Casanello pidió analizar las declaraciones juradas de Macri

A pesar de los intentos del Gobierno por minimizar los coletazos de las revelaciones de la investigación conocida como Panamá Papers sobre empresas y depósitos en el exterior de Mauricio Macri, la investigación judicial avanza. Hoy. el juez federal Sebastián Casanello pidió a la Oficina Anticorrupción y al Gobierno porteño que confeccionen estudios comparativos de las declaraciones juradas que el Presidente hizo entre 2013 y 2015, cuando se desempeñaba como jefe de Gobierno porteño.

El encargo del magistrado a la oficina que dirige Laura Alonso y a otras que dependen de Horacio Rodríguez Larreta choca en parte con el pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien había propuesto como prueba el análisis de las declaraciones juradas de Macri que hicieron profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Apenas un rato antes de que esta decisión se conociera en los tribunales federales, la titular de la OA, Laura Alonso, negó haber defendido al presidente Mauricio Macri por sus sociedades «offshore». Alonso afirmó que en el organismo hay «una carpeta de investigación abierta respecto de la situación» del primer mandatario y aseguró que «fue bastante injusto» que se la haya criticado ya que sólo había brindado «una opinión técnica».

«Yo no opiné sobre el Presidente. La Oficina Anticorrupción tampoco opinó sobre el Presidente. Es un efecto bola de nieve y nosotros lo hemos sufrido. Fue un tuit con una opinión técnica», dijo Alonso en diálogo con la radio de FM Delta, al aludir al mensaje de la red social en el que sostuvo: «Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores». Alonso publicó ese tuit a principios de abril, cuando se publicó que Macri tenía empresas en Panamá y las Islas Bahamas.

Ayer, Casanello solicitó que, en forma conjunta, se haga un estudio comparativo en la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y en la Dirección General de Ética en el Ejercicio de la Función Pública del gobierno porteño.

El juez hizo hincapié en que se analicen si entre las distintas declaraciones juradas se evidencian contradicciones y si, en caso de que se hallaran, esas contradicciones podrían deberse a, como alegó Macri, las «dificultades para articular» los formularios de las declaraciones juradas.

El dictamen del fiscal apuntaba «a demostrar si Macri cometió el delito de omisión maliciosa de bienes al no presentar en su declaración jurada el supuestamente ser director de las firmas Fleg Trading LTD, radicada en las Islas Bahamas, y Kagemusha, de Panamá».

Junto a un cuadro explicativo que revela las relaciones de «Fleg» y «Kagemusha» con otras personas jurídicas, Delgado señaló que la segunda parte de la investigación «se vincula con determinar si la ‘vida social’ de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal».

Fuentes vinculadas a la causa consideraron ante la agencia DyN que en la declaración del año pasado del Presidente deberían figurar los 18 millones de pesos depositados en una cuenta bancaria de las islas Bahamas en calidad de activos en el exterior, que Macri definió como «ahorro» en la declaración 2016 y, que, según aseguró, ya repatrió a la Argentina.

Cuando estalló el escándalo «Panamá Papers», el mandatario aseguró que su presencia como director de «Fleg Trading LTD» fue «una operación legal» y sostuvo que la firma «dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño. Fue declarada ante la DGI argentina».