Vuelta a las aulas: docentes piden clases «seguras», entre una serie de exigencias

Por Guido Brunet

El año pasado tanto docentes como alumnos y familiares debieron adaptarse a las clases virtuales debido a la pandemia del coronavirus, cuestión que requirió un gran esfuerzo por parte de todos los actores involucrados, especialmente de los maestros, muchos de los cuales debieron aportar sus herramientas digitales personales para poder continuar con las clases. Así como tuvieron también que adaptar los contenidos a la enseñanza remota.

Este 2021 desde el Gobierno nacional y, en particular, el provincial, parecen decididos a regresar a la presencialidad. A mediados de febrero (17) está previsto se complete el ciclo 2020 con los grupos prioritarios, es decir séptimo grado de la primaria y quinto y sexto años de las escuelas secundarias y el 15 de marzo para el resto del alumnado.

La propuesta del Gobierno provincial, así como se reflejó a nivel nacional, es analizada por los sindicatos docentes, algunos de los cuales aún no dieron su conformidad para el inicio de las clases presenciales. Es el caso de Ctera, que a través de su secretaria general, Sonia Alesso, advirtió que es necesario rever la cuestión de la infraestructura de las escuelas y las paritarias de cara a la presencialidad.

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Desde Amsafe Rosario, el secretario general, Gustavo Terés, en diálogo con Conclusión manifestó: “No discutimos presencialidad sí o presencialidad no, sino cómo garantizar que la vuelta a la escuela sea segura”.

Por su parte, su par de Sadop, Martín Lucero, aclaró que “no tenemos objeciones con la vuelta a la presencialidad siempre que esté garantizada por el Gobierno y las autoridades propietarias de los colegios. Después hay que discutir las condiciones y la metodología como pasa en todas las profesiones”.

Larga lista de pedidos

Terés comunicó una serie de pedidos de Amsafe para el inicio de las clases presenciales, debido a que “tenemos que pensar en un abordaje integral”:

Elementos de seguridad

Evolución de la pandemia, para “saber qué lugar de la provincia está en condiciones de volver de acuerdo a la cantidad de contagios que haya en ese momento”.

Infraestructura: “Hacer un trabajo escuela por escuela para garantizar las condiciones de bioseguridad, ventilación, que estén funcionando todos los servicios. Ninguna escuela podría abrir sus puertas si no está garantizada la provisión de agua”.

Cargos, “para implementar la bimodalidad”.

Asistentes escolares “para garantizar la sanitización y la higiene permanente”.

Políticas de formación y capacitación “para docentes en virtualidad”.

Organización del transporte público y escolar.

Soportes electrónicos, plataformas públicas gratuitas.

«Le estamos exigiendo al Estado que necesitamos resolver estos problemas. El Gobierno tiene que invertir en los cambios necesarios para garantizar el derecho a la educación a los alumnos», dijo el representante de Amsafe.

Sobre si es posible alcanzar estos objetivos en las pocas semanas que restan para el comienzo del ciclo lectivo, Terés aseguró que “es un problema de decisión política. Si hay una convocatoria a un trabajo conjunto con la inversión necesaria podemos hablar en términos distintos”.

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Familiares piden presencialidad

Una parte importante de la educación es la familia del alumno, una voz que hasta hace poco tiempo no se había hecho escuchar. Por eso a fines del año pasado, como consecuencia del dictado de clases virtual, surgió un grupo que se consolidó en estas últimas semanas a raíz de la necesidad de la vuelta a las aulas. Padres por la Educación es un colectivo de “autoconvocados”, que aseguran no tener pertenencia partidaria pero se encuentran abiertos al diálogo con todos los espacios, aunque lamentan que el Gobierno provincial, aún no los haya recibido.

Pablo Mariani, perteneciente al grupo de Padres por la Educación, denunció que “hay un pacto entre los gremios estatales y docentes con los gobiernos: ‘no me das aumento pero dejame quedarme en casa’. Ese pacto parece que sigue firme”. “Nosotros queremos una puesta en valor de la educación”, señaló.

“Muchas veces se nos quiere bajar el precio diciendo que no queremos que nuestros hijos estén en nuestra casa. Esto es más profundo, hay un 70 por ciento de chicos que no tienen conectividad, por lo tanto están en condiciones prácticamente de abandono de la escuela”.

 

En base a esto, Terés insiste en la responsabilidad estatal: «El año pasado el Gobierno no dio ningún tipo de respuesta. Hubo más de 50 mil chicos que no tuvieron posibilidad de establecer un vínculo con el sistema educativo. El Estado los abandonó«.

Un punto de coincidencia entre los familiares y los docentes es el reconocimiento de las consecuencias que ha tenido el confinamiento y la ausencia de clases presenciales para los niños y adolescentes. Sobre esto, Mariani enfatizó que “en los chicos hubo trastorno de ansiedad, se les descontroló el peso, tuvieron problemas de salud, entre ellos, salud mental. La salud es integral, no es solamente el Covid-19″.

«Pero los gobernantes tendrían que mirar el 70% de los pibes que están afuera del sistema, que ahora están cartoneando, ingresando en la droga o vendiendo cosas en los semáforos. Hay un abandono total de la niñez”, enfatizó.

En esta línea, Terés detalló que “nadie está planteando que podemos estar años en situación de encierro. Sabemos de las consecuencias negativas que han tenido en la subjetividad de los chicos, que han tenido un sufrimiento no solo corporal, sino también psíquico”.

Al mismo tiempo, el dirigente manifestó que “hay que poner en el centro del debate la defensa de la vida y la salud. Y en ese marco garantizar los espacios de encuentro que son muy necesarios en la educación”.

Por otra parte, Mariani señaló: “No entendemos por qué el docente tiene que ser considerado diferente a cualquier otro trabajador. El derecho a la educación es lo más importante, de lo contrario como sociedad es inviable”, se preguntó el miembro del grupo de familiares. Sin embargo, para Teres “no se puede comparar con la apertura de un bar, una colonia de vacaciones, cada situación tiene un protocolo determinado”.

“Otra excusa que se da es el estado de las escuelas, el Gobierno que está hace un año debería empezar a trabajar en eso”, cerró el padre autoconvocado.

Propuesta en el Concejo

Mientras tanto, concejales de Juntos por el Cambio preparan una declaración de la educación como un servicio esencial con el fin de garantizar el regreso a la presencialidad, para lo cual esperan contar con el apoyo de otros integrantes del Palacio Vasallo. La propuesta fue elaborada entre los referentes del PRO Lucas Incicco y Renata Ghilotti, quienes se reunieron con Padres por la Educación este lunes para avanzar en que se retome la presencialidad en las aulas.

Así como el grupo de padres mantuvo un encuentro este jueves en la Cámara de Diputados de Santa Fe, junto al presidente del recinto, Miguel Lifschitz, y otros legisladores de la Comisión de Educación. Y días atrás también tuvieron una reunión con la concejal Schmuck para discutir la temática.

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Esta propuesta fue rechazada por el gremio de los docentes privados (Sadop), que de la mano de su secretario general, Martín Lucero, consideró que la iniciativa tiene como finalidad limitar el derecho a huelga de los maestros. “Es una trampa porque la Organización Internacional del Trabajo ha declarado que la educación no entra dentro de los servicios esenciales porque en ese caso se reglamentaría de otra manera el derecho a huelga. Juntos por el Cambio siempre trató de restringir el derecho a huelga. En 2018 presentaron un proyecto similar y en 2018 no había pandemia”, declaró el dirigente.

El pedido de los representantes de JxC locales obedece a una estrategia nacional del partido opositor, ya que el senador por Tierra del Fuego Pablo Blanco propone declarar a la educación como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria. Y el propio expresidente Mauricio Macri presentó este martes una fundación para «trabajar en distintos proyectos e iniciativas» vinculadas a la educación, y aprovechó la oportunidad para solicitar el retorno de las clases presenciales, al considerar que «por impericia del Gobierno» nos hicieron perder «un año completo de escuelas».

Bimodalidad y protocolos

Desde la provincia adelantaron que el formato que planean implementar ya fue aplicado durante el segundo semestre de 2020, con “alternancia semanal, días de clase en casa y en la escuela distanciamiento social, protocolos de cuidado”, señaló la ministra de Educación Adriana Cantero.

Sin embargo, aclaró que se deberá tener la “flexibilidad” de abrir y cerrar, “conforme la curva epidemiológica muestre restricciones y posibilidades”.

Con respecto a la bimodalidad, Lucero no se mostró en contra porque «se viene imponiendo a lo largo de todo el mundo», aunque advirtió que «no puede representar una doble carga de trabajo para los docentes, que ya vienen sobrecargados del año pasado”.

Vacuna

La cuestión de la vacunación no será menor en la problemática, puesto que los gremios piden que avance en la inmunización para docentes. Con respecto a esto, la ministra de Salud Sonia Martorano confirmó que se destinarán 90.000 vacunas a los maestros.

Sobre este tema, Terés consideró que “así como es necesario vacunar al sector de salud y seguridad, en el caso de los trabajadores y trabajadoras de la educación debemos garantizar la vacuna”.

En tanto, Lucero expresó: “Queremos que la vacunación a docentes sea lo antes posible, pero no vamos a poner eso como una condición. Históricamente los gremios hemos sido solidarios con toda la población. Pero tampoco queremos ser los últimos de la fila porque estamos expuestos. Aunque no vamos a imponer nuestro interés por sobre el general”.

Paritaria

Sin duda que un factor a tener en cuenta será el resultado de la negociación paritaria con los docentes, para lo cual este 5 de febrero volverán a sentarse en la mesa dirigentes de los gremios y funcionarios de Educación. En relación a la discusión salarial, el representante de los docentes estatales, afirmó que “el inicio de clases también está condicionado por los reclamos salariales”.

Además, apuntó que “el Gobierno provincial el año pasado tuvo como variable de ajuste a los trabajadores del Estado, que hemos perdido un 10% del poder adquisitivo. Otorgaron sumas no bonificables, achatando el salario, debilitando la obra social y vaciando la caja de jubilaciones«. «Si el Gobierno se jacta de tener dinero en caja es a costa de los trabajadores de la educación y la salud. No es casualidad que los profesionales de la salud hayan estado de paro”, añadió.

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Mientras que, con respecto a la paritaria Lucero adelantó: “Se va a discutir la cuestión salarial en primer lugar y en segundo la vuelta a clases en condiciones seguras”. Aunque aún no hay cifras concretas, ya que “el número va a estar más sobre la fecha”. “Tenemos que recuperar lo perdido el año pasado. Avanzar en un blanqueo salarial, tener mecanismos de actualización que nos permitan ganarle a la inflación”, agregó el representante de los docentes de escuelas de gestión privada.

El dirigente aclaró que los salarios y la cuestión sanitaria «son cuestiones distintas”, pero “si no hay acuerdo salarial, si el Gobierno provincial nos congela el salario como el año pasado vamos a hacer las medidas de fuerza, haya presencialidad o no«.

Con un panorama de pandemia, cuyos casos en la provincia y el país no tienden a vislumbrar una baja considerable a corto plazo, y la exigencia de estrictos protocolos de bioseguridad tanto para alumnos como maestros y demás trabajadores vinculados al sistema educativo (entre otros puntos) y una relegada discusión paritaria, que no dejó conforme a los docentes durante 2020, en Santa Fe la fecha del comienzo de clases presenciales está lejos de ser una certeza.