Bolivia desclasificará los archivos confidenciales del Plan Cóndor
Tras un pedido de la Asociación Boliviana de Familiares de Víctimas de las Dictaduras, el canciller de ese país anunció que los archivos secretas serán puestos a disposición pública para colaborar a esclarecer esos delitos.
El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, anunció que se desclasificarán los archivos confidenciales sobre el Plan Cóndor, un operativo regional de eliminación de opositores coordinado entre las dictaduras militares de varias naciones sudamericanas en los años 70 y 80.
«Tenemos que coadyuvar, tenemos que participar activamente para que estos hechos oscuros puedan salir a la luz pública (…). Tienen que ser desclasificados (los archivos)», declaró Choquehuanca en una entrevista que publica hoy el diario «La Razón» de La Paz y reproduce la agencia DPA.
El jefe de la diplomacia boliviana no fijó plazos para el proceso de desclasificación de los archivos, pero aseguró que existe «voluntad política» para apoyar en las investigaciones que ayuden a dar con las personas que desaparecieron durante las dictaduras.
La semana pasada, la Asociación Boliviana de Familiares de las Víctimas de las Dictaduras (Asofamd) pidió a la cancillería que colabore con el esclarecimiento de «los crímenes» y violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante las dictaduras miliares sudamericanas. El pedido de esta organización fue planteado después del fallo judicial emitido el 27 de mayo en la Argentina que condenó a ex jefes militares por crímenes contra la humanidad.
El Tribunal Oral Federal 1 argentino investigó el complot de las dictaduras de América latina para detener y exterminar a disidentes y, a su vez, lo sucedido en el centro clandestino de detención «Automotores Orletti». Los jueces comenzaron el juicio en 2013 con 32 acusados, de los cuales sólo 17 llegaron a ser juzgados. El resto fue apartado por razones de salud o murieron sin conocer el veredicto.
Finalmente, 14 ex jefes militares y de inteligencia argentinos y uno uruguayo fueron condenados a penas de entre 25 y 8 años de prisión, por más de un centenar de privaciones ilegítimas de la libertad y otros delitos de lesa humanidad cometidos hace cuatro décadas en el marco del plan de exterminio de opositores a las dictaduras de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay