Triaca: «La emergencia social se financiará con una reasignación de partidas»

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, reafirmó que la implementación de ley de emergencia social acordada con los movimientos sociales, sobre la que empezará a trabajarse esta semana en el Congreso Nacional, será financiada a través de una «reasignación de partidas» del Presupuesto, y destacó que se trata de «un sendero hacia la empleabilidad».

«Es una reasignación de partidas que nosotros les hemos propuesto a las organizaciones sociales para asegurar el financiamiento de lo que creemos que tiene que ser un nuevo registro de trabajadores de la economía popular, y para que ese registro nos permita constatar que esos recursos vayan a los beneficiarios y construyamos un sendero hacia la empleabilidad», postuló Triaca.

Así lo hizo en una entrevista publicada hoy por el diario La Nación, en la que destacó que la tarea central de Cambiemos como gobierno y de la sociedad en general «es atender a esos cuatro millones de trabajadores que están en la informalidad».

De hecho, hizo hincapié en la necesidad de trabajar para que esos sectores «tengan cobertura de seguridad social y aportes previsionales, y así vayan transitando hacia la formalidad».

En este marco, insistió en señalar que «el debate de fondo» en la Argentina es «el problema del empleo», tras el estancamiento que registró «en los últimos cinco años».

«Con las organizaciones sociales también hablamos sobre la recuperación de la cultura del trabajo, sobre cómo mejorar las capacidades de estos trabajadores para generar más oportunidades de empleo formal», consignó Triaca al referirse al contenido de las conversaciones con representantes de los movimientos populares, encabezadas por la ministra Carolina Stanley, de Desarrollo Social, que derivaron en el acuerdo para tratar en el Congreso un proyecto consensuado de emergencia social en el marco de las extraordinarias.

En este sentido, sostuvo que «por supuesto esto requiere recursos» y que «la contención es necesaria», pero destacó que no se pusieron «plazos cortos» sino que «se va a resolver en tres años», en el marco de un esquema diseñado de «trabajo común».