Voto electrónico en Ciudad de Buenos Aires: 26 millones de dólares y más dudas que certezas

Se acercan las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que serán el próximo 13 de agosto, mediante la cual sus habitantes deberán elegirán al Jefe porteño y a otro candidatos comunales mediante el cuestionado voto electrónico. Pero a diferencia de otras elecciones, para los cargos de presidente de la nación y diputados y diputadas nacionales lo harán a través de la tradicional boleta de papel. El esquema de doble votación fue dispuesto por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para que coincidiera el cronograma de los comicios locales con la convocatoria nacional en las instancias de elecciones primarias, generales y un eventual balotaje.

Sin embargo, hubo resistencia por parte de la oposición en CABA a que se continúe utilizando el sistema electrónico, con presentaciones de amparo ante la Justicia que fueron rechazadas desde el Tribunal correspondiente.

A diferencia de años anteriores, la organización de la votación local está a cargo del Instituto de Gestión Electoral, que viene recibiendo cuestionamientos desde las agrupaciones políticas porteñas respecto del cumplimiento de los lineamientos fijados por el Código de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero, ¿qué es lo que causó tanto revuelo y generó dudas con respecto al sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) en esta ocasión?

A mediados de julio pasado, apoderados de distintas listas opositoras al larretismo coincidieron en que “las máquinas de votación electrónica fueron adquiridas de manera improvisada, el software” y las pantallas se siguieron modificando hasta luego de los plazos establecidos y que además “no se realizaron medidas de capacitación a la población para una nueva forma de emitir el voto», que es el doble formato.

Más allá del desdoblamiento de las elecciones, los apoderados dijeron que se usará el mismo sistema que usó en 2015 y que “fue hackeado en esa ocasión”.

Ante este escenario, a fines de junio pasado la Fundación Vía Libre presentó un amparo contra el Gobierno porteño para que se le ordene la suspensión de la concesión otorgada a la empresa MSA para la prestación del servicio de BUE, que se implementará en las elecciones concurrentes del distrito, y pidió la «reposición de la metodología» tradicional en papel hasta tanto «esté garantizado el correcto cumplimiento del derecho al voto».

No obstante, el amparo fue rechazado “in límine”, es decir, descartado antes de ser constituido en expediente, ya que la Justicia consideró que no era viable tal presentación.

El escrito ingresó en el juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 18, impulsado por María Beatriz Busaniche, presidenta de la fundación que trabaja desde hace 20 años el tema de voto electrónico, es una referencia internacional en la materia y alude al sistema electrónico por el que el Gobierno porteño optó para las elecciones de cargos locales, con un padrón de alrededor de dos millones y medio de ciudadanos.

MSA, bajo la lupa

El 14 de junio pasado el Gobierno porteño aprobó a concesión para el servicio de tecnología aplicable al proceso electoral a la empresa MSA (Magic Software de Argentina), la única que se presentó al llamado a licitación, por un monto cercano a los 26 millones de dólares en las instancias de elecciones primarias, generales y un eventual balotaje.

Desde la Fundación Vía Libre señalaron que a lo largo de dos décadas numerosas vulnerabilidades y problemas en sistemas de votación electrónicos, incluyendo el proceso en el cual la misma empresa MSA ofreció sus servicios para la Ciudad de Buenos Aires en 2015.

«Entre la nutrida prueba presentada para acompañar la demanda se encuentra la evidencia producida por la propia Justicia de la Ciudad sobre la fragilidad de la seguridad de los sistemas de MSA, la opacidad y la falta de garantías que doten de confianza el proceso», alertaron desde la Fundación.

Señalaron también que «el proceso electoral es central para el sistema democrático», por lo que «generar dudas e incertezas sobre su funcionamiento redunda en un debilitamiento de la democracia en general y de la participación ciudadana en particular, ya que pone en crisis la representatividad y las instituciones que cumplen un rol central en la organización de nuestras sociedades».

Y concluyeron en que «los sistemas de voto electrónico están en retroceso y son cuestionados en todo el mundo, incluyendo su suspensión en países que habían sido pioneros en su implementación como Holanda o Alemania».

A continuación la presentación completa de la Fundación Vía Libre

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