El Massazo

Por Horacio Verbitsky (El Cohete a la Luna)

Demasiados evocaron con saña que acaba de cumplirse un año de la declaración de guerra a la inflación del Presidente Alberto Fernández, alarmado por el 4,7% de febrero de 2022, que daba el 52% interanual, incómodamente cerca del 53,5% que le dejó Maurizio Macrì. Era un martes y anunció que el combate se iniciaría el viernes. Ricardo López Murphy preguntó a qué hora, marcando el tono que no dejaría de acentuarse.

Otros recuerdan que hace un año se firmó el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, que provocó la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del oficialismo. Pasados doce meses, dos ministros de Economía y tres secretarios de comercio interior, la inflación interanual casi duplica la de un año atrás (102,5%), con un 6,6% en febrero y tendencia a aumentar este mes. Lo que es peor, casi el 12% en alimentos. Esa canasta, que define la línea de indigencia, marcó 115% en el año. Casi a ese nivel llegó el aumento de la tasa de referencia dispuesta por el Banco Central, conduciendo a la encrucijada de la temida estanflación, letal en un año de elecciones.

Nihil novo sub sole

Ninguno de esos temas puede sorprender a los lectores de El Cohete. El 11 de octubre de 2020, en la entrevista al Presidente en RPO, la primera pregunta ya fue por el excesivo precio de los alimentos.

—Tenemos Precios Cuidados en los grandes centros de compras, los supermercados y los hipermercados. Allí están funcionando. Si uno va a un supermercado los Precios Cuidados los encuentra, si va a un almacén de cercanía, allí efectivamente, los precios se empiezan a disparar —admitió.

El 13 de marzo de 2022, los 13 senadores kirchneristas que votaron en contra del acuerdo con el FMI sostuvieron que

• La meta de reducción de inflación nunca podrá ser cumplida.
• La reducción del déficit depende de la reducción de subsidios. Pero esto significa menos gasto en consumo, por lo que caerá la recaudación profundizando el déficit.
• La reducción de la inflación depende de la reducción del financiamiento monetario del déficit, mientras que las metas de reducir subsidios energéticos (aumentar tarifas) y mantener el tipo de cambio real tensan los precios al alza, generando inflación por aumento de costos.
• La reducción del financiamiento monetario al Tesoro necesita del acceso al financiamiento vía mercado local de deuda en pesos. Eso depende de una política sostenida de aumento de tasas de interés.
• Ese aumento de tasas en términos reales contrae la actividad económica real y la recaudación, lo que profundiza el déficit.
• La acumulación de reservas depende de un superávit comercial positivo consolidado, que a su vez debe compatibilizarse con la meta de mantenimiento del tipo de cambio real, que implica una devaluación constante que es de por sí inflacionaria.
• Con estas premisas resulta imposible impulsar un modelo de desarrollo sostenible con distribución de la riqueza.

Con voluntarismo maslatoniano

Nadie quiere ensañarse con el Ministro de Economía Massa. El vicepresidente del Instituto Patria, Jorge Ferraresi, dijo que “Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. El gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importantes. Fue una tarea titánica”, dijo. Para el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein, las políticas fiscales, monetarias y cambiarias “son consistentes con un IPC del 4% o menos”. Pero no explicó por qué entonces la cifra de enero fue el 6% y la de febrero el 6,6%. Es imposible modificar la realidad sin entender la causa de los fenómenos. También Gabriela Cerruti cree que las variables macroeconómicas están bajo control y se limita a contar qué productos impulsaron la suba, incluyendo las telecomunicaciones, gracias a fallos judiciales que impiden considerarlas servicio público esencial.

Hace apenas dos meses, El Cohete le preguntó al ministro si el acuerdo con el Fondo no es inflacionario, dada la devaluación constante que plantea. Massa lo negó. Cuando El Cohete observó que en 2022 la devaluación fue del 72%, Massa no fundamentó su necesidad ni conveniencia, sólo arguyó que estuvo por debajo de la inflación, del 94%.

Su respuesta fue balbuceante ante la repregunta:

—De enero a agosto que es antes de que vos asumas había sido del 28,7% y desde que vos asumiste se llega a ese 72%…

—… no, la recuperación… me gustaría…

—Este año está previsto en un 62% la inflación.

—Sí, y ¿cuál es la pregunta?

—¿Se podrá cumplir?

—Claramente.

También minimizó el impacto del aumento de tarifas que exige el FMI, que además de ser inflacionario, pega en el bolsillo de los consumidores. Con un voluntarismo maslatoniano negó la imposibilidad de pagar las sumas comprometidas con el FMI, porque Vaca Muerta, los gasoductos y el litio modificarían la ecuación y abundarían las reservas. Caso curioso: la señal de noticias por cable del oficialismo ha convertido al gurú libertario en su niño mimado, porque canta loas a la exportación de recursos naturales, tal como reclama la embajada de Estados Unidos, que es todo lo contrario de una política de desarrollo nacional.

Ante una pregunta sobre por qué Matías Tombolini tendría éxito en disciplinar a los formadores de precios, allí donde fracasaron dos funcionarios tan aptos como Paula Español y Roberto Feletti, Massa respondió que Tombolini tiene parte en la administración del comercio exterior, es decir el acceso al tipo de cambio oficial para las importaciones, del que sus predecesores carecían. Sin embargo, los precios aceleraron la carrera y además se insinuó el desabastecimiento, porque los hiperconcentrados productores de alimentos y bienes esenciales prefieren derivarlos a los comercios de cercanía, donde el diálogo con el Presidente de 2020 ha perdido menos vigencia que su gobierno.

La entrevista con Massa se publicó el 15 de enero, hace apenas 60 días y poco de lo que dijo el ministro se sostiene. Aprovechando esta debilidad, Carlos Pagni lo cubrió en La Nación con un insidioso manto de sugerencias e insinuaciones de corrupción, y ningún cargo concreto. También interpretó que el comunicado de La Cámpora opuesto al del FMI, sobre la moratoria previsional, que deberá compensarse con otros recortes, era fuego sobre Massa. El columnista (cuyas palabras de afecto en la despedida a su “querido amigo” Carlos Pedro Blaquier compitieron con las de Macrì y Horacio Rodríguez Larreta), ignora que Massa y Máximo Kirchner cerraron filas en defensa de la ley que el FMI consideró “imprevista”, pese a que su tratamiento legislativo insumió casi un año, y que quien la resistió cuanto pudo fue el Presidente. De hecho, recién la promulgó después del reclamo público de los camporistas.

Más grave que la mera inflación es la carrera entre los precios y los salarios. Una institución tan desafecta por el kirchnerismo, como la Bolsa de Comercio de Santa Fe, consigna que durante los gobiernos de Kirchner y Cristina, los salarios reales del sector privado registrado prevalecieron sobre la inflación (con una leve caída al final del periodo). En cambio ahora, pierden por KO.

Desde otra posición ideológica, el centro CIFRA, de la CTA, señala la constante caída del salario mínimo vital y móvil desde que terminó el gobierno de CFK.

Al margen de cuales fueran sus aspiraciones reales, Massa ha tenido la prudencia de descartarse como posible candidato presidencial, mientras el Presidente no cesa de cantarse y celebrarse a sí mismo, como un Walt Whitman de la política, con extremos de ingenuidad como afirmar que se puso al frente de la ola verde. Con el apoyo de Cerruti, dan un ejemplo de suicidio asistido. El kirchnerismo, en cambio, sintetiza que Cristina es el programa.

Al catálogo de desastres que Fernández puede oponer a sus críticos, suma ahora la peor sequía en un siglo —que disminuirá los ingresos del agro en alrededor de 10.000 millones de dólares—, la agudización de la crisis financiera global —con la caída de tres bancos en Estados Unidos y la propagación del temblor a Europa y el resto del mundo—, la ola de calor más sofocante desde que se llevan registros —y que sin embargo será la más fresca del resto de nuestras vidas—, y los cortes de luz para decenas de miles de usuarios. El mundo es un lugar cada vez más difícil y en su edición del viernes el diario New York Times informó que debido al recorte de los vales de comida en 18 de los 50 estados y el simultáneo aumento de sus precios, millones de personas están pasando hambre en Estados Unidos.

Promedio de hogares que a veces o con frecuencia no tienen suficiente comida

La divergencia entre las curvas de facturación y de inversiones de Edesur, mal administrada por la empresa privatizada italiana ENEL, muestra que durante la presidencia de Maurizio Macrì, las tarifas de las cuatro principales distribuidoras (Edenor, Edesur, Edelap y Edea) aumentaron entre un 1.600 y un 2.100%. Pese a ello las inversiones de Edesur cayeron a la mitad respecto de la segunda presidencia de CFK: del 31% al 15% de la facturación, con una tenue recuperación al 18% bajo el actual gobierno, como demuestra un informe del Centro de Economía Política (CEPA).

Además, el promedio de cortes de Edenor y Edesur creció en 2018 un 59% respecto a la finalización del gobierno de Cristina, en diciembre de 2015. En marzo de 2019, la jurisdicción de Edenor y de Edesur se traspasó a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, que asumieron los derechos y obligaciones de los contratos de concesión. Esto explica la furia y los gritos con que Rodríguez Larreta fue expulsado del bar Británico, en Parque Lezama, donde se había citado con el columnista del Grupo Clarín Marcelo Bonelli. Pese a haber sido testigo en primera fila, ningún medio del grupo se dio por enterado, tal vez por sentir que el escrache lo incluía. Acá podés ver el video que no reprodujeron los grandes medios, ni del oficialismo ni de la oposición, salvo una pequeña referencia en La Nación.

El grupo chileno Distrilec-Enersis que controlaba Edesur desde la privatización de Segba, en asociación con Pérez Companc, fue adquirido por la española Endesa en 1999, tras el apagón más largo, de 11 días de verano, pese a que las tarifas llevaban ocho años dolarizadas, lo cual dio lugar a protestas masivas y sanciones. Mariano Grondona había convocado a una tribuna de vecinos de La Matanza, que apestillaron  al directivo de la empresa que se atrevió a dar las explicaciones que hoy sus sucesores niegan y al presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. Para otro panel aguardaba en el estudio Mario Vargas Llosa (que como Balzac contraría su visión del mundo cuando narra una historia de ficción). Asombrado ante la lucidez y la capacidad de articular su pensamiento y expresarlo de esos vecinos, dijo que en su Perú eso era inimaginable. Le expliqué que esa era la huella del peronismo en la política argentina, pero esa constatación personal no conmovió sus prejuicios. Diez años después, en 2009, la privatizada italiana Enel pasó a controlar Endesa y, con ella, Edesur. En vísperas de la asunción de Macrì, Sadesa, de su hermano de la vida, Nicky Caputo adquirió el paquete mayoritario de la empresa, del que, según Clarín, se desprendió en septiembre de 2022. Este mes, Enel vendió por 102 millones de dólares las centrales Costanera y Dock Sur, a Central Puerto. Sus principales accionistas son Carlos Miguens Bemberg, Eduardo Escasany, la familia Ruete Aguirre y Guillermo Reca. Pero Oscar Parrilli pidió informes a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, porque entiende que Caputo sigue siendo el accionista mayoritario de Central Puerto.

La Secretaria de Energía Flavia Royón instruyó al director del ENRE (el ex lilito Walter Martello, reconvertido al massismo) que denunciara a los directivos de Edesur por defraudación, abandono de personas y entorpecimiento de servicios públicos. También que presentara un informe ante la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, para que determine si hay motivos para disponer la caducidad de la concesión. La [mala] suerte quiso que el sorteo amontonara la denuncia penal en el despacho del juez Julián Ercolini Escondido, el pupilo del Grupo Clarín. La Comisión Bicameral no funciona desde 2015 y sus doce integrantes de entonces ya cumplieron su mandato. “Todo depende del informe del ENRE, sin el cual no hay qué analizar”, lamenta la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Otra presentación judicial fue realizada por la Defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños, quien reclamó una compensación económica para un centenar de miles de familias que al llegar el fin de semana seguían sin luz en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Muiños es la esposa del vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos. La solicitud es de una reparación a cada usuario de entre 70.000 y 200.000 pesos. En la hipótesis de máxima implicaría 20.000 millones de pesos. También el gobierno de la Ciudad puso sus barbas en remojo y denunció a Edesur, camino menos riesgoso que enviar a la guardia de infantería a enfrentar a vecinos hartos de maltrato. Motivos para declarar la caducidad de la concesión sobran. Evitar que jueces patronales como Ercolini interfieran o que el CIADI termine asignándole al mal concesionario una gigantesca indemnización no es tan simple.

El juicio político

Esto realza la importancia del juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema. La semana que pasó declaró en la Cámara de Diputados la subdirectora de la vocalía del juez Horacio Rosatti, la licenciada en ciencias políticas Natalia Monayer. El diputado por la Coalición Cívica Libertadora, Juan Manuel López, interrumpió a los gritos a Leopoldo Moreau, cuando la interrogó sobre MoRoMedia, una consultora constituida en 2012. MoRo es el acrónimo de Monayer y de Robles. Silvio Federico Robles es el jefe de Monayer en la Corte Suprema, a quien Rosatti presenta como su hermano. La histeria de López escaló cuando Moreau preguntó si conocía a Patricia Duró, quien figura como socia de Robles en MoRoMedia.

—Es mi madre— respondió Monayer.

Un dato fundamental, que la agitación de López impidió profundizar, fue la renuncia de Robles a la gerencia de MoRoMedia el 29 de julio de 2016, un mes exacto luego de la asunción de Rosatti como juez supremo. La sociedad sigue funcionando, pero ahora a cargo del hermano de Robles, Pablo Daniel, y de la madre de Monayer.

López protestó a los alaridos (como ya había hecho el imitador de Alfonsín, Mario Negri) que el interrogatorio debía ceñirse a los asuntos de la Corte Suprema y no a la vida privada de los testigos. Las formas han quedado cubiertas con el paso al costado de Robles y la protección maternal de Monayer. Pero una tarea fina que ningún escándalo podría impedir es el entrecruzamiento de los clientes y la facturación de MoRoMedia, con las causas que entraron en estos seis años a la vocalía de Rosatti, Robles y Monayer. Los tres comparten además una personal trainer, sesiones de footing en un gimnasio próximo a la Plaza Vicente López y una nutricionista que les prescribe una dieta rica en proteínas, frutas y verduras. Robles fue antes vocero de Ricardo Jaime, de Felisa Micheli y de José López Bolso. O Rosatti no es supersticioso, o se santigua a menudo.

Señores de traje y corbata y no monos

En esta misma edición de El Cohete, la concejal rosarina de Unidad Ciudadana Marina Magnani ofrece una visión descarnada de la situación en su ciudad. Sin repetir la invectiva del Cuervo Larroque de hace una década contra el “narcosocialismo”, destaca la responsabilidad de los gobiernos provinciales de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz en la situación a la que se llegó, devalúa lo que llama el mito de Los Monos, y apunta a los sectores del poder económico que, o hacen la vista gorda, o participan en los beneficios de un negocio tan lucrativo que sólo puede enfrentarse arruinándole el mercado, con la legalización de las sustancias psicoactivas de consumo prohibido por las autoridades sanitarias. Esto es tan ostensible, que ayer Elisa Carrió anunció su ruptura con la coalición opositora, por sus vínculos con el delito. La asociada provincial de Carrió, Lucila Lehmann, calificó a Santa Fe como un narcoestado y la propia heroína radical no descartó la necesidad de una intervención federal.

El envío de los ingenieros zapadores del Ejército a Rosario, que el Presidente anunció sin consultar con sus ministros de Seguridad ni de Defensa, sigue en veremos. En primer lugar, porque el alcalde de la ciudad (de origen radical, luego cívico libertador y aliado con el socialismo, Pablo Javkin) no formuló un requerimiento preciso. Pero además, porque enviar militares a abrir calles y construir cloacas en la ciudad con la mayor tasa de homicidios del país, donde bandas narcopoliciales se disputan el territorio a falta de una autoridad reguladora como la que desde tiempos de Eduardo Duhalde funciona en Buenos Aires, no es la decisión más sensata. Si van desarmados, como corresponde a la tarea de apoyo a la comunidad, deberían distraerse fuerzas de seguridad escasas, para protegerlos. Si se aceptara el pedido de algunos de ellos de empuñar sus fierros, se abriría la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en un conflicto de seguridad interior que no sólo les está vedado por ley, sino para el que no son idóneos. Los segundos jefes de Estado Mayor del Ejército, general de división Diego López Blanco, y de la Gendarmería, comandante general Javier Lapalma, están en conversaciones para ver si le encuentran el agujero al mate hirviendo que les sirvió el Poder Ejecutivo.

Además, esto allana el camino para el populismo punitivo sobre el que construye su campaña Patricia Bullrich, que así condiciona a toda la coalición cambiante, porque ante la confusión y la angustia, las ideas simples y estentóreas atraen a quienes padecen la situación sin entender su lógica, que es la del mercado y la financiarización. Sin olvidar que en 2015 hizo lo mismo Sergio Tomás Massa, cuando prometía mandar a la cárcel a los Kirchner y matar a balazos a los narcos. Bullrich ya no tiene edad para repetir el proceso de maduración por el que Massa se abstiene hoy de esas barrabasadas. Ayer, desde San Miguel, Bullrich prometió que de llegar al gobierno, volverá a involucrar a las Fuerzas Armadas en la Seguridad Interior.

El fascismo neo en la UCR

Este efecto también se siente en partidos con una histórica tradición democrática. La semana que pasó lanzó su precandidatura presidencial el contador Gerardo Morales, quien prometió implantar en todo el país la mano dura y el orden violento con que gobierna Jujuy, la única provincia donde es usual el desafuero y detención de legisladores díscolos. Milagro Sala fue encarcelada hace siete años por orden de Morales, con quien había tenido antes de llegar al gobierno una relación cordial. Su correligionario Ernesto Sanz justificó afirmando que de otro modo, “al día siguiente de asumir dejaba de ser el gobernador, porque en Jujuy gobernaba Milagro Sala con un estado paralelo”. Morales intenta culminar su gestión con una reforma constitucional que prohíba la protesta social.

En 1989, a sus 30 años, Morales fue elegido diputado provincial y dos años después ya fue candidato a la vicegobernación. Fue derrotado como candidato a gobernador en 1995, 1999 y 2011. Pero esa misma persistencia revela su centralidad en el radicalismo jujeño. También presidió su bloque de diputados provinciales y se encargó de las finanzas de su Comité Nacional.

En 2000 comenzó su proyección nacional, como viceministro de Desarrollo Social de la primera Alianza, con Fernando de la Rúa como Presidente y Graciela Fernández Meijide en el ministerio. Aquel gabinete, del que también formaba parte Patricia Bullrich, redujo un 13% los ingresos nominales de empleados estatales y de jubilados.

Se produjeron por entonces los primeros cortes masivos de rutas y vías férreas en el tórrido Conurbano bonaerense. Durante uno de ellos, Fernández Meijide envió a Morales a La Matanza y el gobernador Carlos Rückauf a su vice Felipe Solá para negociar con las organizaciones piqueteras. Las actitudes despectivas de Morales empantanaron las negociaciones. “Llamé a Olivos de madrugada y le pedí que lo sacaran porque con su estilo insultante estaba agravando la situación. Recién cuando De la Rúa lo relevó y en su lugar llegó Marcelo Stubrin las cosas se encarrilaron con sensatez”, lo recuerda Solá.

Cuando el gobierno de De la Rúa estaba a punto de estrellarse, Morales fue elegido Senador Nacional por Jujuy, en las elecciones de medio término de 2001, lo cual le brindó asilo en el momento de la catástrofe.

En 2007 se postuló a la vicepresidencia acompañando al extrapartidario Roberto Lavagna. Ocuparon el tercer lugar, con menos del 17% de los votos. Además consiguió que su hermano Freddy, tesorero y operador de los negocios de la familia, se apoltronara en el directorio del Banco Hipotecario. Salteño y contador como él, Freddy también presidió la comisión de Economía de la Legislatura y fue tesorero del comité radical jujeño, mientras Gerardo atesoraba los fondos del Comité Nacional. Toda una concepción del poder.

En 2015, Sanz impulsó la alianza con Maurizio Macrì y Elisa Carrió. Tal como el ingenio Ledesma y el diario Clarín, Morales quería sumar también a Massa. Al menos logró que no le cuestionaran el acuerdo que había hecho en Jujuy con la fracción peronista que respondía a Massa. Morales colocó como candidato a vicegobernador a Carlos Haquim y en su cuarto intento llegó al Poder Ejecutivo. Su primera medida de gobierno fue ampliar el Superior Tribunal de Justicia, de cinco a nueve miembros, para disciplinar por la cabeza. Lo que a Carlos Menem le había llevado un año en la Nación, Morales lo consiguió en una semana en Jujuy. La segunda medida fue detener a Milagro Sala.

Siete años después, esa cínica proclamación del fascismo neo sigue siendo la base de un gobierno que aspira a proyectarse a la Nación. Si Morales lograra su propósito, el incendio del país se vería desde muy lejos.

Para peor, tanto dentro la oposición como en el gobierno se lo considera un moderado. Rodríguez Larreta piensa en él para frenar a Macrì y Bullrich, y en el gobierno alientan la vana ilusión de que quiebre la alianza opositora y favorezca una nueva victoria del oficialismo, cosa que con el estado de la economía ya descripto parece inalcanzable. La principal esperanza no es Morales, sino que el pintoresco Javier Milei merme el caudal de JxC.