Buscan desbaratar la justicia que quiere el Papa

Por Andrés Beltramo Álvarez/ Vatican Insider- La Stampa

Se llaman ATAJO. Son oficinas que aseguran derechos a los más pobres de Argentina. Llevan la justicia ahí donde no llega el Estado. Donde todo es miseria, indiferencia y explotación. Por eso le gustan al Papa. Francisco los avaló desde el principio. Es más, su creación fue inspirada por él cuando era arzobispo de Buenos Aires. Pero ahora corren el riesgo de desaparecer. Por eso, ocho obispos firmaron en bloque una carta pidiendo no sólo su conservación, sino que sean reforzados.

La movida fue emblemática. El documento, fechado este 7 de noviembre, fue la primera acción institucional de la nueva cúpula “bergogliana” de la Conferencia Episcopal. Al nuevo presidente, Oscar Ojea, se sumaron las firmas de los vicepresidentes Mario Aurelio Poli y Marcelo Colombo, además de otros obispos de la provincia de Buenos Aires donde operan físicamente esas oficinas: de Merlo-Moreno, de Mar del Plata y de Quilmes.

La publicación de la carta coincidió con la llegada a Roma de Alejandra Gils Carbó, la procuradora general de Argentina. Ella viajó al Vaticano para asistir a una cumbre mundial de juezas y fiscales mujeres. Ella, que ya anunció su renuncia tras una amenaza constante de juicio político, la oposición abierta del gobierno del presidente Mauricio Macri y varios procesos judiciales abiertos en su contra, de los cuales deberá defenderse alejada de la procuración.

Por eso, el caso de los ATAJO resulta emblemático. Un año atrás, el Papa recibió a la Procuradora durante una larga audiencia privada en el Palacio Apostólico. En esa oportunidad, Francisco se interiorizó sobre el programa y pronunció una frase muy concreta: “Siga así, ese es el camino”.

Pero ahora, el proyecto de reforma a la Ley 27.148 “deroga la existencia de direcciones generales y Procuradurías, especialmente la Dirección de Acceso a la Justicia (Atajo), que vienen trabajando nuestras diócesis junto a las parroquias y servicio pastoral en la atención cotidiana de personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las villas y barrios”, según constataron los obispos.

Los pastores calificaron a esa medida como “una mala señal” que dejará “más desprotegidos” a los sectores ya de por si vulnerables frente a la ley. Destacaron que “es la primera vez que funcionarios y empleados judiciales” tienen una presencia en estos barrios y, por eso, llamaron a “mantener y fortalecer dicha política”.

“Tengan en cuenta la posibilidad de que la Dirección de Acceso a la Justicia (Atajo) sea mencionada expresamente en la ley como necesaria, y se mantenga intacta su estructura y composición funcional, tal como existe en el actual Ministerio Público Fiscal de la Nación”, insistieron en el mensaje enviado al presidente del Senado, Federico Pinedo; a los presidentes de bloque, Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey, y al presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guillermo Ángel Guastavino.

La toma de posición de la cúpula episcopal impactó inmediatamente en Buenos Aires y en Roma. Tanto que el canciller de la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales, Marcelo Sánchez Sorondo, hizo mención de la carta ante el pleno en el coloquio de Juezas y Fiscales, justo después de la intervención de la procuradora argentina la tarde de este jueves 9.

En entrevista con el Vatican Insider, Gils Carbó recordó ella desarrolló los ATAJO gracias a la inspiración de Jorge Mario Bergoglio y que la Iglesia católica se involucró en el proyecto desde el primer momento. “No es poner una oficina en medio de un barrio periférico y ya está, hay todo un esfuerzo institucional con la comunidad, con los referentes de los barrios, las organizaciones sociales, hay que ganarse la confianza para que la gente se acerque en lugares donde la única faz que se tenía de la justicia era represiva”, explicó.

A decir verdad, el cierre de esas oficinas no representaría un gran ahorro para el Estado Argentino. En las 16 sedes fijas y otras 30 móviles con que cuenta este programa, apenas trabajan unas 90 personas. Sólo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación prestan servicio varios miles.

“Yo confío en que los legisladores van a saber valorar la importancia del acceso a la justicia entre los más vulnerables de la sociedad, además porque es un elemento de pacificación social por el respeto a su dignidad y a los derechos que deben ser reconocidos. Es importante que reflexionen no sólo sobre las oficinas sino sobre todo el personal especializado, capacitado, multidisciplinario que quieren que se pongan en disponibilidad cuando es personal estable”, añadió Gils.

Afirmó que en su encuentro con Francisco de fines de 2016, al cual asistieron otros procuradores de Sudamérica, se le presentó el programa “Misión por la justicia” que “busca llevar este modelo de justicia cercana de territorio en todos los ministerios públicos de la región”. Y sostuvo: “Él avaló con su palabra y su apoyo, ahora la Iglesia refuerza ese pedido al expresarse a favor no sólo de no derogar sino de resaltar la labor de los ATAJOS en el proyecto de ley”.

Sobre la carta de apoyo, la procuradora consideró: “Me parece un llamado importante de la Iglesia a los legisladores y esto se debe a que la Iglesia estuvo desde el primer momento en la creación de los ATAJOS”. ¿Lo siente como un aval de los obispos?, se le preguntó. “¿A los ATAJO? Decididamente”, respondió. ¿Y a usted, en lo personal?, se le insistió. “A mí no me gusta ser intérprete de otros”, replicó. Pero rápidamente, precisó: “En todo caso puedo decir que los ATAJO son parte de mis obras”.