El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria anunció este martes la presentación de una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py por la represión sufrida por varios parlamentarios durante la protesta que se desarrolló el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso mientras se debatía el proyecto de ley Bases. También reclamaron la liberación de los manifestantes detenidos.
En una conferencia de prensa que se realizó en el tercer piso de la Cámara baja, el jefe de la bancada, Germán Martínez, denunció un «claro plan represivo» en la Argentina a cargo del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Para el santafesino, la represión policial que padecieron diputados de su bloque «es un eslabón más que demuestra el desprecio del presidente Javier Milei respecto del Congreso y de la división de poderes». “Recordemos que el presidente inicio su mandato a espaldas del Congreso argentino, con el DNU 70/2023 arrogándose facultades que no son propias del Poder Ejecutivo y que le corresponde al Congreso”, dijo Martínez.
“De esa forma el presidente no dejó en ningún momento de agraviar, de insultar a diputados nacionales de distintas bancadas, no importa quién», reprochó y según Martínez, «esta represión claramente planificada y dirigida a los diputados nacionales va en ese sentido» y también tiene como blancos a ciudadanos de a pie, «muchos de los cuales no han recuperado su libertad».
«Esto evidencia que hay un plan represivo que tiene como finalidad en la Argentina establecer un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales en la Argentina», sentenció el titular de la bancada peronista, que comentó que la denuncia judicial está patrocinada por Alejandro Rúa.
Cabe destacar que la presentación de este martes a mediodía, apunta contra Patricia Bullrich, el secretario de seguridad, Vicente Ventura Barreriro, el Prefecto general de la PFA, Policía Federal Argentina, Guillermo Giménez Pérez.
Por otra parte, luego de la respectiva exposición, se enviaron copias al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana Mundial de La ONU, y la Procuración de Violencia Institucional.
