Baclini, sobre Rodrigo: “La situación nos genera una gravedad institucional muy fuerte”
El fiscal general se refirió a la causa que involucra al fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio. Reveló que hay alrededor de 150 CD’s con escuchas y la pena por ese delito está prevista entre 3 y 10 años e incluye la inhabilitación para acceder a cargos públicos.
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- Ago 25, 2017
El fiscal general de Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini brindó esta mañana una conferencia de prensa para referirse a la investigación que se lleva adelante al fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Fernando Rodrigo por incorporar en otras investigaciones, las líneas telefónicas de su ex pareja, el padre y dos amigas de ésta. En ese marco indicó que hay alrededor de 150 Cd’s con escuchas que se realizaron en distintos períodos de tiempo. El fiscal presentó su renuncia pero la investigación penal continúa su curso aunque todavía no fue imputado formalmente. En el caso que se compruebe el delito en un juicio, la pena en expectativa es de 3 a 10 años de prisión más inhabilitación por el tiempo que se imponga.
El fiscal general se presentó para informar sobre “la resolución administrativa en relación al ex fiscal Facundo Rodrigo, ayer a la mañana dispuse la suspensión preventiva una vez que se cumplieron los pasos y el ayer a la tarde presentó con su abogado defensor, la renuncia que yo le daré aceptación y pasará a través de la Corte Suprema de Justicia al Gobernador para que finalmente decida la aceptación de la renuncia”.
En cuanto a la posibilidad de que el Fiscal General rechace la renuncia, Baclini explicó que “en realidad la renuncia hace al objetivo de lo que es el proceso disciplinario, que tiene como objeto concluir en la destitución o no en el cargo, en consecuencia con la renuncia el objeto del proceso disciplinario queda agotado y ya queda con la resolución”.
“La renuncia acelera los pasos de él como funcionario público, como integrante de la Fiscalía y una vez aceptada formalmente la denuncia quedará fuera del plantel de la fiscalía”, explicó Baclini.
También indicó que “la investigación penal por los posibles ilícitos que se han cometido sigue, siempre se siguió la investigación como si fuera un ciudadano común y se dio el trámite de la persecución adecuada y hoy sigue con los plazos legales como corresponde”.
En cuanto a los detalles de la investigación por las escuchas ilegales Baclini dijo que “muchos detalles no voy a dar porque tiene un período de reserva pero la investigación está avanzando, se han tomado medidas previas y cautelares para asegurar y garantizar toda la evidencia, se han hecho allanamientos, se están tomando declaraciones testimoniales, se han pedido informes a las compañías telefónicas, con lo cual lo que es el periodo de recopilación de evidencia ya está avanzado”.
En el caso que se compruebe la comisión del delito, el fiscal Rodrigo tendrá que enfrentar “la imputación de un concurso de delitos, porque hay varios delitos entre los cuales están el incumplimiento a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y la intervención ilegal de las comunicaciones. Las penas oscilan entre 3 y 10 años”.
“En las escuchas existe una metodología que es bastante prolija con pasos y procedimientos que la combinamos con la Oficina de Gestión Judicial y con los jueces en la que se hacen los debidos controles. Hay situaciones que son impredecibles en poder decir cómo puedo prever que una situación puntual no ocurra. Hubo un contacto con los jueces para ver si esto se puede perfeccionar y ajustar”, sostuvo el funcionario del MPA.
En relación a las escuchas que realizó el fiscal Rodrigo de forma ilegal, Baclini dijo que “muchos detalles de la investigación no quiero dar pero hay muchas escuchas, en distintos períodos de tiempo y de varios teléfonos, que incluyen alrededor de ciento cincuenta cd’s”.
Para realizar una escucha existe un proceso legal que se inicia una vez que “el fiscal está llevando a cabo una investigación y considera como un elemento de investigación intervenir un teléfono porque hace a la detección de información que está produciendo, hace una presentación ante un juez a través de la Oficina de Gestión Judicial y con una argumentación pertinente por escrito. También el juez solicita una explicación verbal del caso y luego el juez autoriza fundadamente de acuerdo a los argumentos que esgrimió el fiscal, por escrito y libra un oficio a autoridad encargada de hacer la intervención”.
En relación a la forma en que el fiscal Rodrigo logró intervenir las comunicaciones de su ex pareja, amigas de ésta y su ex suegro, el fiscal general indicó que “lo hizo a través de causas que él ya venía investigando, en las cuales pidió una ampliación de números telefónicos a intervenir entre los cuales incorporó los de su ex pareja y su entorno”. Lo cual indica que en principio no inventó una causa, sino que lo hizo en el marco de otras investigaciones que llevaba adelante la unidad a su cargo.
En cuanto a la responsabilidad del juez que autorizó la intervención de las comunicaciones, Baclini explicó que “fueron distintos jueces en distintos momentos y no le cabe ninguna sanción porque fue sujeto que ha sido engañado” por parte del funcionario del MPA.
“El fiscal Rodrigo no ha sido formalmente imputado pero creemos que será en breve porque la causa ya está teniendo una evolución importante”, sostuvo Baclini y agregó que “la renuncia no acelera la causa penal porque son dos cuestiones independientes”.
En el caso que fuera hallado culpable “en lo que hace al sistema judicial va a ser a la resulta de la sanción de la pena de inhabilitación. Los delitos que estamos mencionando tienen dos tipos de sanciones, una pena privativa de la libertad en expectativa y una pena de inhabilitación, por lo tanto se verá en su momento si se impone la pena de inhabilitación le impedirá acceder durante el tiempo que se imponga, a un cargo nuevo”.
Como balance de lo sucedido, Baclini manifestó que “la situación nos genera una gravedad institucional muy fuerte, más allá de las situaciones individuales a tal punto que como fiscal general me presento a dar explicaciones y esto demuestra la importancia que le damos a la cuestión desde el ámbito institucional y de la actuación personal”
Teniendo en cuenta que el fiscal Rodrigo se desempeñó entre los años 2014 y 2015 en la fiscalía de Violencia de Género y su proceder (escuchar ilegalmente a su ex pareja) se enmarca en lo que se denomina violencia machista, el fiscal fue consultado sobre las medidas que se tomarán en cuanto a la selección del personal que ocupa las distintas unidades fiscales. Al respecto dijo que “esto se da en la dinámica que teníamos en determinados momentos y los que tenemos hoy. Esto nos permite ver la especialidad que tiene cada uno para áreas concretas porque hay áreas que demandan fiscales que tengan la sensibilidad propia para tratar determinados temas como es la violencia de género y exige personas que sepan la particularidad de cada caso. La idea de fiscalías especiales está dada en dar respuestas no solo en la persecución sino en la atención a la víctima”.
Baclini explicó que antes de asumir su cargo los fiscales deben superar un examen psicológico, es decir “luego de superar el concurso de antecedente y oposición, la tercera etapa es una entrevista y previo se hace un perfil psicológico. Se realiza un test que dura una hora y media aproximadamente, el cual el fiscal Rodrigo superó”.
El fiscal general explicó que “hay protocolos de forma de actuación y estamos evaluando la forma de minimizar los factores de riesgo y estamos viendo la forma de mejorarlo. No queremos que esta situación vuelva a ocurrir”.
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