con mujeres, niñeces, adolescentes, personas con discapacidad y disidencias atendiendo distintos programas a nivel nacional”. “Articulamos permanente con programas como el Potenciar Trabajo, Plan Nacional de Primera Infancia, trámites con ANSES y asesoramos a los municipios y comunas”, explican algunas de las trabajadoras que se enteraron vía redes sociales de la determinación del Gobierno Nacional desarticular los CDR.

“Somos más de 800 trabajadores en todo el país que quedaríamos en la calle. Particularmente aquí somos trabajadoras sociales, psicólogas, politólogas y la mayoría somos mujeres. En la víspera de este 8 de marzo nos impacta doblemente esta terriblemente decisión” enfatizó Giselle Latino psicóloga y trabajadora del Centro de Referencia de Rosario.

Según lo detallado en el comunicado, los Centros serán reemplazados por un 0800 o trámites online. “Este tipo de cierres significan el desguace de las políticas sociales en el territorio y a nivel federal. Nos conocen hace más de 20 años. Nosotros somos profesionales especializados, administrativos de carrera, o sea que tenemos una vasta experiencia”. «Lamentablemente, estamos esperando los despidos porque así se anunció vía Twitter, ya que no hay funcionarios designados, entonces no podemos hablar con nadie, nadie da la cara”, remarca Giselle.

Por su parte, Verónica Taulamet, especialista en Políticas Públicas de Niñez, relató a Conclusión que «a lo largo de todos estos años se ha construido una red en el territorio con los canales, las articulaciones, los caminos que se van haciendo de trabajo conjunto con los referentes de las organizaciones y de todas las instituciones del Estado que están presentes en la labor con las poblaciones más vulnerables».

«Se atacan las políticas sociales que que están dirigidas a los sectores más vulnerables de la población.  Se atacan los lazos de contención del Estado, y  lo que se ha podido construir y fortalecer en cuanto al sistema de protección de derechos de poblaciones como las infancias, mujeres en situaciones de violencia, discapacitados o personas sin ingresos que no pueden entrar a lo que es el sistema formal de trabajo”.

Ese tipo de tareas, que se despliegan a través de largos años de tejer lazos y redes de contención, no tiene la menor posibilidad de hacerse a través de una línea telefónica. Así lo deja muy en claro Taulamet cuando detalla parte de esa labor: «Nuestro trabajo ha consistido, a través de los años, en construir y fortalecer esa presencia del Estado. Los espacios donde se brinda alimentación a grandes sectores de la población, los espacios donde se hacen tareas de cuidado y los de primera infancia comunitarios, los espacios y las mesas de gestión que se van armando en los barrios en los que se fortalece el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes… Todo ese trabajo no se puede hacer a través de un 0800, todo eso lleva años de construcción, no se puede hacer desde una oficina».

«Cuando se cierra una oficina y se despide a una cantidad de trabajadores que construye socialmente en el territorio, se están atacando las políticas sociales que están dirigidas a ese sector más vulnerable de la población. Se atacan los lazos de contención del Estado, y lo que se ha podido construir y fortalecer en cuanto al sistema de protección de derechos de poblaciones como las infancias, mujeres en situaciones de violencia, discapacitados o personas sin ingresos que no pueden entrar a lo que es el sistema formal de trabajo”.

En ese sentido, Verónica subraya enfáticamente que son las mujeres las que ocupan los espacios de cuidado de todas las poblaciones, ya sea con los adultos mayores, las infancias o comedores. «Hace muchísimos años que trabajamos en territorio y esa red de mujeres son las que siempre encontramos en todos los espacios de cuidado. Esa construcción es con las compañeras profesionales de los municipios y de las provincias que están en el territorio, de los sistemas de protección que siempre acompañan, todo ese trabajo, en general, está formado por mujeres que, a veces con remuneración o a veces sin ella, sostienen esos espacios territoriales. Y nosotros somos la representación del Estado nacional en el fortalecimiento de esas políticas”.