Cargas peligrosas y amenaza laboral

El control de las bodegas de barcos de carga quedará también en manos de los mismos exportadores, de los sectores privados que ahora se autocontrolarán en la totalidad de su cargas. Esta es la cruda reflexión a la que llegaron los trabajadores del Senasa, que hace solo dos semanas fueron separados de su rol de control de todos los subproductos que se exportan en toda la región. Es que la última semana pudieron acceder al borrador del proyecto que Cristian Cunha -Coordinador de Puertos, Aeropuertos, Aduanas secas- tiene en su escritorio, y que ya compartió con un grupo de empresas privadas dedicadas al control, las mismas que se alzaran con los fondos que antes quedaban para el estado. Con los subproductos las cerealeras se evitaron pagar 1100 millones de pesos. El diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos Del Frade presentó un pedido de informes ante el riesgo sanitario y la posible pérdida de 200 puestos de trabajo en el organismo de control estatal.

El borrador del proyecto es claro: se titula «Sistema de Control de Aptitud de Carga de Bodegas y Tanques» de buques de exportación, cuya autoridad de aplicación es el Senasa.

En su artículo segundo establece que el sistema «comprende la solicitud de aptitud por parte del interesado (agente marítimo ‑ exportador), la verificación «in situ» del cumplimiento de las condiciones establecidas y la certificación de tales condiciones por parte de  las firmas (o entidades) habilitadas, su comunicación oportuna a la oficina de Senasa interviniente y la autorización de inicio de carga emitida por Senasa.

El Senasa ejercerá el control del funcionamiento del sistema a través de supervisiones de los aspectos operativos, como así también, de auditorías a las firmas habilitadas».

En rigor las formalidades del control están previstas : «determinar que las bodegas y tanques se encuentren libres de insectos vivos, humedad, óxido desprendible, olores objetables, pintura fresca, residuos de cargas anteriores, roedores , sus excrementos u otras causas que pudieran presentarse y alterar la calidad de la mercadería».

«El problema es que los inspectores no serán del estado nacional sino meros peritos privados contratados por el mismo operador, que difícilmente acepte que el barco que debe cargar con sus productos pueda tener un sobrecosto por la demora en el rechazo. En la práctica se rompe la barrera sanitaria con la exclusión del inspector del Senasa que velaba por los intereses del propio país. Así nos exponemos a plagas varias que puedan llegar desde distintos lugares del mundo» dicen los trabajadores.

El último jueves el diputado Del Frade presento ante la Cámara baja un pedido de informes donde consulta sobre «las consecuencias de la política nacional en torno a la privatización de las funciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y su impacto en el patrimonio zoofitosanitario de la provincia, como ya ocurrió con la introducción del llamado ‘mejillón dorado’ que está causando serios perjuicios en la fauna ictícola de la provincia».

El legislador también requiere respuestas sobre la existencia de una «postura política clara en defensa de los trabajadores del sector que, ya en estos días, perciben que un trabajador de empresa privada, nombrado bajo la denominación inglesa de «surveyor» (inspector topógrafo) recibe 1.500 pesos por seis horas de trabajo mientras un agente estatal apenas 112 pesos».

Sin embargo Del Frade destaca que «a pesar de esa diferencia de ingresos, son los agentes estatales quienes tienen la potestad de paralizar un embarque y no los representantes de los sectores privados que, en realidad, cobran para no garantizar la inspección».

Finalmente también pregunta si «existe un pronunciamiento público de parte del gobierno provincial» del autodenominado «coordinador de puertos, aeropuertos, aduanas secas y pasos fronterizos del Senasa Santa Fe, contador Cristian Cunha que, de acuerdo a la información publicada, no tiene nombramiento oficial para desempeñar ese rol».