Casi al final de su gestión, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto de libertad religiosa

A pocos días de terminar la gestión de Mauricio Macri, el Poder Ejecutivo envió hoy al Congreso un nuevo proyecto de libertad religiosa, que fue elaborado en consenso con la mayoría de los credos que conviven en el país, y que no incluye el concepto de objeción de conciencia que había despertado críticas en otra iniciativa similar presentada por el Gobierno en 2017.

Uno de los principales cambios que incorpora el proyecto es que la inscripción en el Registro Nacional de Cultos -que pasará a llamarse Registro Nacional de Entidades Religiosas- deja de ser obligatoria y pasa a ser optativa.

De esta manera, se pasa de un «sistema de control y vigilancia» de las comunidades religiosas, a uno en el que «se valora la libertad religiosa prevista en la Constitución Nacional», según destacan en la secretaría de Culto, donde se elaboró el proyecto.

La nueva iniciativa excluye la regulación de la objeción de conciencia que había despertado polémica y resistencia desde organizaciones de derechos humanos -como Amnistía Internacional (AI)- lo que no permitió que el tratamiento del anterior proyecto avanzara en el Parlamento.

Entre otros cuestionamientos, organizaciones de la sociedad civil habían advertido que el texto presentado en 2017 favorecía un «Estado pluriconfesional» con fuerte injerencia de las religiones en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Según había advertido AI, si se habilitaba la libertad de conciencia a personas e instituciones se pondría en vilo la educación sexual integral, un juez podría negarse a casar un matrimonio del mismo sexo o una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos, entre otros ejemplos.

El artículo del anterior proyecto -que señalaba que «toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso o una convicción o una moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica»- fue eliminado en este nuevo texto enviado hoy al Parlamento.

El proyecto, que ingresó por el Senado nacional, si bien no modifica el estatus de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el país, incorpora una serie de derechos reclamados por organizaciones religiosas que, en muchos aspectos, las pondrán en un pie de igualdad con la católica.

«La sanción de esta ley es una demanda histórica de las confesiones religiosas, sobre todo de la comunidad evangélica. La demanda es justa y se funda en que carecen de un marco jurídico apropiado», señalan desde la secretaria de Culto que encabeza Alfredo Abriani.

Además el proyecto introduce el concepto de «adecuación razonable» en el ámbito laboral, una especie de garantía para los empleados de no verse forzados a trabajar días incompatibles con sus creencias o bien realizar prácticas que violenten las mismas.

El texto fue elaborado en conjunto con las instituciones religiosas más representativas, cuenta con el acuerdo mayoritario de todos los cultos y busca convertirse en una ley de consenso entre todas las fuerzas políticas para reemplazar a la actual normativa -la número 21.745- que fue sancionada en 1978 durante la dictadura cívico militar.

Desde el regreso de la democracia, hubo varios intentos -más de 30 proyectos- en el Congreso para modificar la ley de la dictadura pero ninguno prosperó. Lo más cerca que se estuvo de aprobarse fue en 1993 con la denominada «ley Centeno» que logró sanción unánime en el Senado pero luego perdió estado parlamentario.